Las autoridades colombianas fallan a las sobrevivientes de la violencia sexual
22/09/2011Bogotá.- Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AmnistÃa Internacional.
“Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres.”
El informe de AmnistÃa Internacional, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia.” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, documenta el hecho de que las autoridades siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación .
La inexistencia de estadÃsticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crÃmenes hacen muy difÃcil evaluar el alcance real del problema. Las estadÃsticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrÃan estar relacionados con el conflicto armado.
En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crÃmenes.
Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente.
Los obstáculos para la justicia abarcan la histórica inexistencia de voluntad polÃtica para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales, y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional.
Las mujeres indÃgenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
“Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que garantiza que los responsables de estos crÃmenes no comparezcan ante la justicia”, afirmó Susan Lee.
Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios.
La violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras.
Las mujeres y niñas de comunidades indÃgenas, afrodescendientes y campesinas, las desplazadas por los combates y las que viven en la pobreza son vÃctimas particulares de la violencia sexual. Las defensoras de los derechos humanos y sus familias son vÃctimas particulares de amenazas e intimidación.
El testimonio de las vÃctimas
AmnistÃa Internacional habló con numerosas sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de las cuales intentaron denunciar el crimen a las autoridades.
Carolina (no es su nombre real) era lÃder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas, en el noroeste de Colombia. Cuando en 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, ésta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirase la denuncia, y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus vÃctimas. En mayo de 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente ésta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio de 2007, el programa de protección de la FiscalÃa General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivÃan sus autores.
En septiembre de 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la FiscalÃa General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto de 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal todavÃa sólo ha empezado a revisar el caso de Carolina hace poco.
AmnistÃa Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que elaboren una estrategia global —en consulta con las organizaciones locales— para garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las vÃctimas.
“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas contundentes para asegurar que los responsables de crÃmenes de violencia sexual, muchos de los cuales son crÃmenes de guerra o crÃmenes de lesa humanidad, comparecen ante la justicia. Si las autoridades siguen absteniéndose de hacerlo, podrÃa intervenir la Corte Penal Internacional.”
Nota para periodistas
Disponemos de datos y cifras sobre los derechos humanos en Colombia, historias de mujeres sobrevivientes de la violencia y fotos, a petición de las personas interesadas.
Una delegación de AmnistÃa Internacional estará en Colombia desde el 12 hasta el 24 de septiembre para entrevistarse con mujeres sobrevivientes de la violencia sexual, organizaciones locales de derechos humanos y autoridades.
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