CC.OO Madrid exige al Gobierno Regional mayor control público de las residencias privadas concertadas de personas mayores.

El Sindicato denuncia la situación de la Residencia privada Sol y Vida de Leganés como ejemplo del deterioro en la calidad asistencial a las personas residentes.

CC.OO de Madrid considera que la política privatizadora del Gobierno Regional está llegando a extremos intolerables y repercutiendo directamente en la atención que se presta a colectivos especialmente vulnerables, como el de personas mayores. Si bien, recursos sociales tan importantes y claves como el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia se encuentran completamente gestionados por empresas privadas, la situación de la atención residencial es igualmente preocupante. Del total de plazas actualmente disponibles en la Región de Madrid, 18.200 aproximadamente, más de 10.500 se encuentran en manos privadas. La inversión para la generación de plazas públicas ha sido y es prácticamente insignificante. Sí durante el periodo 2003-05 el porcentaje de plazas disponibles crecido un 26,4%, la creación de plazas públicas tan sólo creció un 1,1%.

Para el sindicato los efectos perniciosos del modelo de atención a las personas mayores que está aplicando el Gobierno Regional se hacen evidentes en Residencias como Sol y Vida, ubicada en el municipio de Leganés. CC.OO de Madrid ha recibido quejas y reclamaciones de los familiares de residentes en las que se denuncia situaciones inadmisibles en una sociedad supuestamente del “bienestar y de progreso”. Concretamente, la residencia dispone de 260 plazas, de las cuales el 40% son financiadas con fondos públicos. Los familiares afirman que existen limitaciones en temas tan importantes como la seguridad, la higiene, la alimentación o la atención sanitaria. Ausencia de menús específicos prescritos, errores en la administración farmacéutica, reducción de material como parches para escaras y curas, pañales de incontinencia, ubicación de residentes asistidos en plantas superiores dificultando su evacuación ante situaciones de emergencia, disminución de consumos eléctricos apagando luminarias. A esta situación general se añade la falta reiterada de personal que conlleva una sobrecarga de trabajo en el resto, obligando a doblajes de jornada con el impacto que esto genera en los aspectos psicológicos y físicos de la plantilla. Esta realidad repercute en la atención asistencial de los residentes y en la calidad de la misma.

En opinión Ana González Blanco, Secretaria de Política Social e Igualdad “ante este panorama, en la Comunidad de Madrid no estamos en las mejores condiciones para que se garantice el nuevo derecho de ciudadanía que reconoce la Ley de Atención a la Dependencia”. Para el Secretario General Comarcal, Jaime Lancho “la Administración Autónomica no puede seguir ignorando estas situaciones. Es la Administración la que debe garantizarnos unos servicios públicos de calidad”.