Ante la ley mordaza, desobediencia civil

Un sistema injusto como en el que vivimos no puede mantenerse si no sacrifica su ya limitada democracia para reprimir más y mejor las protestas populares.

En este sentido, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se enmarca en un paquete legislativo fuertemente represivo, que incluye reformas en el Código Penal, del Código Penal Militar y una nueva Ley de Seguridad Privada. Con ello pretenden liquidar los mermados derechos de reunión y manifestación, en un contexto de arbitrariedad administrativa que favorece los excesos policiales fomentados además por los propios responsables políticos.

Que nadie se llame a engaño: Este despliegue legislativo tiene como única finalidad criminalizar la protesta social. Inmovilizarnos y amordazarnos, para a que formemos parte de la “mayoría silenciosa” pero no lo van a conseguir.

¿Tenemos problemas de seguridad? ¡Sí! En el empleo, en poder recibir una educación pública y de calidad, al acudir al médico y no saber si nos atenderán a nosotros o a alguno de nuestros vecinos, inseguridad porque no sabemos si podremos pagar las facturas de la luz, el gas o el agua que se intenta privatizar, inseguridad porque no sabemos si nos desahuciarán, y sobre todo NO tenemos la seguridad de que aquellos que dicen velar por nosotros no nos estén robando y traicionando.

El escándalo antidemocrático del proyecto de ley de inseguridad ciudadana parte de un engaño, porque lo que ellos llaman “seguridad ciudadana” no es el problema. El problema son ellos, la casta política, los banqueros, los corruptos que nos roban descaradamente.

¿A quién preocupan los escraches, las manifestaciones, la ocupación de viviendas vacías, de tierras baldías, o la defensa de una familia para mantener su casa? A ellos, la minoría que atesora privilegios políticos y económicos y a los políticos que gobiernan para asegurarse que siga siendo así. Bien lo demostró nuestro alcalde, Jesús Gómez, durante el pasado pregón de las fiestas de San Nicasio, ordenando una carga policial contra una concentración pacífica que protestaba por la venta de viviendas públicas a una filial de Goldman Sachs, en la que acabaron detenidos tres compañeros, demostrando una vez más que no tolera discrepancia alguna hacia su despótica forma de gobierno, no siendo suficiente las descalificaciones y los insultos hacia aquellos que protestamos ante sus desmanes, sino requiriendo de la coacción de las fuerzas del orden público y utilizándolas como matones y como su guardia personal.

Éste mismo esquema se repite en todo el Estado, a cada acción de protesta convocada por ciudadanos/as se le suma posteriormente una lista de compañeros golpeados, detenidos y denunciados.
Con esta ley, la resistencia pasiva como la impulsada por el 15M o la PAH será considerada atentado contra la autoridad y será considerado “delito de terrorismo” cualquier acción defensiva provocada por las desproporcionadas intervenciones policiales.

Se avanza en la burorrepresión, aumentando las multas y alcanzando importes desorbitados para sanciones administrativas, buscando infundir miedo, desmovilizar y convertir el activismo en una actividad de riesgo que puede salir muy cara.

En definitiva, se avanza hacia una oscura evolución, desde su llamado Estado de Bienestar a un Estado Penal, donde es ya delito alzar la voz y rebelarse contra lo que consideramos injusto, donde se castiga la solidaridad de las compañeras que ejercen resistencia ante los desahucios, donde se controla y se vigila a las personas que se organizan políticamente. Donde se criminaliza la protesta mientras se premia el conformismo y se gobierna para “mayorías silenciosas”.
En éste momento de excepcionalidad histórica es un deber ejercer la desobediencia, estrechar los lazos de solidaridad entre las personas y romper, con decisión y valentía la mordaza que pretenden imponernos.