Defensores de Derechos Humanos que observan y documentan las redadas racistas en Madrid sancionados por el gobierno

Desde hace más de un año vecinos y vecinas de Madrid, defensores de los Derechos Humanos, organizados en las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos realizan la función de observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico “no español”.

La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por realizar esta actividad.

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos :

El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.
La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificada en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” sin que hubiera reacción alguna del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales.

Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de Derechos Humanos.

Les instamos a hacerse eco de este comunicado, emplazándoles a una información más exhaustiva en http://www.brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/

LA POLICÍA ACOSA Y EL GOBIERNO INTIMIDA A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1º.- Las participantes en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, realizamos una actividad plenamente legal y amparada tanto por la Constitución como por la legislación ordinaria :

2º- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos – incluidas las personas a las que se pretende sancionar – venimos desarrollando una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales en la vía pública, más concretamente, en lo relativo a los controles de identificación, cacheos y detención de personas en función de sus rasgos físicos. Estos controles son una práctica desgraciadamente habitual, denunciada por el IV informe Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. La labor realizada por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (en adelante BVODH) tiene entre sus objetivos poner en conocimiento de la jurisdicción penal, la Fiscalía, la Defensora del Pueblo, organismos internacionales y de toda la ciudadanía estas prácticas policiales y los eventuales malos tratos físicos o psicológicos sufridos por las personas sometidas a procesos de identificación.

En la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que aquí también hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, y hemos ido aprendiendo un significado bien directo y material de la defensa de los derechos humanos. Los grupos de brigadas no van allí donde hay “jaleo”, ni se encuentran de manera mágica con más controles de identidad – a personas por su aspecto de extranjero –, ni más redadas policiales en plazas y comercios que el resto de la ciudadanía. Las participantes en las BVODH hacemos uso de las mismas capacidades y ponemos en práctica los mismos hábitos que cualquier ciudadana: salimos a la calle y permanecemos en ella algunas horas. En estos momentos en Madrid, no hace falta proveerse de ningún sismógrafo, ni radio policial, ni ninguna otra sofisticada tecnología, para encontrarse en la calle con controles o redadas de identificación a personas por su perfil étnico. Quienes participamos en las BVODH no sólo vamos allí donde hemos visto u oído hablar de controles y redadas, vamos sobre todo a “cualquier sitio”. En estas condiciones, hemos ido aprendiendo que aquí, defender los derechos humanos, significa primero estar en esos lugares en los que cualquiera ya está, permanecer en ellos y no mirar hacia otro lado cuando los derechos de alguna persona están siendo violados. Se trata del espacio público, los controles y redadas tienen lugar a la vista de todas. La policía recorre los barrios en los que vivimos exigiendo la documentación a cualquier persona que responda a una apariencia que denote ser de “otro país” y de “clase obrera” o, simplemente, “pobre”.

Nos encontramos ante una situación muy grave: se regula los movimientos de las personas entre países en base a unos criterios económicos que nadie nos ha consultado y sin ningún motivo que apele a la razón, sólo apoyado en la difusión de rumores propagandísticos relativos a la criminalización de las personas, el miedo y la inseguridad, confundiendo imaginarios privilegios con los derechos de cualquier persona. Así, en base a una determinada concepción de la “gestión económica” se organiza con recursos públicos, por un lado, un entramado burocrático que dificulta hasta hacerla casi imposible la obtención de permisos de residencia y trabajo, y por otro, la persecución, reclusión y eventualmente expulsión de todas aquellas personas que caen bajo el perfil de “extranjera y pobre”. Mediante estas actuaciones policiales segregacionistas e ilegales – conforme al derecho del Estado español y el derecho internacional –, se está llevando a cabo de manera constante la vulneración de Derechos Humanos en este país, bajo un supuesto lo suficientemente vago, “controles por la seguridad ciudadana”, que retuerce los procedimientos legales de manera que arremeten desde el principio contra la ciudadanía que supuestamente protegerían.

Consideramos que mientras la ciudadanía no nos opongamos de manera clara y rotunda, estaremos permitiendo que se persiga, degrade, prive de la libertad y de manera aún más extendida, que se haga imposible la vida a una parte importante de nuestra vecindad. Nuestro propósito es hacer visible el rechazo en los barrios a estas prácticas y coordinarnos con otros colectivos que están actuando en el mismo ámbito. Con la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que hay que luchar por la defensa de los derechos humanos aquí, y no sólo en otros países, tomando como excusa aquellos de los que nos hablan como a ignorantes para dar pobres e infladas lecciones que sirvan para justificar lo que soportamos aquí: es aquí también donde tenemos que luchar juntos por la democracia. Mientras esto no se escuche lo suficientemente alto y claro, ni siquiera podremos hablar en nuestro nombre. No hay ningún “nosotros” en las migajas de la gestión de nuestro bienestar, ni ningún “nosotros” en ese bienestar que parecería tener como enemigo peligroso a las personas extranjeras y pobres. Vulnerando los derechos humanos, el gobierno vulnera los derechos de todas las personas. La “extranjería” es una condición impuesta, variable, que sólo informa verdaderamente acerca del gobierno que la impone y de las condiciones en que lo hace. La universalidad de los derechos humanos no reside en, ni depende de la condición administrativa de las personas, sino en el hecho de que somos personas por encima de cualquier otro criterio.

