El alcalde del PP en Leganés, Jesús Gómez, fuera de la Ley al no acatar decisiones judiciales

El alcalde del PP en Leganés, conocido entre la ciudadanía como “el 4 sueldos”, Jesús Gómez Ruiz, sigue al margen de la Ley al no acatar varias decisiones judiciales: En primer lugar la del Tribunal Constitucional que se expresaba así sobre el nombramiento de dos delegados no electos en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid:

“Declarar inconstitucional y nulo, en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 6 de esta sentencia, el inciso «El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde», del párrafo segundo, del artículo 126.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por el artículo primero de la 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local”.

El texto es claro y rotundo y no admite más dilación. Si es nulo el artículo, es nulo el nombramiento, por lo que desde el Grupo Municipal Socialista exigimos el inmediato cese de María Paz Pérez Carrillo, delegada de RRHH, y tras la última debacle, llamada “remodelación”, del equipo de Gobierno en la ciudad, también nombrada delegada de Régimen Interior sin haber concurrido a las elecciones en la lista del PP.

Asimismo, y a pesar de que han pasado ya 10 días desde que otro Tribunal exigiera la reincorporación inmediata de los 4 agentes de la Policía Local separados del servicio al arbitrio de Jesús Gómez, estos siguen a día de hoy suspendidos de empleo y sueldo.

EL ALCALDE JUEZ Y NOTARIO

Jesús Gómez ha demostrado en estos meses una preocupante tendencia a suplantar a los tribunales de Justicia, como cuando tomó “medidas cautelares” para separar del servicio a los 4 agentes que ya deberían estar readmitidos.
También recibió un informe jurídico del propio Ayuntamiento en el que se explicitaba que no había razones económicas para no readmitir a los 38 empleados municipales despedidos el pasado 28 de diciembre, aunque al parecer ha decidido hacer caso omiso a dicho informe.

Por último, la semana pasada pudimos conocer que el alcalde ha exigido un documento jurado ante notario a las familias de Valle Inclán y Verbena en el que certifiquen que quieren que sus hijos e hijas estudien en estos dos centros leganenses amenazados por el cierre por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, todo ello para conseguir el apoyo del alcalde-diputado-juez frente a los cierres, algo que debería haber hecho de motu propio al ser el supuesto defensor de los intereses de los las leganenses. Pero en lugar de ponerse al lado de los vecinos y vecinas, les ha pedido que certifiquen ante notario, con un coste mínimo de 30€ por familia, dónde quieren que sus hijos e hijas sean educados, algo que por supuesto, no se le exige a ningún padre y madre de toda la región de Madrid, salvo en Leganés.