Nuevo Informe de Amnistía Internacional: “Voces contra el olvido” que analiza la política exterior española en la IX Legislatura

Madrid.- Amnistía Internacional publica hoy su Informe “Voces contra el Olvido” en el que analiza la respuesta de la política exterior española en la IX Legislatura a los desafíos de derechos humanos en el mundo a través de su actuación bilateral y multilateral.

•La aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos en la próxima Legislatura es una condición necesaria para situar los derechos humanos en primera línea

•La crisis en Norte de África y Oriente Próximo es una oportunidad para situar los derechos humanos en el centro de las relaciones con España

La principal conclusión del Informe es que los derechos humanos continúan sin ser un interés nacional a defender con la misma firmeza que otros, como los económicos, energéticos o de seguridad. Esto se ve especialmente en las relaciones bilaterales de España con China, Federación Rusa, Estados Unidos, Colombia, Marruecos y Sáhara Occidental o Guinea Ecuatorial, donde el Gobierno español ha tenido una tímida actuación, guardado silencio o incluso mirado hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos con el objetivo de salvaguardar otros intereses.

Por el contrario, en la acción del Gobierno en los foros multilaterales ha habido avances en los que no se puede retroceder. Destaca el liderazgo mostrado en la creación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, la ratificación de importantes tratados internacionales, la contribución al sistema multilateral de Naciones Unidas, la defensa del derecho al agua y al saneamiento como derechos humanos, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el impulso de iniciativas para combatir la violencia de género y la discriminación de minorías sexuales en el marco de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.

Además, España dio un gran paso en 2008 con la aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, situándose entre los 29 países del mundo que tienen un plan de esta naturaleza. Sin embargo, medidas como ésta siguen siendo aisladas y no han dado lugar a una política integral y transversal que sitúe los derechos humanos en la primera línea de la política exterior española. Todas las fuerzas políticas tiene que comprometerse a aprobar un nuevo Plan de Derechos Humanos en la próxima legislatura convirtiéndolo en el vértice de una política de Estado sobre derechos humanos de España.

La crisis en los países del Norte de África y Oriente Próximo representa una oportunidad inmejorable para cambiar el rumbo y situar los derechos humanos en el centro de las relaciones con estos países. Hasta ahora, las relaciones españolas con países vecinos como Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto o Libia no han exigido avances en derechos humanos, sino que han estado más bien marginados de las agendas.

Influencia de la política exterior en las personas

Toda política exterior de un gobierno tiene influencia sobre la vida de las personas, sea ésta favorable o desfavorable. De esta forma, la política exterior española, en esta Legislatura, ha influido en la vida de personas concretas. Esta influencia ha sido positiva, como en el caso de los tres exdetenidos de Guantánamo acogidos en España; las gestiones para liberar a los presos de conciencia en Cuba; la condena del asesinato de algunos activistas de derechos humanos en Rusia; o las gestiones realizadas para acoger a familias de defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia o el apoyo de la Embajada española a las madres de Soacha.

Pero también hay ejemplos negativos. Ocurrió con China, cuando el Gobierno se negó a acoger al activista Hu Jia, ahora encarcelado, o cuando no recibió ni al enviado especial del Dalai Lama ni a la lider de la minoría uigur, Rebiya Kaader tras recibir presiones de las autoridades chinas. O en relación con Estados Unidos, guardando silencio ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la “guerra contra el terror” o la falta de información a la familia de Mustafá Setmarian, ciudadano español de origen sirio desaparecido en este contexto en Pakistán en 2005. Otro ejemplo negativo es la extradición a Rusia del ciudadano checheno Murat Gasayev, pese al riesgo de que fuese sometido a tortura y otros malos tratos, vulnerando el principio de “no devolución”, así como la extradición a Marruecos de Ali Arrass, también al amparo de “garantías diplomáticas” ofrecidas por las autoridades marroquíes pese al riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos

Negocios y derechos humanos en tiempos de crisis: alerta en el comercio de armas

España ha apoyado las negociaciones para la futura aprobación en 2012 de un Tratado Internacional que regule el comercio de armas, y en 2007 aprobó una ley interna para regular las exportaciones de armas españolas, lo que suponen dos buenas noticias. Sin embargo, en los últimos años ha vendido armas a destinos preocupantes como Arabia Saudí, Pakistán, Barhein, Siria, Líbano, Israel, Irán, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sudán, Ghana o Colombia. Todos ellos son países donde existen claras evidencias de que las armas podrían emplearse para exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna, en situaciones de violación de los derechos humanos o para desviarse a países vecinos donde podrían ser utilizadas con tal fin.

El retroceso de España en la aplicación del principio de jurisdicción universal

España ha sido un referente mundial en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Ante la Audiencia Nacional se han presentado querellas por crímenes internacionales perpetrados en Argentina, Chile, Guatemala, China, Ruanda, Sáhara Occidental, El Salvador, Gaza, Marruecos, Irak y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, en 2009 se aprobó en el Congreso la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que ha supuesto un lamentable retroceso en la aplicación de este principio y obstaculiza el acceso de las víctimas a justicia y reparación. En esta decisión han influido las presiones de Gobiernos como China o Israel.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Hasta el fin de esta Legislatura, Amnistía Internacional le pide al Gobierno que:

•Garantice la aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos para la X Legislatura y futuras, convirtiéndolo en el vértice de una política de Estado sobre derechos humanos de España.

•Revise caso por caso todas las transferencias y exportaciones de armas al Norte de África y Oriente Próximo, cuando exista un riesgo importante de que puede ser usada para cometer violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la denegación de las solicitudes de autorización y la suspensión o revocación de las ya autorizadas.

•Preste ayuda a Italia y a terceros Estados para garantizar que las personas que huyen de Libia tienen acceso a protección internacional; y exija a todas las partes implicadas en el conflicto libio que respeten el derecho internacional humanitario.

•Incluya la defensa de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China -pedir la liberación de defensores y defensoras de derechos humanos encarcelados injustamente-, Rusia -incorporar temas de derechos humanos en la agenda de este país con motivo del año de Rusia 2011- y Marruecos -promover en la ONU que el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) incorpore la vigilancia de derechos humanos-.

Para la próxima Legislatura, la organización propone a los partidos políticos con representación parlamentaria un decálogo de 10 medidas para una política exterior española comprometida con los derechos humanos a incluir en sus programas electorales para las elecciones generales de 2012.

1.Adoptar una política de Estado en materia de derechos humanos y hacer de estos derechos un interés nacional de su acción exterior priorizando el apoyo a las víctimas y a los activistas.
2.Fortalecer el sistema universal de derechos humanos.
3.Continuar liderando iniciativas mundiales contra la pena de muerte.
4.Proteger los derechos humanos en la lucha contra la pobreza.
5.No vender armas a países donde puedan utilizarse para violar los derechos humanos.
6.Que las empresas españolas asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos y rindan cuentas por ello.
7.Que haya rendición de cuentas y garantías de no repetición tras lo ocurrido en el contexto de la guerra contra el terror.
8.Recuperar el compromiso con la justicia internacional.
9.Reforzar las actuaciones y mecanismos de protección de los derechos humanos de la Unión Europea como parte de su política exterior para España.
10.Hacer de la defensa de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones bilaterales con terceros países.

Prensa – Amnistía Internacional Leganés