El Gobierno malasio debe ampliar indefinidamente después del Ramadán la suspensión de la flagelación otorgada a Kartika Sari Dewi Shukarno, y debe aprovechar esta oportunidad para abolir este castigo, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Más de 35.000 personas han sido flageladas en Malaisia desde 2002.
Recientes testimonios fotográficos obtenidos por AmnistÃa Internacional de las cicatrices que la flagelación deja en los detenidos demuestran el grado de lesión infligido por esta forma de castigo. Las fotos muestran que los daños y cicatrices de tan sólo dos golpes de vara continúan meses después de haberse infligido el castigo.
“Estas imágenes muestran la cruel realidad de esta pena. Decenas de miles de personas de Malasia han sido sometidas a esta cruel forma de castigo, sin que se le preste atención ni dentro ni fuera del paÃs. Ahora que la cuestión de la flagelación ha saltado a la agenda internacional, ha llegado la hora de que el Gobierno malasio actúe de inmediato para librarse por completo de esta lacra”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y OceanÃa de AmnistÃa Internacional.
En julio, una delegación de AmnistÃa Internacional viajó a Malasia y pudo acceder a tres centros de detención al sur de Kuala Lumpur. Allà pudo fotografiar a detenidos que, según afirmaron, habÃan sido flagelados mientras cumplÃan penas de prisión.
La flagelación se utiliza como castigo sobre todo para trabajadores y trabajadoras migratorios, por delitos relacionados con la inmigración. Los inmigrantes declarados culpables de entrar ilegalmente en el paÃs normalmente son castigados con hasta tres golpes de vara, aunque la Ley de Inmigración de Malasia permite hasta seis golpes.
En junio de 2009, el Gobierno malasio anunció que habÃa condenado a 47.914 migrantes a ser flagelados por delitos de inmigración desde que entró en vigor, en 2002, la reforma de la Ley de Inmigración.
AmnistÃa Internacional pide al Gobierno de Malasia que derogue todas las leyes que permiten la flagelación y otras formas de castigo corporal.
“La indignación que rodea el caso de Kartika destaca la necesidad de que el Gobierno malasio cese por completo la práctica de la flagelación”, ha manifestado Sam Zarifi.
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