Colombia: Aumenta el número de personas que huyen de sus casas debido al conflicto

Madrid /Londres.- Amnistía Internacional denuncia el notable aumento, una vez más, del número de personas que se han visto obligadas en Colombia a abandonar sus hogares debido al conflicto armado, y ha instado a las partes enfrentadas a que dejen de involucrar a civiles en las hostilidades.

Sólo en 2008, hasta 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007. Hoy, en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas internamente, el equivalente a la población entera de Uruguay, lo que la convierte en uno de los países con mayor población desplazada internamente del mundo. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a países vecinos.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno: muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica.

La gran mayoría de las personas afectadas son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas.

“La difícil situación humanitaria imperante en Colombia es una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmiente la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado”, ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Hasta que las autoridades colombianas no reconozcan las verdaderas consecuencias del conflicto las posibilidad de que los derechos humanos de los millones de personas afectadas estén protegidos serán mínimas”, ha añadido Marcelo Pollack.

Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la política y el sector empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de violencia o amenazas de violencia. Se calcula que se han robado de este modo entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de sus casas precipitadamente, en situaciones de amenaza inminente para su vida. Algunas se ven separadas de sus familias o sus comunidades y tienen que huir llevando consigo únicamente lo que puedan transportar. La mayoría sufren luego discriminación en cualquier sitio al que vayan, y no tienen perspectivas de regresar alguna vez a su hogar.

Una persona desplazada dijo a una delegación de Amnistía Internacional enviada a Colombia: “Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche […] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total”.

Amnistía Internacional insta a las autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e identificar y devolver a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados. Asimismo, la organización pide a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto.