En Leganés, en la periferia madrileña, el certificado de empadronamiento ha llegado a costar 100 euros. Cierto es que no era un papel cualquiera: el Ayuntamiento del PSOE e Izquierda Unida cobraba esta cantidad durante 2005 a los extranjeros que estuvieran tramitando la solicitud de residencia.
Diego Sanz Paratcha (Redacción)
Eran los tiempos de la regularización
extraordinaria puesta en marcha por el entonces ministro Jesús
Caldera. Como ahora, el empadronamiento era la llave para acceder a
los servicios públicos, y el primer eslabón en la
cadena de pruebas documentales para conseguir la tarjeta de
residencia.
Esta mecánica legal, hasta ahora
desconocida por la mayoría de la población no
inmigrante, es la que ha quedado al descubierto con el revuelo
causado por los cerrojazos censales de Vic y Torrejón de
Ardoz. Dos semanas de polémica han dado para reabrir un debate
lleno de malentendidos e incongruencias: las supuestas entre la Ley
de Extranjería y la ley de Régimen Local que regula los
empadronamientos; y las reales entre lo deseado, lo declarado y lo
puesto en práctica tanto por el Gobierno como por el principal
partido de la oposición.
El malentendido más utilizado
por la derecha posmoderna representada por el diario El Mundo
sostiene que la cuestión del empadronamiento no fue abordada
en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería, que
entró en vigor apenas un mes antes del comienzo de la
polémica.
El argumento apuntaba tanto contra el
PSOE como contra el PP, y permitía al diario de Pedro J.
vestirse con los ropajes de la neutralidad para conectar con el
malestar social difuso existente ante la crisis. Semejante idea ponía
en bandeja al PP su siguiente reclamación: una nueva reforma
en la Ley de Extranjería. En realidad, los aspectos
relacionados con el empadronamiento sí fueron abordados en la
reforma, y de hecho han conseguido sortear las distintas objeciones
planteadas en los pasillos por las ONG (ver recuadro inferior).
Poli bueno, poli malo
Lejos de practicar la pedagogía
garantista que le atribuyen los medios dedicados a defender su flanco
izquierdo, Zapatero y sus ministros han recogido el guante lanzado
por el PP: tanto Blanco como Corbacho desde dentro del Gobierno, como
Patxi López desde la Lehendakaritza, han declarado que de Vic
y Torrejón han salido, además de normas que privarían
de los derechos sociales a casi un cuarto de sus poblaciones, un
debate necesario.
Con la Ley ya aprobada pero sin el
reglamento que realmente la desarrolla, el margen para que el
supuesto debate se traduzca en un mayor endurecimiento de las
políticas migratorias es amplio. En plena tormenta, el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía
en la Ejecutiva del PSOE celebrada el 25 de enero la dureza de su
política contra la inmigración irregular (El País,
26 de enero). Una semana antes, presentaba el balance de la política
de control de fronteras en 2009, con un aumento del 25% en las
expulsiones.
El Gobierno también prevé
incluir la “causa de inhabitabilidad” para denegar
solicitudes de empadronamiento, si bien se desconoce qué
baremo propondrá. La medida, que deberá ser abordada en
una próxima reforma de la Ley de Régimen Local, se
justifica por la lucha contra el hacinamiento y los llamados ‘pisos
patera’.
‘El Mundo’ aprieta
En medio de la polémica, El
Mundo ha pedido, en un editorial y a través de su subdirector,
Casimiro García Abadillo, la expulsión de todas las
personas sin permiso de residencia en el Estado español. De
este modo, argumenta el diario, medidas como la propuesta en Vic
serían innecesarias.
Y Corbacho…
En el pasado otoño, la
policía local de Terrassa (Barcelona, gobernada por PSC, ERC e
IC) ha efectuado visitas a casas de inmigrantes irregulares para
citarles en comisaría. Una vez allí, a los inmigrantes
se les abría una orden de expulsión, según
denuncia la Asociación de Sin Papeles de Terrassa.
Visitas indeseadas
En su etapa como alcalde de
Hospitalet, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, pidió que se reformase la Ley de Régimen
Local para poder limitar el número de personas empadronadas en
un mismo piso.
PREGUNTAS FRECUENTES
Por Diego de las Barreras, abogado de
la ODS-SECO (Madrid)
“La LOEX afecta
al padrón”
¿SE CONTRADICE LA LEY DE
EXTRANJERÍA CON LAS NORMAS DE EMPADRONAMIENTO?
El hecho de que te vayas a
empadronar en un Ayuntamiento con un pasaporte no significa que seas
inmediatamente expulsable para la Ley de Extranjería. Por
ejemplo, la Ley dice que no se puede expulsar a una madre ‘sin
papeles’ que tenga un hijo menor con DNI español. Las
leyes no establecen mandatos, establecen supuestos de hecho y
consecuencias jurídicas. La consecuencia de la estancia
irregular puede ser la expulsión o puede acabar en una simple
multa. Esto es así porque esta Ley, como todas, se basa en una
realidad. En este caso, la realidad es que el Estado tiene capacidad
como para expulsar y repatriar a unas 35.000 personas al año.
El PP estuvo gobernando con una bolsa de 1.500.000 irregulares, y en
términos generales su vida era entonces más fácil
de lo que es ahora.
¿AFECTA AL PADRÓN
LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA?
Sí. La Ley (artículo
53.2 D) establece como falta grave el empadronar a una persona sin
permiso de residencia en una vivienda donde no vive realmente. Esta
medida no afecta a ninguna mafia, porque quienes realmente efectúan
esos empadronamientos son amigos o familiares. Se estaría
atacando así a los lazos de solidaridad y apoyo mutuo que se
dan en cualquier proceso migratorio. Esta infracción está
penada con una multa de entre 500 y 10.000 euros, o hasta 100.000
euros si se considera que ha habido ánimo de lucro.
¿ES LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA TAN GENEROSA COMO SE PRETENDE?
La mayor apertura de la legislación
española de inmigración obedece a causas complejas,
aunque la tendencia es hacia el endurecimiento. Es cierto que somos
el país con mayor proporción de población
extranjera en la Unión Europea, pero la situación del
Estado español no tiene nada que ver con la de otros países
como Francia, Alemania o Reino Unido. Aquí el fenómeno
de la inmigración masiva es mucho más reciente. En la
medida en que se vayan asentando las poblaciones y creciendo las
segundas generaciones de inmigrantes, la cuestión tomará
otro aspecto, como ya sucede en Francia o Alemania, donde obviamente
no se contabiliza como extranjeros a todos los descendientes de
inmigrantes, pese a que en la práctica sí sean
considerados como tales.