22 de julio de 2010. Un proyecto de ley antiterrorista saudí al que Amnistía Internacional ha tenido acceso permitirá a las autoridades perseguir judicialmente la disidencia pacífica como si se tratara de un delito de terrorismo.
La organización ha tenido acceso al texto de la Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación del Terrorismo, que permite también prorrogar la detención sin cargos ni juicio. Cuestionar la integridad del rey o el prÃncipe heredero se penará con 10 años de prisión como mÃnimo.
La filtración de este proyecto de ley se produce en un momento en que las constantes manifestaciones pacÃficas de todo Oriente Medio y el Norte de Ãfrica están recibiendo por respuesta la represión de los gobiernos.
“Este proyecto de ley plantea una seria amenaza a la libertad de expresión en Arabia Saudà con la excusa de la prevención del terrorismo”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de AmnistÃa Internacional para Oriente Medio y el Norte de Ãfrica.
“Si se aprueba, preparará el terreno para que se califiquen de terrorismo incluso los actos más insignificantes de disidencia pacÃfica y se cometan violaciones de derechos humanos en gran escala.”
Un comité de seguridad del gobierno saudà revisó el proyecto en junio, pero no se sabe si va a ser aprobado ni cuándo.
“Delitos de terrorismo”
La definición de “delitos de terrorismo” del proyecto de ley es tan amplia que se presta a ser interpretada de modo muy general y a ser aplicada indebidamente, por lo que en la práctica se tratará como delito la disidencia legÃtima.
Según el proyecto de ley, entre los delitos de terrorismo figurarán actos como “poner en peligro […] la unidad nacional”, “no seguir la ley básica o alguno de sus artÃculos” o “perjudicar la reputación del Estado o su posición”.
Las infracciones de la ley comportarán severas penas. Se aplicará la pena capital por levantarse en armas contra el Estado o por cualquier “delito de terrorismo” causante de muerte.
Otras disposiciones clave del proyecto de ley son contrarias a las obligaciones
jurÃdicas internacionales de Arabia SaudÃ, incluidas las que ha contraÃdo en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura.
Derechos de los detenidos
El proyecto de ley permite mantener a las personas detenidas en régimen de
incomunicación por periodos de hasta 120 dÃas o más largos –en potencia
indefinidamente– si lo autoriza un tribunal especial.
La detención en régimen de incomunicación facilita la tortura y otros malos tratos, y cuando es prolongada puede constituir en sà misma tortura.
Lógicamente, a las personas detenidas en régimen de incomunicación se les niega también el acceso a un abogado durante su investigación.
El proyecto de ley permite la detención arbitraria: niega a la persona detenida el derecho a ser llevada con prontitud ante un juez y a ser puesta en libertad o juzgada en un tiempo razonable. Concede al tribunal especializado atribuciones para mantener a la persona detenida sin cargos ni juicio por periodos de hasta un año y prorrogar tal detención indefinidamente. Tampoco ofrece a los detenidos medios de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.
El proyecto de ley no contiene tampoco una prohibición clara de la tortura y otros malos tratos.
Concede al ministro del Interior amplios poderes para “tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad interna de toda amenaza terrorista”. No prevé la autorización ni la supervisión judicial de tales medidas.
“En un momento en que en todo Oriente Medio y el Norte de Ãfrica la gente está ejerciendo su derecho legÃtimo a expresar su disidencia y pedir cambios, las autoridades saudÃes intentan privar de este derecho a sus ciudadanos”, ha señalado Philip Luther.
“El rey Abdulá debe reconsiderar esta ley y garantizar que no se restringe en nombre de la lucha contra el terrorismo el derecho legÃtimo de su pueblo a la libertad de expresión.”
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