Las asociaciones de mujeres de Madrid contra las restricciones legislativas del gobierno

La Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la CM nos manifestamos contra la iniciativa de anteproyecto de Ley de aborto promovida por el Gobierno, que no hace sino demostrar que el Gobierno del Partido Popular ha cedido ante las presiones de los sectores ultraconservadores y la jerarquía eclesiástica, cuyas ideologías rechazan y condenan cualquier práctica sexual que se aleje de sus postulados morales y religiosos, concretándose en un ataque machista al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y la libertad a elegir su proyecto de vida, ejerciendo el control sobre su sexualidad y capacidad de reproducción.

Esta iniciativa anunciada por el PP no responde a ninguna demanda social, estando la legislación actual apoyada por el 46% de la población, incluyendo a un 38% de quienes se declaran católic@s, lo que pretende es una involución en los derechos de las mujeres, solo para satisfacer a un 10% de la población, y supone un ejercicio de violencia, sentimiento de culpabilidad e incluso tortura para quienes no desean ser madres.

La nueva Ley será más restrictiva que la de 1985, y un retroceso en comparación con el resto de legislaciones europeas. El Gobierno español está obligado por la normativa europea a mantener una Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y la Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva (2001/2128 INI) recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres el aborto sea legal, seguro y accesible a todas las mujeres, sin embargo, esta nueva Ley parece que será de “casos”, analizará las circunstancias de cada mujer para autorizar el aborto, en su caso, a través de una figura jurídica o médica, manteniendo a las mujeres dependientes de la autoridad, e impone que el supuesto de peligro de la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse y no debe ser entendido como pretexto, se prohibirá el aborto por malformación del feto, dejando sin valor los avances sobre diagnóstico prenatal.

Todo ello no sólo supondrá un menoscabo de la salud sexual y reproductiva donde las mujeres quedarán en situación de indefensión sanitaria, aún afectadas por patologías fetales, volverá a considerarse el aborto como un delito, regresando a los tiempos de la dictadura española cuando se producían unos 100.000 abortos clandestinos anuales con una cifra de mortalidad lo menos de 200 mujeres al año. En la actualidad, casi todos los países europeos permiten a las mujeres acogerse a la IVE mediante plazos en las primeras semanas de gestación y supuestos o indicadores excepcionales para posteriores semanas.

Esta iniciativa legislativa afecta especialmente a los colectivos de mujeres más vulnerables socialmente como mujeres inmigrantes, las menores de 18 años que no pueden comunicar a sus padres su situación, así como las mujeres en una situación económico-social precaria vulnerando el Gobierno los Tratados, Convenciones y Programas Internacionales , así como la Plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) donde se proclama que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva.

Frente al anteproyecto de Ley del aborto que promueve el Gobierno del PP exigimos:

♀ Que este Estado democrático y aconfesional garantice los derechos fundamentales de las mujeres, y en concreto el derecho a decidir libremente sobre su maternidad, lejos de un totalitarismo estatal o institucional.

♀ Que la IVE deje de ser tipificada como delito, cuando la Organización Mundial de la Salud aboga por el aborto seguro, y la ONU afirma que las leyes penales que sancionan y restringen el aborto voluntario son barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud que deben ser eliminadas.

♀ Que el aborto sea tratado como un asunto de salud pública y, sobretodo, un derecho de las mujeres, de modo que la IVE sea garantizada en el sistema público de salud de forma libre, segura, gratuita y de calidad, así como una estricta regulación del derecho a la objeción de conciencia que no interfiera en el acceso a dicho servicio público-

♀ Rechazamos la doble discriminación que supondría por razón de género y clase social, abocar a la clandestinidad a las mujeres que no tengan recursos económicos, con el consiguiente riesgo para su vida y su salud.

Porque el derecho al aborto voluntario es una conquista de las mujeres en el mundo.