La Comunidad de Madrid QUE QUEREMOS LAS MUJERES

La Comunidad de Madrid tiene alrededor de 6,5 millones de habitantes siendo el 51,8 % mujeres, pero es una CCAA que aún no elabora Informes de Impacto de género para diseñar sus leyes y planes, con la excepción de los informes para medir la idoneidad de las empresas que concursan en las subvenciones, con unos presupuestos en su última legislatura sin igualdad social ni de género, promotores de la acción debilitadora del sector público, lo que ha perjudicado a las mujeres de la Comunidad en comparación con otras comunidades.

DENUNCIAMOS:

La Comunidad de Madrid tiene alrededor de 6,5 millones de habitantes siendo el 51,8 % mujeres, pero es una CCAA que aún no elabora Informes de Impacto de género para diseñar sus leyes y planes, con la excepción de los informes para medir la idoneidad de las empresas que concursan en las subvenciones, con unos presupuestos en su última legislatura sin igualdad social ni de género, promotores de la acción debilitadora del sector público, lo que ha perjudicado a las mujeres de la Comunidad en comparación con otras comunidades. Estamos ante la crisis de la igualdad tras la crisis como excusa: las políticas de igualdad son minusvaloradas en la Comunidad de Madrid, por tanto escasas, reducidas progresivamente.

El presupuesto destinado a la Consejería de Asuntos sociales para los programas promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la violencia de género, se redujo de golpe un 15%, en 2013, al unir ambas partidas en una sola “Acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades”, pero antes de 2010 empezaron los recortes, y así progresivamente hasta un 55%.

Han sido ya 31 las victimas mortales por violencia de género en la C. Madrid durante la legislatura, el Gobierno regional extinguió el Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género en 2011, y no se ha elaborado ningún plan de lucha contra la violencia de género desde 2008, aun disponiendo la Comunidad de Ley autonómica en materia.

No hay avance en las políticas de igualdad ni contra la violencia hacia las mujeres en la CM, actualmente hay 23 juzgados de violencia de género en la CM, y aunque se mantienen los 48 convenios anuales con Ayuntamientos para asistencia a la violencia y fomento de la igualdad, son insuficientes los recursos no residenciales para atender a todas las mujeres solicitantes, y se va dando paso a las externalizaciones para ir solucionando el problema, no obstante, es escaso el presupuesto destinado a Ayudas de Pago Único a mujeres victimas de violencia de género y Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en Centros, llegando a pocas mujeres, en cuanto a los recursos residenciales consiste en un ridículo número total de 281 plazas, cuando según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de víctimas de violencia de género, con medidas de protección en la Comunidad de Madrid, fueron de 3.036 mujeres ya en 2013, a todo ello se une una disminución progresiva de la partida destinada a Justicia gratuita, que es la mas solicitada por las mujeres en situación de conflictos familiares, y cada vez hay menos resoluciones judiciales, en definitiva, una vulneración de facto del derecho a la atención psicológica, jurídica y social que establece los artículos 19 y 20 de la ley estatal 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En cuanto a los Planes autonómicos que deben ajustarse a los objetivos perseguidos por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desde 2005 la Comunidad de Madrid no ha elaborado ningún Plan para la igualdad de género, descargando esta responsabilidad en las Corporaciones Locales, a pesar de que la Dirección general de la Mujer lo mantiene entre sus competencias. La no existencia de un Plan autonómico, fundamental para la coordinación entre todos los niveles de la Administración, hace ineficaz las escasas medidas para lograr la igualdad, el empleo, y favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Los presupuestos van centrando la financiación y colaboración en exclusiva instituciones religiosas y redes de empresas prestadoras de servicios, y en materia de igualdad en actividades socioculturales de sensibilizaron conjuntas y/o patrocinadas por empresas financieras y comerciales, despreciando la experiencia de años del movimiento asociativo de mujeres, que lleva a cabo la atención a las ciudadanas ahora sin recibir ninguna ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. Visto el panorama parece utópico que se apruebe una Ley de regional igualdad.

Tampoco existe un programa de salud sexual y reproductiva en la CM que garantice la atención, relegándose la función a los centros Madrid salud, y centro joven del Ayuntamiento de Madrid. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, está sin garantía de gratuidad por falta de regulación de la objeción de la conciencia y las esperas, y que se agrava para las mujeres migrantes en situación irregular, que perdieron el derecho la asistencia sanitaria. Por el contrario, se tergiversa la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la IVE, y se apoya a entidades antiabortistas con la Ley 3/2011, de 22 de marzo, estableciendo una red de apoyo a la mujer embarazada, que en realidad tiene el objeto de disuadir a las mujeres que libremente deciden abortar.

A su vez se excluye del acceso al uso de las técnicas de Reproducción Humana Asistida en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, a las mujeres que no presentan pareja masculina, incumpliendo de la Orden 2541/1997, de centros y servicios sanitarios relacionados con las TRHA en la CM, por la que pueden ser usuarias de estas técnicas todas las mujeres mayores de dieciocho años con plena capacidad de obrar, sin mas requisitos.

