Diez colectivos se concentraron para reclamar la anulación de la normativa sobre el Civismo y la Convivencia

Un centenar de vecinos, perteneciente a diez asociaciones de Leganés, se concentraron el martes pasado frente al Ayuntamiento para reclamar la retirada de la nueva ordenanza municipal sobre El Civismo y la Convivencia que prohíbe y multa a quienes pegan carteles en la calle.

Un centenar de vecinos pide la retirada de la ordenanza que multa por pegar carteles en la calle
Consideran que esta normativa atenta contra la libertad de expresión ya que no tienen otra manera de propagar sus actividades que en carteles sujetos a marquesinas, paredes, farolas y papeleras

Estos colectivos considera que es una normativa que atenta contra la libertad de expresión ya que estas entidades no tienen otra manera de propagar sus actividades que en carteles sujetos a marquesinas, paredes, farolas y papeleras.Los convocantes fueron Jóvenes CCOO Comarca Sur, Asociación Haydée Santamaría, Sindicato de Estudiantes, Federación Comarca Sur CNT, PCE de Leganés, PCPE, Corriente Marxista El Militante, y asociaciones de vecinos de Zarzaquemada, San Nicasio y Nueva Fortuna. Todos ellos señalaron que varias organizaciones han sido multadas por pegar carteles en nuestra ciudad, otras han sido perseguidas con saña, multadas por hacer festivales de solidaridad con otros pueblos, por desarrollar actos en defensa de la paz y contra la guerra que a juicio de las autoridades municipales provocan ruidos y molestias a la población si los horarios sobre pasan las 12 de la noche, algo que siempre hemos procurado evitar.

Medidas desiguales

Igualmente, se sienten marginados cuando el Ayuntamiento no toma las mismas acciones con los ruidos provocados por los bares de la plaza de toros.Censuran que la nueva ordenanza municipal, aprobada por PSOE-IU, facilita que se nos multe por el simple hecho de repartir hojas informativas de nuestros actos o poner pancartas. Entendemos todo esto como un conjunto de hechos que atentan contra la libertad de expresión y endurecen la represión hacia aquellos colectivos que disentimos con las políticas actuales en materias tales como vivienda, empleo, sanidad o educación en las que se aplican políticas de privatización, de precariedad en el empleo y de negocio como ocurre con la vivienda.