ABIERTO UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A PARTICIPANTES EN LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS LOS DÍAS 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 22 DE FEBRERO DEL 2011

3º.- La Delegación de Gobierno pretende sancionar a las personas que, el día 21 de Diciembre del 2010 y el día 22 de Febrero, ejercíamos la labor propia de las Brigadas Vecinales. En el primero de estos días, las brigadistas no “obstaculizaron” las actuaciones policiales, ni “increparon a los agentes”. El encuentro con los agentes de policía fue correcto, tanto es así que no nos impidieron que siguiéramos con la observación, ni expresaron la intención de multarnos o abrir expediente alguno. Las frases, que la policía atribuye a las brigadistas: “La Inseguridad ciudadana la provoca la presencia policial” y “la tranquilidad en el barrio existirá cuando no exista presencia policial”, no fueron pronunciadas por las participantes en la BVODH. A pesar de ello, esas expresiones no serían más que afirmaciones crítico-valorativas que pueden ser manifestadas en el ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión de opinión, de información y transmisión por cualquier ciudadana. Igualmente, el día 22 de Febrero de 2011, las brigadistas a las que la policía ha puesto una denuncia tampoco impidieron la labor policial, y el trato con los agentes de la policía fue educado. Ellos sí que nos impidieron continuar con nuestra labor, aunque no estuviéramos incurriendo en ninguna falta o delito, y nos mantuvieron retenidas durante 40 minutos aproximadamente en contra de nuestra voluntad, mientras anotaban nuestros datos para interponer una denuncia sin ningún tipo de advertencia previa, y por el mero hecho de informar y documentar lo que sucedía durante el control.
Tenemos que luchar aquí por los derechos humanos. Lo hemos aprendido un poco más concretamente con el expediente que se nos ha abierto a las BVODH. Se nos ha acusado falsamente de entorpecer la labor policial, en uno de los casos mediante la “incitación a los transeúntes a unirse a los brigadistas contra la policía”, “gritando consignas en contra del control policial”, y en el otro “provocando reacciones adversas en los demás usuarios de la vía” y manteniendo “una actitud hostil y desafiante”. Sin embargo, esos informes policiales nada dicen sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés y esa mañana en la glorieta de Valle del Oro: controles a personas supuestamente extranjeras, humillando y tratando como sospechosas a personas únicamente por su aspecto físico, realizando numerosas detenciones por no tener los “papeles en regla”. Todo se resuelve mediante una falta administrativa, tanto para la persona inmigrante “sin papeles” como para los “agitadores” miembros de las BVODH. Y entre la actuación policial y la resolución del expediente, media la humillación, la persecución y el castigo mediante internamiento y posible expulsión para la primera, y multa económica en el caso de los participantes de las BVODH. Se nos imputa sin motivo la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, aquella noche en Lavapiés o aquella mañana en la glorieta de Valle de Oro, la actuación de BVODH no provocó ninguna reacción en el público, las plazas se encontraban llenas de gente presenciando las detenciones de la policía, y no se escuchaban gritos ni proclamas, sólo silencio. Se podía escuchar la tristeza y el miedo, ambas igualmente mudas. Las compañeras de las brigadas se encontraban allí, junto a un control policial, repartiendo información sobre los controles discriminatorios. Algo que parecería tan inocuo como su mera presencia, constituye la única acusación real que podría haberse formulado contra las BVODH.

EL SIGNIFICADO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LAS BRIGADAS Y LOS PRESENTES HECHOS

Tras todo lo expuesto y teniendo en cuenta la arbitrariedad de la actuación policial, pretendiendo sancionar conductas que no están tipificadas en el ordenamiento jurídico como infracción o delito, sino reconocidas como derechos ciudadanos, agravada al falsear los hechos en la denuncia, entendemos que es la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes, lo que se castiga y se trata de impedir. Así como la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno – ejecutada por la policía –, que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por sí misma.

