EMSULE negocia con inquilinos de viviendas en alquiler para evitar que la revisión deje a 40 familias sin piso

19/02/2008

La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) ha iniciado un ciclo de reuniones con las familias que ocupan las viviendas de sus promociones en alquiler para evitar que, con la revisión de los ingresos, unas 40 de ellas se queden en la calle.


Los vecinos, que tenían pensado realizar movilizaciones, fueron recibidos ayer por los responsables de la empresa municipal, quienes les emplazaron a una segunda cita el día 3 para «estudiar soluciones» y dar viabilidad al problema.

Las familias afectadas podrían verse en la calle debido a que superan el tope máximo establecido para el alquiler, y que quedó fijado hace años en el 2,5 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los afectados piden que, en la nueva revisión, se aplique un tipo más alto para poder permanecer en las viviendas, de dos y tres dormitorios, por las que pagan unos 300 euros de media al mes.

En este sentido, uno de los afectados instó al Ayuntamiento a que alcance un acuerdo para demostrar que son efectivas «las políticas sociales de las que hablan». El problema no es nuevo, ya que hace cinco años, casi un veintena de familias corrió el peligro de tener que abandonar sus viviendas. Finalmente, se llegó a una solución.

DESEMBOLSO

Por otro lado, la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) deberá desembolsar 5,6 millones de euros extras por los retrasos en algunas obras desde la adjudicación de los contratos, según denunció «Unión por Leganés» (ULEG).

Estos retrasos forzaron a la directiva de EMSULE a negociar con las constructoras que, desde hace meses, «estaban con sus equipos preparados», según el portavoz de la formación independiente, Carlos Delgado, quien declaró que el dinero «tendrá que salir de un modo u otro de los bolsillos de los leganenses, dilapidando –agregó- suelo municipal o con la reducción por ejemplo de inversiones».

En este sentido, el edil recordó que «aún quedan muchos agujeros y actuaciones inexplicables» de la anterior legislatura, entre ellas -según apuntó- «la grave irresponsabilidad» de anunciar un sorteo de mil viviendas protegidas unos meses antes de las elecciones locales del pasado 27 de mayo, «sin estar las parcelaciones hechas».

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