La Justicia sentencia al Ayuntamiento de Leganés y a la empresa municipal de comunicación a readmitir a los empleados despedidos

Deloitte, empresa contratada por el Ayuntamiento de Leganés, no ha podido defender la procedencia de los despidos, comunicados por los portavoces del PP y ULEG, Juan Manuel Álamo y Carlos Delgado, porque “la decisión era política”.

El Juzgado Nº38 de los social emitió la semana pasada su sentencia sobre la improcedencia de los despidos de los empleados de la empresa municipal de comunicación del Ayuntamiento, despido comunicado por el portavoz del PP, Juan Manuel Álamo y el portavoz del partido ULEG, Carlos Delgado. El Grupo Municipal Socialista ya denunció lo llamativo de que un portavoz supuestamente en la oposición se dedicase a comunicar despidos a trabajadores municipales. Tanto el PP como ULEG votaron a favor de estos “despidos políticos” en el consejo de administración.

Tras los despidos se procedió a la contratación de tres redactores a través de Alcaldía en calidad de asesores, a pesar de que el PP insistía en que cerraría la empresa. Uno de los contratados es “amigo personal” del portavoz de ULEG, y a pesar de los anuncios del alcalde del PP, la empresa sigue trabajando e incluso se ha vuelto a editar una publicación periódica municipal clausurada a la llegada del PP al Gobierno en minoría de la ciudad.

La sentencia revela que Juan Manuel Álamo, “el concejal presidente de la nueva empresa, admitió en el interrogatorio que efectivamente había dicho a los actores que la decisión era política”.

Asimismo indica que “con el despido de los actores no se ha producido el ahorro presupuestario alegado (…) lo único que ha pasado es que se ha desdoblado el presupuesto de Comunicación del Ayuntamiento entre éste y la empresa pública de la que es titular”, así como que “la militancia política de los actores es la causa de la extinción de sus contratos (…) la voluntad de la demandada era desprenderse de unos trabajadores en los que no tenía confianza, con vulneración del artículo 14 de la Constitución, lo que impone que el despido sea declarado nulo”. Los dos empleados deberán ser readmitidos, mientras el resto de los despedidos aceptaron las indemnizaciones propuestas tras el aplazamiento del juicio el pasado mes de enero.

La sentencia concluye por tanto “la readmisión de los trabajadores en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y miembro de la ejecutiva PSM PSOE; Rafael Gómez Montoya, ha declarado que “la Justicia se ha pronunciado y ha dado la razón a lo que venimos denunciando desde que se produjeron los despidos: que sus motivaciones fueron estrictamente políticas. El PP entró al Gobierno en minoría como elefante en cacharrería y ahora comienza a recibir las respuestas a sus disparates políticos y administrativos en modo de sentencias judiciales, sentencias que pagaremos todos los vecinos y todas las vecinas, porque los caprichos del PP nos salen muy caros a todos”.

Por ahora, ni el Ayuntamiento, ni el alcalde del PP, ni Juan Manuel Álamo ni el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, han realizado declaración o comunicado alguno sobre este asunto, ni sobre su intención o no de recurrir esta sentencia.