La letra pequeña del recorte se refugia en el BOE

23/07/2012

El Gobierno se ha acostumbrado a aprobar sus “ajustes” por Real Decreto y a ocultar información relevante sobre el contenido concreto de las medidas.



 El economista responde Nasser Khoury responde a cuatro preguntas sobre las implicaciones de la última reforma del Gobierno.

 Análisis: El 12 de julio como golpe de Estado

Tomás Muñoz y Diego Sanz Paratcha (Redacción)
Jueves 19 de julio de 2012. Número 179

Leerse el BOE los sábados se está convirtiendo en una costumbre imprescindible tras cada consejo de ministros. La letra pequeña de las medidas que no se anuncian a la prensa está escondiendo recortes de calado, incluso en este caso en el que las medidas anunciadas son especialmente duras. En esta última reforma, además, los detalles de las cifras anunciadas se desvelaron en un documento publicado en una página dirigida a inversores extranjeros, escrita en inglés.

En la rueda de prensa del 13 de julio, ninguno de los portavoces designados por el Ejecutivo desveló íntegramente la carta de productos cuyo IVA saltaba del reducido al general (del 8% al 21%), ni dijo que las retenciones del IRPF de los autónomos pasarían del 15% al 19%, además de omitir que la compensación de la supresión de la paga de Navidad de este año para los funcionarios no está garantizada.

De una cuenta a otra

La reforma exprés, redactada a toda prisa para llegar a tiempo a la firma del memorándum de entendimiento con la Unión Europea, borra de golpe el sistema de bonificaciones a la contratación establecido en 15 años de concertación entre las patronales y los sindicatos CC OO y UGT. De la escabechina sólo se salvan las bonificaciones introducidas por la última reforma laboral para el llamado “contrato de emprendedores”.

“Es posible que el Gobierno esté dejando más dinero libre en los presupuestos para pagar el servicio de la deuda”, aventura José Luis Carretero, profesor de Orientación Laboral y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA). A cambio de eliminar las bonificaciones, por las que el Estado subvencionaba a las empresas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el superrecorte de Rajoy rebajará las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en dos puntos entre 2012 y 2013.

El Gobierno introduce así “una reivindicación histórica de la CEOE” que, según destaca Carretero, había sido dejada de lado en las sucesivas reformas laborales. Pero el peso de este ajuste no recaerá sobre unos PGE que en 2012 ya dedican más dinero a pagar la deuda que a las prestaciones por desempleo, sino sobre la caja de la Seguridad Social.

“Esta medida no tiene nada que ver con la reducción del déficit”, destaca el economista Iván Ayala, del Grupo de Trabajo de Economía de Sol. “La teoría es que con una reducción se genera un mayor incentivo para que los empresarios contraten y aumenten los ingresos por impuestos, pero éstos sólo contratan si tienen demanda, hojas de pedido”, explica.

El Ejecutivo también olvidó relatar otra reducción que compensará este esfuerzo destinado a rebajar los costes laborales. El Gobierno disfrazó la merma de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en el BOE con un eufemístico: “se articulan medidas encaminadas a preservar la viabilidad financiera del Fogasa, en la línea de las funciones para las que fue concebido”.

Hasta ahora, el organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo se hacía cargo del importe de salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores, y cubría hasta tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) diario, con un tope de 150 días pendientes de cobro. Ahora las cuantías se reducen a la baja: el Fogasa sólo abonará el doble del SMI, y hasta un máximo de 120 días de sueldo pendientes.

Las malas noticias para los desempleados no acaban ahí. Hasta ahora, la cuantía que se percibe de prestación baja del 70% de la base reguladora de los últimos 180 días cotizados al 60% a partir del séptimo mes en paro. Con el nuevo ajuste, esta reducción pasa al 50% a partir del séptimo mes. No es la única disminución en la cuantía que se va a percibir: los servicios públicos de empleo dejarán de cotizar por quienes están en paro.

Cuando una persona pierde su empleo sigue cotizando un 4,8% de lo que percibe. Ahora el servicio público de empleo asume la parte empresarial de ese 4,8%, lo que representa el 35% del total, mientras que el desempleado abona el 65% restante. El Real Decreto Ley fija que el parado asuma el 100% de esa cotización a la Seguridad Social.

Por otra parte, se endurecen los requisitos para acceder a la renta activa de reinserción para desempleados, la ayuda de 426 euros que se concede a desempleados de larga duración mayores de 45 años y otros colectivos especiales. El Ejecutivo recorta el acceso de los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares a la renta, lo que supone disminuir un 31% en el porcentaje de personas que acceden a la prestación asistencial por agotamiento de la contributiva, unos 165.000 perceptores.

A por la función pública

Tras la reducción salarial del 5% en 2010, y además de la supresión de la paga extra de diciembre, los empleados públicos –funcionarios y no funcionarios de todos los niveles– dejarán de cobrar el 100% de su sueldo en caso de baja. “El argumento que ha dado el Gobierno es tramposo”, dice Carretero.

El Ejecutivo ha defendido que la nueva situación de las bajas de los empleados públicos les equiparará con las plantillas del sector privado. “Lo que hace es equipararlos con los trabajadores menos protegidos del sector privado, porque la mayoría de los convenios sí cubre el periodo del primer al tercer día de baja, que es lo que ha eliminado ahora el Gobierno”. La reducción de seis a tres de los fácilmente caricaturizables “moscosos” –los días de libre disposición– completa esta retórica antifuncionarial desplegada por el Gobierno.
EL AJUSTE INCLUYE UNA REFORMA ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS

Aunque ha pasado ligeramente desapercibido, en el último recorte del Ejecutivo se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240.

Esto significa que en las próximas elecciones municipales se elegirá a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1% de reducción. Sin embargo, los motivos del ahorro no están tan claros. El 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, no tienen sueldo. Lo que sí es evidente es que un menor número de concejales favorece en el reparto a los partidos grandes y margina a las formaciones pequeñas.

Sin comentarios hasta ahora

Saltar a una conversación

No hay comentarios aún!

Puedes ser tú quien inicie una conversación .

Deja un comentario