Prohibir la emisión en FM de una radio comunitaria es inconstitucional

Prohibir la emisión en FM de una radio comunitaria es inconstitucional

03/11/2018

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado a favor de la emisora comunitaria coruñesa  CUAC FM y considera que la prohibición de emitir a una radio comunitaria es inconstitucional. Así, se reconoce la vigencia de una garantía temporal de emisión en la legislación española para este tipo de operadores sin ánimo de lucro. La Fiscalía ya había fijado su posición de acuerdo a la decisión tomada finalmente por el tribunal.

El año pasado la Xunta de Galicia había impuesto la prohibición de emitir a CUAC FM tras archivar el expediente sancionador en el que se proponía una sanción de hasta 200.000 euros por emitir sin licencia. Esta radio comunitaria decidió cesar sus emisiones, pero recurrir por vía administrativa y judicial esa prohibición de emitir a una radio comunitaria al considerar que el Gobierno gallego estaba vulnerando derechos fundamentales.

Así ha vulnerado derechos fundamentales la Xunta

La sentencia reconoce que el ejecutivo de Alberto Nuñez Feijoo (PP) ha actuado contra el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra como fundamental el derecho a comunicar. El tribunal considera que  se han infringido”preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios”. Esa garantía está vigente mientras la administración competente no se pronuncie “de forma motivada y clara” sobre la falta de dicha garantía temporal, que sería de aplicación a las emisoras comunitarias anteriores a la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual (abril de 2010).

La sentencia reconoce la incongruencia de la resolución de la Secretaría Xeral de Medios de Galicia. En ella se advirtió a CUAC FM de que cometería una infracción si emitía sin licencia, un permiso que el tribunal destaca que Cuac FM “no puede obtener dada la inactividad de la Administración”. Esta emisora lleva 22 años en funcionamiento.

La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 establece en una disposición transitoria que los medios comunitarios en funcionamiento podrían seguir en marcha. El mismo texto obliga al Gobierno de España a planificar frecuencias para medios comunitarios, algo que el Ejecutivo incumple desde entonces y que ha motivado la denuncia de la ReMC ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la investigación por parte de este organismo internacional.

La sentencia puede ser recurrida, aunque la ReMC considera que ya constituye un importantísimo precedente judicial que protege el derecho a comunicar y al resto de medios de comunicación comunitarios del país.

Palo en Galicia; zanahoria en Andalucía

Frente a la inacción y el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central y la actitud sancionadora e infractora de derechos fundamentales de la Xunta de Galicia con la prohibición de emitir a una radio comunitaria, la ReMC invita a todas las administraciones a seguir los pasos de Andalucía, cuyo Parlamento ha aprobado por unanimidad (incluido el PP) una Ley Audiovisual de Andalucía que incluye soluciones para los medios de comunicación comunitarios a partir de las mismas bases de la sentencia del Tribunal Superior de Galicia.

Incluso el propio PP andaluz ha sido el grupo parlamentario que más propuestas del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía incorporó como enmiendas durante la parte final de la elaboración de la norma andaluza, incluyendo las soluciones de seguridad jurídica para medios comunitarios en marcha antes de entrar en vigor la normativa estatal. Esto contrasta con la actitud obtusa de los populares gallegos con el derecho a comunicar. Una actitud ahora corregida por los tribunales.

En junio de este año ReMC, Federación de Sindicatos de Periodistas(FeSP) y Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pidieron por escrito al Gobierno que planificara licencias de radio y TV para medios comunitarios, tal y como le obliga la ley. Además, solicitaron una reunión con la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Por ahora, no hay respuesta.

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