Un año después de que la atención de la opinión pública recayera en la situación extrema de Sakineh Mohammadi Ashtiani, su vida parece seguir pendiente de un hilo.
Sakineh Mohammadi Ashtiani, de 43 años y perteneciente a la minorÃa azerbayanà de Irán, fue condenada en 2006 a morir lapidada por “adulterio durante el matrimonio”. También fue condenada a 10 años de cárcel por su papel en el asesinato de su esposo, una pena que, según su abogado, se le redujo a cinco años por complicidad en el crimen. Sakineh sigue encarcelada en Tabriz. En una carta enviada por la embajada de Irán en España a AI España el 8 de julio de 2011, las autoridades iranÃes reiteraron que Sakineh estaba condenada a muerte por lapidación y a 10 años de cárcel por asesinato.
Con la detención de su abogado, Javid Houtan Kiyan, en octubre de 2010, Sakineh Mohammadi Ashtiani ha quedado sin representación letrada. Su hijo, Sajjad Qaderzadeh, y dos periodistas alemanes detenidos a la vez que el abogado, han sido puestos en libertad, pero al parecer Sajjad Qaderzadeh ha recibido presiones de las autoridades para que permanezca en silencio y no haga campaña en favor de su madre.
Sigue sin estar claro si se ha tenido en cuenta la petición presentada por Javid Houtan Kiyan para que se efectúe una revisión judicial de la condena a muerte por lapidación de Sakineh o si ni siquiera ya es posible que tal revisión se lleve a cabo.
Igualmente, antes de ser detenido, Javid Houtan Kiyan dijo a AmnistÃa Internacional que el caso de su defendida serÃa examinado por la Comisión de AmnistÃa e Indulto, aunque desde la detención del abogado ha sido imposible conseguir ninguna otra información sobre la petición de Sakineh.
A comienzos de 2011 circuló una carta atribuida a Javid Houtan Kiyan en la que éste afirmaba haber sido torturado bajo custodia. Desde el 1 de noviembre de 2010, fecha en que un fiscal afirmó que estaba recluido como sospechoso de poseer tres documentos de identidad falsos o duplicados, las autoridades iranÃes no han facilitado información sobre su situación jurÃdica. Desde entonces, otras fuentes han sugerido que ha sido condenado a entre uno y 11 años de prisión por diversos cargos, y que puede enfrentarse a algún cargo más, la mayorÃa de los cuales –si no todos– parecen estar relacionados con su defensa de Sakineh Mohammadi Ashtiani.
En abril de 2011, AmnistÃa Internacional escribió a las autoridades iranÃes tratando de aclarar la situación jurÃdica del abogado, pero no ha recibido respuesta. Si –tal como parece– se encuentra recluido exclusivamente por el ejercicio pacÃfico de su derecho a la libertad de expresión, incluso en relación con su trabajo como abogado defensor de Sakineh Mohammadi Ashtiani, debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional. Las denuncias de que ha sido torturado bajo custodia deben investigarse de inmediato, y los responsables de los abusos deben comparecer ante la justicia.
Según el Código de Procedimiento Penal iranÃ, una persona condenada a muerte por lapidación debe permanecer detenida hasta que se ejecuta la sentencia. La vida de Sakineh Mohammadi Ashtiani sigue pendiente de un hilo, ya que está recluida con una condena definitiva de lapidación que ha sido enviada a la Oficina de Aplicación de Condenas y por consiguiente podrÃa ejecutarse en cualquier momento.
AI sigue trabajando para anular la condena
AmnistÃa Internacional sigue instando a las autoridades iranÃes a que no programen su ejecución y continúa haciendo campaña para que se anule la condena, a través de www.actuaconamnistia.org. Si Sakineh está ahora recluida únicamente por mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, debe ser puesta en libertad incondicional de inmediato.
AmnistÃa Internacional considera que la lapidación es una forma especialmente repugnante y cruel de ejecución y se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
La muerte por lapidación viola el artÃculo 6 [derecho a la vida] y 7 [prohibición de la tortura y de trato o penas crueles, inhumanas y degradantes] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos, en el que Irán es Estado Parte.
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