3 de noviembre de 2009
Londres/Madrid.- Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.
España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las vÃctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos AmnistÃa Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad polÃtica para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.
“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que AmnistÃa Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, investigadora de AmnistÃa Internacional para España.
Personas que habÃan presentado denuncias contaron a AmnistÃa Internacional que agentes de policÃa los habÃan amenazado con una pistola o un cuchillo, los habÃan golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habÃan amenazado de muerte.
De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó AmnistÃa Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.
En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseÃdos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).
En el último caso, en el juicio se determinó que se habÃa cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos habÃa participado personalmente en la agresión.
Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habÃan violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantÃas. Otros dos casos archivados son los de Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.
En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policÃa obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policÃa.
El 1 de abril de 2003, agentes de la policÃa autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducÃa hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres dÃas que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podÃa hablar, caminar ni controlar los esfÃnteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policÃa por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existÃa contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.
“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policÃa, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.
AmnistÃa Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.
La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarÃas y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policÃa son importantes avances en este sentido. AmnistÃa Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.
“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad polÃtica para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus vÃctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.
