Policía privada patrullando las calles, el nuevo negocio del gobierno

12 diciembre, 2013

La Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Congreso, amplía las funciones de los vigilantes de seguridad privados, permitiendo que detengan e identifiquen a cualquier ciudadano en cualquier lugar. Además de poner en manos privadas derechos fundamentales de los ciudadanos se abre un jugoso negocio para las empresas de seguridad.

El Partido Popular, junto con PNV y CIU, han pactado un texto legal que amplía enormemente las competencias que hasta ahora tenían asignadas por ley las empresas de seguridad privada. El nuevo texto, actualmente en trámite parlamentario, cede competencias hasta ahora reservadas a las fuerzas de seguridad del Estado a los vigilantes de seguridad, competencias que no son nimias, ya que invaden el ámbito de los derechos fundamentales de las personas.

Hasta ahora los vigilantes privados tan sólo podían actuar en el ámbito de los bienes que estaban protegiendo, por ejemplo para frustrar un hurto en unos almacenes. Sólamente estaban facultados a intervenir ante la comisión de un delito y, en todos los casos, debían poner de inmediato a las personas retenidas a disposición de la policía. La nueva ley elimina estas limitaciones, permitiendo que puedan identificar a cualquier ciudadano sin motivo previo, obtener y almacenar sus datos personales – para después notificarlos a las autoridades – y practicar detenciones con al igual que puede practicarlas un miembro de los cuerpos policiales del Estado. Su actuación ya no se limita a los bienes que protegen, sino que se permite que actúen en cualquier lugar y en cualquier situación.

La Ley está pensada para que estos vigilantes actúen como policía privada, legitimando actuaciones tan controvertidas como las que protagonizaron en la estación de Atocha el 25 de septiembre del año pasado, donde guardias privados apalearon a transeúntes en los andenes de Renfe enardecidos por la carga de unos 30 antidisturbios en la estación. A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley estas actuaciones serán perfectamente legales.

Otro de los objetivos declarados por el propio ministro del Interior, es que las empresas de seguridad privada tengan más opción de negocio, encargándose de la seguridad ciudadana en las vías públicas, para ello tan sólo deberán ser autorizados por la Administración competente en cada caso.

La ampliación del negocio de estas empresas es una obsesión del Ministerio del Interior, ya que esta ley se suma a la privatización de la seguridad en las prisiones que comenzó en el primer trimestre del año. El 1 de abril el Ministerio del Interior adjudicó la vigilancia de 21 centros penitenciarios a una unión temporal de empresas (UTE) de seguridad, desplazando a la Guardia Civil. Para desarrollar estas labores de vigilancia y custodia tan sólo se exigió un curso de preparación de 10 horas de duración a los vigilantes privados. Esta privatización fue duramente criticada por las agrupaciones profesionales de la Guardia Civil y por el Cuerpo de Administración de Instituciones Penitenciarias (CAIP). El secretario provincial de CAIP, Valentin Llamas declaró que “tenemos la sospecha de que esta medida se adopta para favorecer a determinados empresarios que tienen compañías privadas de seguridad y mucha cercanía con el Gobierno”.

Las organizaciones profesionales de la Policía y la Guardia Civil se han posicionado radicalmente en contra de esta ley, ya que consideran que se trata del inicio de la privatización de la seguridad del Estado. Tanto el SUP como la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertan también de los conflictos que pueden surgir al asumir personal no cualificado sus competencias.

¿Quién está detrás del negocio de la seguridad privada?

En el curso de un debate parlamentario en el Parlamento Vasco, el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, dijo “no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses…”. Esta frase provocó que Mariano Rajoy y los hermanos Mayor Oreja presentasen una demanda por derecho al honor contra el presidente del PNV. La demanda fue desestimada por un juzgado de Vitoria, al considerar probado que “los hermanos Mayor Oreja “habían pertenecido como apoderados, administradores o accionistas a diversas compañías de seguridad privada” . La Audiencia Provincial de Álava confirmó el fallo del juzgado de Vitoria, añadiendo que “había datos que avalaban los intereses de la familia Mayor Oreja”.

Con estos fallos contrarios a lo que consideraban un atentado contra su honor, recurrieron ante el Tribunal Supremo, que también desestimo el recurso de Rajoy y los hermanos Mayor Oreja señalando que estos no han negado la veracidad ni han impugnado los documentos que prueban su vinculación a empresas de seguridad privada.

Todos los tribunales han dado por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, compañía que gestiona empresas de seguridad privada, además de detallar las vinculaciones societarias de sus hermanos José María y Carlos en otras empresas como Seguritec, Prosegur o Protección y Custodia SA y hacen referencia a Marcelino Oreja como apoderado de Falcon Contratas y Seguridad SA.

Fuente: Policía privada patrullando las calles, el nuevo negocio del gobierno

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