8-J Responsabilidad sindical y visión de Estado

El próximo 8 de junio los sindicatos UGT y Comisiones Obreras hemos convocado una huelga de empleados y empleadas de las Administraciones Públicas para mostrar el rechazo al Decreto recientemente convalidado que persigue reducir el déficit público. Desde que estallara la crisis en el verano de 2007 y se hiciera patente en España a partir de 2008, los sindicatos hemos puesto encima de las mesas de diálogo social cuáles deberían ser las medidas para relanzar la actividad económica y volver a la senda de creación de empleo, hemos modulado las protestas en la calle para no entorpecer aún más el proceso de recuperación y, al contrario que otras voces que ven en la crisis una oportunidad para capitalizar su programa de reformas liberales, como ya ocurriera hace cuarenta años, hemos mantenido un margen de flexibilidad que a nuestro juicio ha impedido que la economía se colapsara.

Los sindicatos hemos actuado con responsabilidad y visión de Estado si por ésta última idea se entiende cuál podría ser el efecto sobre el conjunto de la población, sobre las capas más desfavorecidas después de años de crecimiento donde la distribución social de la riqueza fue más un mito o un artificio estadístico que una realidad efectiva. Basta con recordar la explicación que daba en 2007, al final del ciclo expansivo, el Gobernador del Banco de España acerca de la participación a la baja de las rentas salariales en el PIB.

Las organizaciones sindicales veníamos advirtiendo de la insostenibilidad de un crecimiento basado en la aportación del sector de la construcción, los bajos salarios y la burbuja inmobiliaria. Vaticinábamos un final traumático, final que efectivamente se ha materializado. Durante años se negó que el precio de la vivienda estuviera sobrevalorado y nadie advirtió acerca de los efectos nocivos de los derivados financieros. En el momento más oportuno, a causa de la avaricia de ‘lobbies’ reacios a ceder un ápice de su capacidad de influencia, no fueron introducidas las reformas empresariales necesarias para enfrentar el siguiente ciclo con solvencia. Y ahora son los eslabones más débiles de la cadena, empleados públicos y pensionistas, desempleados y trabajadores en general, inmigrantes y personas que perciben rentas salariales bajas, quienes habrán de sufrir el lado más duro del ajuste.

Hoy por hoy, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha revelado, en ausencia de una política presupuestaria común y una regulación decidida de los mercados financieros, como una herramienta incapaz de impedir el ataque de especuladores y la gestión del déficit para dar una salida social a la crisis. El Gobierno de España ha cedido así a voces como la encarnada por el Presidente de Economía de la CEOE. El Gobierno de España disponía de un amplio margen para gestionar vía impositiva la reducción del déficit, combatiendo el fraude fiscal y recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de bienes patrimoniales y, en una situación de excepción como la actual, crear empleo impulsando bonificaciones y exigiendo a las organizaciones empresariales que se comportaran con responsabilidad. Así, las políticas públicas de I+D+i y las activas de empleo diseñadas para reorientar las trayectorias laborales de miles de trabajadores expulsados de ramas de actividad intensivas en mano de obra resultaban de enorme utilidad.

Frente al necesario protagonismo de las Administraciones Públicas y del liderazgo del Gobierno se ha elegido una política económica cuyos efectos serán desiguales, no permitirá crear empleo y demorará la salida de la crisis hasta 2013, en un contexto donde la polarización social es un hecho que nadie niega ya. Por estas razones, era importante convocar una huelga el próximo 8 de junio, pues es una oportunidad histórica no sólo para que la mayoría de la sociedad muestre su rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno, sino también para poner en cuestión las decisiones supranacionales, metafóricamente atribuidas a los mercados financieros, que impiden intervenir sobre aquellos aspectos que han dado lugar a la crisis. Piden reformas del mercado de trabajo y del sistema de pensiones, pero nadie habla de la necesaria regulación del sistema financiero, auténtico causante de la crisis. El próximo 8 de marzo debe dejarse claro que la avaricia de los especuladores no puede estar por encima de las necesidades de millones de personas.