Las consecuencias legales de las que nos hacemos cargo colectivamente, no son por tanto el único problema al que debemos enfrentarnos la ciudadanía, aunque sus consecuencias en trámites legales, gastos judiciales y multas, supone un acto claramente coercitivo para las BVODH. La lucha fundamental que nos incumbe a todas las personas, es una lucha concreta por la democracia y la justicia aquí, es preciso oponerse con rotundidad al hostigamiento a una figura del derecho internacional que supone como pocas una figura de defensa de la Justicia: la defensa y observación de los derechos humanos.

Sean cuales sean las acusaciones de la policía, su efecto es claro, se trata de dificultar, cuando no impedir, que las personas nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo, lo que en el caso de las BVODH es denunciar la criminalización, persecución, detención, retención y posible expulsión por medio de las redadas de personas por perfil racial de aquellas personas que han venido de lejos para, si lo desean, quedarse. Desde esta defensa de los derechos humanos, las participantes en las BVODH sabemos el miedo y la intimidación que las prácticas policiales de identificación suponen para muchas de nuestras vecinas, que a diario no pueden moverse con tranquilidad por la ciudad en la que viven, es decir, no pueden como ciudadanas ejercer el derecho a la libre circulación. Por ello, en nuestra actividad política, denunciamos tanto la vulneración de los derechos humanos como el diseño gubernamental de unos barrios donde los lazos vecinales son sustituidos por la indiferencia de unos, el miedo de muchos y la lejanía entre todas las personas.

Pueblos como los de Túnez, Egipto, Libia y tantos otros, que estos días, y en mitad de tantas dificultades, se han levantado para hablar en su nombre, dan ejemplo de la lucha por la democracia, que nunca y menos actualmente en este país, está ganada. Los derechos se conquistan, pero después, o se ejercen, o se pierden de nuevo. Estos pueblos son un ejemplo de lucha y de disenso, de alzamiento de voces y gentes que no sólo se oponen a cualquier forma de abuso de poder, sino que por diferentes que sean entre sí, son las voces de una verdad: de la lucha por ser cada una y en comunidad quien debe y puede pensar y decidir sobre cómo queremos vivir.

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

Madrid, 2 de Marzo de 2011

Qué significa la defensa de los derechos humanos aquí

Sobre la apertura de expediente policial a nueve personas que participan en las Brigadas vecinales de observación de derechos humanos en Madrid

En la práctica cotidiana de las brigadas vecinales, hemos ido aprendiendo un significado bien directo y material de la observación de los derechos humanos. Los grupos de brigadas no van allí donde hay jaleo, no se encuentran de manera mágica y supersticiosa como pequeños sismógrafos con más controles de identidad a personas por su aspecto de extranjero, ni más redadas policiales en plazas y comercios que el resto de ciudadanos. Los participantes en las brigadas hacen uso de las mismas capacidades, y ponen en práctica los mismos hábitos que cualquiera: salen a la calle y permanecen en ella algunas horas. En estos momentos, en Madrid, no hace falta proveerse de ningún sismógrafo ni radio policial para encontrar en la calle un control de identificación ni una redada. Los que participamos en estas brigadas vamos a menudo allí donde hemos visto u oído hablar de controles y redadas, pero sobre todo vamos también a cualquier sitio. En estas condiciones, hemos ido aprendiendo que aquí, observar los derechos humanos, significa primero estar en esos lugares en los que cualquiera ya está y permanecer en ellos. Se trata del espacio público, los controles y redadas tienen lugar a la vista de todos. La policía recorre los barrios en los que vivimos exigiendo la documentación “en regla” a cualquier persona que responda a un tipo de apariencia definido: que parezca de otro país y que por su aspecto denote que es de clase obrera, o muy simplemente, pobre. Nos encontramos ante una situación muy grave: se regula los movimientos de las personas entre países en base a unos criterios económicos que nadie nos ha consultado, y en el territorio del estado, sin ningún motivo medianamente razonable, sólo apoyado en la difusión de rumores propagandísticos sobre la mejor gestión económica. Se organiza con recursos públicos por un lado, un entramado burocrático de filtrado de concesión de permisos de residencia y, por otro, la persecución, reclusión y eventualmente expulsión de todos aquellos que caen bajo el perfil de extranjero pobre.

La vulneración de derechos humanos en este país es habitual y constante. El gobierno ordena estas actuaciones policiales segregacionistas, e ilegales según el derecho del estado español y el derecho internacional, bajo un supuesto lo suficientemente vago, controles por la seguridad ciudadana, que retuerce de tal manera los procedimientos legales que estos arremeten desde el principio contra el ciudadano que supuestamente protegerían. Mientras no nos opongamos de manera clara y rotunda a esto, estamos permitiendo que se persiga, degrade, prive de la libertad y de manera aún más extendida, que se haga imposible la vida a un número inmenso de nuestros conciudadanos.

