El alcalde de Leganés, tras ser calificado como imputado, maniobró para tener con la juez una “entrevista” personal que fue rechazada

No contento con este intento de condicionar a la juez, se agarró al privilegio de aforado y aportó “el carné de diputado” para influir en la instrucción del “Caso Nóminas”. Todo esto lo ocultó en su rueda de prensa. Un Alcalde que sigue escondiendo la providencia donde es calificado como imputado y que huye de su responsabilidad

 El alcalde, con verdades a medias, tecnicismos inapropiados y aferrándose a supuestos errores no demostrados y a expresiones fuera de contexto, mantiene la estrategia de maquillar o disfrazar su situación procesal. Así, en su rueda de prensa, el alcalde ocultó que el 11 de diciembre, después de ser informado por una providencia de su calificación como imputado, el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, pero “erigido” en su abogado particular y actuando en nombre de D. Jesús Gómez, presentó un escrito a la Juez de instrucción pidiendo una “entrevista” personal. La juez le despachó diciendo que “no ha lugar a la audiencia” y que se siguiera el trámite habitual.

 Recordemos que por resolución judicial (no recurrida por el Fiscal ni por el propio alcalde ni anulada por la Juez) de 29 de noviembre el alcalde está considerado como imputado por prevaricación por el Juzgado nº 5 de Leganés por el reiterado pago ilegal, según la Intervención, del sueldo de los directores generales, cargos de confianza política elegidos por libre designación, entre los que están destacados afiliados y militantes del PP. Todos ellos tienen sueldos de más de 50.000 €/ año. La juez también ya ha ordenado que acudan el 27 de enero a declarar en calidad de testigos dos exinterventoras.

 El portavoz de ULEG, que ha podido ver en sede judicial estos documentos, solicitó formalmente el 9 de enero la personación en la causa para ser parte y ser informado por escrito y obtener las copias y así impedir las intoxicaciones que el alcalde está perpetrando, quien se centra en aspectos formales para no dar explicaciones del escándalo de saltarse la ley para pagar sueldazos a cargos de confianza.

En la rueda de prensa celebrada por Unión por Leganés-ULEG se han desvelado las maniobras que el alcalde (ocultándolo a los vecinos y a su gobierno) estuvo intentando ante la Juez de instrucción para condicionarla una vez que una providencia judicial del 29 de noviembre le dio por personado y calificado como imputado por prevaricación. El 11 de diciembre, a través del Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento (ahora más bien abogado particular del alcalde) presentó un escrito al juzgado por el que pedía a su titular “una entrevista personal”, dada la relevancia de su cargo. En ningún caso se esgrimió que fuera para aclarar “errores” o “erratas” en la providencia que le calificaba como imputado (condición que reconoce el propio alcalde). La juez rechazó de plano la audiencia. Posteriormente, el alcalde entregó al juzgado una copia de su carné de diputado regional para que la instrucción lo tuviera en cuenta y poder beneficiarse de su privilegio como aforado. No existe hasta la fecha ninguna resolución judicial que haya anulado o enmendado la providencia por la que se le calificó como imputado. Es más, no consta que el Fiscal, conocedor de la providencia y desde el 14 de noviembre de la propia apertura del procedimiento penal, ni el alcalde hayan recurrido nada.

Providencia no impugnada. “Para esclarecer resoluciones judiciales o enmendarlas hay procesos reglados en la Ley: los recursos, como el de aclaración del artículo 267 de la LOPJ o el de reforma del artículo 216 de la Lecrim que, según la práctica forense, permite recurrir providencias de este tipo. Lo que es irregular y más propio de la época descrita en la obra de Los Santos Inocentes es que se pidan “entrevistas” personales al juez. ¿Qué quería, condicionarlo, decir que los de la Oposición son muy malos? A eso se sumó “el tirar de galones” y comunicar su condición de diputado cuando aún no es el momento procesal para aplicar ese privilegio procesal. Más le valdría al alcalde hacer valer esa condición de diputado en la Asamblea de Madrid y defender a los leganenses de los cierres de las escuelas Verbena o Valle Inclán o de las urgencias en La Fortuna, del abandono del polideportivo Butarque o del olvido de nuestra ciudad en infraestructuras como centros de salud y escuelas infantiles”, explicaron desde ULEG.

Hay un futuro si el alcalde dimite, le dimiten o le dimitimos.

El escándalo no para de crecer, aunque se busquen cortafuegos y supuestos errores sin base documental queriendo desviar la atención de lo importante: el alcalde está pagando suculentas nóminas a cargos de confianza desde hace meses a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad por parte de múltiples funcionarios habilitados nacionales. El viernes, el gabinete de prensa del TSJM dijo en un confuso, inexacto e incompleto comunicado que ha conducido a error que no había auto de imputación, lo que es de lo más lógico y nadie ha dicho lo contrario, porque lo que hay es una providencia, la resolución judicial habitual en este tipo de procedimiento abreviado. Es decir, ante la pregunta de si el alcalde está a día de hoy calificado como imputado, la respuesta correcta a la luz de las resoluciones judiciales vigentes y de la jurisprudencia es, sin duda: SÍ. Aunque, insistimos, eso no es lo más importante, sino el fondo que motiva la instrucción penal.

Desde el partido vecinal se señaló que la espiral de ocultaciones, medias verdades, presiones y maniobras del alcalde no tiene freno, lo que ha motivado a ULEG a reiterar lo que denuncian desde hace meses: “No podemos tener al frente a un alcalde sospechoso que además maneja un presupuesto anual de más de 200 millones de euros y que en su condición aún vigente de imputado está aplicando a rajatabla su derecho a mentir”.