El Gobierno español sigue sin cumplir la Ley de Comercio de armas aprobada en 2007

30 de abril de 2010. Las organizaciones Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam denuncian que el Gobierno español sigue sin aplicar la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso. Las ventas del primer semestre de 2009 demuestran que se está vendiendo material de defensa a países donde no se respetan los derechos humanos como Colombia, Marruecos, Sri Lanka, Tailandia y Guinea Conakry.

“Han pasado más de dos años desde que se aprobó la ley, y las ONG reclamamos más claridad y transparencia, y más rigor a la hora de aplicarla”, ha declarado Francisco Yermo, de Intermón Oxfam. “Es incomprensible que el Gobierno no explique qué criterios utiliza para autorizar estas ventas, o qué informes maneja para evaluar la situación de los países de destino”.
Los datos del primer semestre de 2009, aportados por el Ministerio de Comercio, muestran que España exportó material de defensa por valor de 411,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,5% sobre el mismo periodo del año anterior.

Además, se vendieron casi 4,7 millones de euros en material policial y de seguridad (antidisturbios), y casi 19 millones de euros en armas de caza y tiro deportivo y sus municiones (las autorizaciones para armas de caza y tiro deportivo superaron los 41 millones de euros). Respecto al material de doble uso, se vendieron más de 45 millones de euros. En total, las exportaciones realizadas de material de defensa, otro material y doble uso sumaron más de 437 millones de euros, y las autorizadas sumaron más de 1.200 millones.
La Ley 53/2007 regula estas ventas, y establece que no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario (DIH), donde haya riesgo de desvío a otros países, etc. También establece que a la hora de autorizar exportaciones, el Gobierno debe tener en cuenta los informes de instituciones internacionales como la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Pese a ello, se han seguido produciendo exportaciones a destinos preocupantes. Entre ellos figuran Marruecos, con 29,5 millones de euros; Colombia con 31 millones; Arabia Saudí, con casi 5 millones, y otros como Pakistán, Sri Lanka o Tailandia. En todos ellos, por diferentes razones, la situación de conflicto o las violaciones de los derechos humanos son graves.
Así, en Sri Lanka, mientras se estaban recibiendo informes creíbles de Naciones Unidas y ONG según los cuales ambas partes en conflicto habían cometido crímenes de guerra, España autorizó exportaciones por valor de 1,1 millones de euros en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”.
Por otro lado, España sigue siendo un vendedor significativo de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones a países del África Subsahariana. A Ghana se le han vendido desde 2004 más de 15 millones de euros en armas y munición de caza. Según las estadísticas de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria, entre junio y diciembre de 2009 se exportaron a este país 3,46 millones de euros en munición de caza. Este país está ubicado en una zona de gran inestabilidad y rodeado de países en conflicto o posconflicto.
Pero quizá en este periodo, la noticia más preocupante son las ventas a Guinea Conakry, con 1,48 millones de euros de exportaciones realizadas de cartuchos de escopeta, con destinatario final 100% privado, y otros 1,9 millones de euros autorizados. En 2008 hubo en este país un golpe de Estado condenado por la comunidad internacional, incluida la Unión Africana, así como una brutal represión. Tanto la Comunidad Económica de África Occidental como la UE han impuesto un embargo de armas a este país. En este contexto, los cartuchos de escopeta pueden contribuir a exacerbar la tensión interna o caer en manos de las fuerzas de seguridad.
“El Gobierno español debe explicar con claridad qué precauciones ha tomado para evitar esto, y qué garantías ha obtenido de que no van a ser usadas para violar los derechos humanos”, ha subrayado Sabina Puig, portavoz de Amnistía Internacional.

¿Aviones no tripulados a Israel?

Informaciones publicadas en los últimos días señalan que la empresa española Aries, Ingeniería y Sistemas alcanzó en 2009 un acuerdo con la compañía israelí Goldtech Technologies. Fuentes de la empresa han reconocido que esto podría ser primer paso para la venta de “tecnología e ingeniería de aviones no tripulados”, también conocidos como ‘drones’ o UAV, “y catapultas de lanzamiento”. Entre los principales clientes de Goldtech Technologies se encuentran el ejército y el Ministerio de Defensa israelí.
Las ONG expresan su profunda preocupación y señalan que si estas operaciones se concretan se estaría incumpliendo de forma flagrante las disposiciones de la ley. Por ello reclaman al Gobierno que explique si ha autorizado o va a autorizar alguna operación de este tipo, y en ese caso cómo ha evaluado el riesgo de que puedan utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o del DIH. “Por el tipo de producto de que se trata, y por el país de destino, una exportación de este tipo violaría todas las líneas rojas establecidas en la Ley”, ha afirmado Mabel González, de Greenpeace. También vuelven a reclamar al Gobierno español que suspenda todas las transferencias de munición, equipo y ayuda militar a Israel mientras no se pruebe de una manera clara y evidente que no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos o del DIH.

Falta voluntad política para aplicar la Ley

Las organizaciones acogieron la entrada en vigor de la Ley 53/2007 como un avance porque abría paso a mejoras en el control y transparencia del comercio exterior de armamento y material de doble uso. En algunos casos esto se ha producido, por ejemplo las armas de caza y tiro deportivo están ahora sujetas a control como el resto del material, y hay más control parlamentario.
Sin embargo, dos años después, muchas preguntas siguen sin responderse y se sigue vendiendo material a destinos muy preocupantes. “Dos años es un plazo más que razonable para lograr una aplicación correcta de la ley, que evite que se siga vendiendo armas a destinos donde su uso puede tener consecuencias muy graves. Exigimos al Gobierno más rigor y una aplicación correcta que hasta ahora no se ha producido”, explica Jordi Armadans, de la Fundació per la Pau.