Con la práctica cotidiana de las brigadas vecinales, hemos aprendido que es aquí donde hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, y no tanto allí, tomando como excusa aquellos otros países de los que nos hablan como a ignorantes para darnos pobres e infladas lecciones que sirvan para justificar lo que soportamos aquí: y es aquí donde tenemos que luchar juntos por la democracia. Mientras esto no se escuche lo suficientemente alto y claro, ni siquiera podremos hablar en nuestro nombre. No hay ningún nosotros en las migajas de la gestión de nuestro bienestar, ni ningún nosotros en ese bienestar que parecería tener como enemigo peligroso al extranjero pobre. Vulnerando los derechos humanos, el gobierno vulnera los derechos de todos, en esto reside la delicada universalidad de los derechos humanos: ser extranjero no es una condición necesaria. Es una condición impuesta, variable, que sólo informa verdaderamente acerca del gobierno que la impone y de las condiciones en que lo hace. Son pueblos como los de Túnez, Egipto o Libia los que estos días, y en mitad de tantas dificultades, se han levantado para hablar en su nombre. Son ellos precisamente los que nos pueden dar ejemplo de la lucha por la democracia, que nunca y menos actualmente en este país, está ganada. Y en definitiva, son un ejemplo de lucha y de disenso, de alzamiento de voces y gentes que no sólo se oponen a cualquier forma de abuso de poder, sino que por diferentes que sean entre sí, son las voces de una verdad: de la lucha por ser cada uno y colectivamente quien debe y puede pensar y decidir sobre cómo quiere vivir. Si la democracia no es eso, la democracia es una farsa.

Es aquí, en España, en Europa, donde tenemos que luchar por los derechos humanos. Lo hemos aprendido un poco más concretamente con el expediente que se ha abierto primero a cuatro, luego a cinco compañeros más de las brigadas vecinales. Se les acusa de entorpecer la labor policial mediante la incitación a los transeúntes a unirse a ellos contra la policía, gritando consignas en contra del control policial. Nada se dice sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés. Controles a inmigrantes y numerosas detenciones por no tener los “papeles en regla”. Todo se resuelve mediante una falta administrativa, tanto para el inmigrante “sin papeles” como para el brigadista agitador. Y entre la actuación policial y la resolución de la falta, media la persecución y el castigo mediante internamiento y posible expulsión para el primero, y multa económica en el caso de los compañeros de las brigadas, se llame a todo esto con la figura legal que se llame. Sin embargo, aquella noche en Lavapiés, la plaza se encontraba llena de gente presenciando las detenciones de la policía, y no se escuchaban gritos ni proclamas, sólo silencio. Se podía escuchar la tristeza y el miedo, ambas igualmente mudas. Los compañeros de las brigadas se encontraban allí, junto a un control policial, repartiendo panfletos en contra de los controles discriminatorios. Algo que parecería tan inocuo como su mera presencia, constituye la única acusación real que podría haberse hecho contra los mismos. Por lo tanto, la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes, es lo que se castiga y se trata de impedir. Se ha mentido poniendo en boca de estos compañeros palabras que no fueron pronunciadas, y esta mentira no hace sino agravar y corromper más la actuación tanto de la policía como de la delegación de gobierno: se castiga la presencia de ciudadanos en el espacio público y la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno ejecutada por funcionarios de los servicios de policía, que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por uno mismo.

Las consecuencias legales de las que nos hacemos cargo colectivamente, no son por tanto el único problema al que debemos enfrentarnos los ciudadanos, éstas tratan de hacernos la vida imposible con la cadena de burocracia, trámites y gastos extendida actualmente a cualquier pequeño paso que se trate de dar para vivir en esta sociedad. La lucha fundamental que nos incumbe a todos, es una lucha concreta por la democracia y la justicia aquí. Por es preciso oponerse con rotundidad a la criminalización de una figura del derecho internacional que supone como pocas una figura de defensa de la Justicia: el observador de derechos humanos. Por leves que pudieran parecer las acusaciones de la policía, su efecto es claro, se trata de impedir que los ciudadanos nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo, que decidamos por nosotros mismos, como mínimo por ahora, aquello que no estamos dispuestos a tolerar: que además de tratar de desesperanzarnos con constantes dosis de cinismo sobre la imposibilidad de acabar con el saqueo de lo público, de lo que es de todos, persigan, encarcelen y expulsen y traten de hacer aparecer como un problema a aquellos de nuestros vecinos que han venido de lejos por motivos perfectamente conocidos o no, personales o comunes, para si lo desean, quedarse.

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

Nota de prensa: http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/2011/03/defensores-de-derechos-humanos-que.html

Información adicional: http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/2011/03/la-policia-acosa-y-el-gobierno-intimida.html