En cuanto al fomento del asociacionismo y participación ciudadana, con el progresivo recorte en materia de políticas de igualdad se ha eliminado las subvenciones que recibían las asociaciones dedicadas y especializadas que atienden a mujeres, dejando a las organización es de mujeres sin recursos , otra se incumple respecto a las asociaciones de mujeres el artículo 38 de la Ley 5/2005 integral contra la violencia de género de la CM, sobre la obligación establecer cauces de colaboración con entidades privadas y asociaciones para la sensibilización, la prevención o la asistencia en materia de violencia de género, reservándose solo éstos a las entidades privadas.

En resumen, hay un abandono del fomento del asociacionismo, y negación de la participación de las ciudadanas en las políticas públicas de igualdad, con el pretexto de la “austeridad” el Gobierno regional eliminó el Consejo de la Mujer, en el cual participaban cerca de 300 asociaciones de mujeres, Consejo que formaba parte del Observatorio regional contra la violencia de género, y era parte de los procesos de planificación en materia de igualdad y contra la violencia. Actualmente no hay instrumentos de participación para las mujeres.

Las mujeres son las más perjudicadas de los recortes y reajustes en servicios públicos. El Estado de Bienestar, imprescindible para mantener la igualdad de las personas con independencia de su poder adquisitivo, y con ello el empleo de las mujeres que se concentra mayormente en servicios públicos, ha estado resistiendo durante toda la legislatura las intentonas de desmantelamiento por parte del Gobierno regional, secuelas son la insuficiencia de escuelas infantiles, centros de atención a mayores y atención a la dependencia, que afectan negativamente al acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. En 2014 como detalle sólo había 160 plazas para el programa respiro familiar. El numero de plazas en las residencia son insuficientes, en su mayoría son concertadas, cofinanciadas y con listas de espera largas, los programas de atención básica y especializada a la discapacidad solo cubrían la atención temprana a unas 900 personas y la rehabilitadora a unas 300, destinándose la mayor parte de presupuesto a conciertos o convenios con entidades privadas, ahora muchos dependientes son cuidados en los hogares debido a que la pobreza familiar hace necesario el ingreso de su pensión o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, que recae principalmente en las mujeres, a costa de su tiempo libre sumidas en la doble jornada, como cuidadora y trabajadora, que en definitiva imposibilita participar en la vida pública.

El programa educación infantil, primaria y especial, restringe el número de maestros, deja sin trabajo a un importante porcentaje de docentes que en su mayoría son mujeres, así mismo, las Becas y ayudas a la Educación, destinadas al comedor escolar, fondo de prestamos de libros de texto y material didáctico, promoción de la escolarización en centros privados y concertados, entre otras, no cubren las necesidades de todo el alumnado, y en Educación pública Infantil las cuotas aumentaron de tal manera que se hizo cargar a las familias la mayor parte del coste.

Los presupuestos en el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor han ido reduciendo los títulos a familias numerosas, cayendo las renovaciones y nuevas concesiones, y la gestión de centros y servicios maternales que se ocupa de la atención a mujeres con menores y embarazadas en riesgo de exclusión es insuficiente, con carencia de plazas públicas para mujeres y menores, de nuevo se externaliza el servicio de atención para solucionar el problema, y el colectivo de madres solteras, a falta de una Ley especifica queda en la inseguridad.

Para concluir, de los 11 puntos de encuentro familiares solo han quedado tres, pues ya en 2012 la Comunidad de Madrid cerró el resto que ofertaba dicho Instituto y muchas de familias se quedaron sin poder ejecutar sentencias.

En materia de empleo tampoco se acomete desde la CM ningún Plan de fomento del empleo para la mujer, el presupuesto se centra a un cúmulo de acciones de sensibilización y formativas impartidas y dirigidas al propio personal de la Administración, en su mayoría por y para profesionales y empresas, en relación a la conciliación de la vida familiar y laboral. Cuando la realidad es que durante la legislatura en la Comunidad de Madrid las mujeres han acabado sobre-representadas en el paro de larga duración, y a la vez sobre-representadas en la destrucción del empleo público, con gran peso en el sector servicios y Administración publica.

En el sector privado las mujeres han absorbido la precarización del empleo tras la reforma laboral, ocupando el 75% de los trabajos temporales, y además a tiempo parcial. Las mujeres siguen siendo mas pobres en la CM, el 15,2% de las mujeres tienen ingresos salariales menores o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que sólo el 5,6% de los hombres se encuentran en esa situación, Aumenta la desigualdad en la distribución de la renta, las mujeres siguen ganando menos que los hombres y cobrando menos pensiones, aumenta la brecha salarial, y si bien, la Dirección General de la Mujer tiene competencias en planificación laboral en materia, sus acciones solo van dirigidas a empresas.

En el programa de lucha contra la exclusión social, aumentan el presupuesto para la Renta Mínima de Inserción, porque las solicitudes van en aumento, lo cierto es que los perceptores de las ayuda son en gran parte mujeres solas sin trabajo, y un importante porcentaje de familias monomarentales, hay que reforzar y garantizar la Renta Básica.

La mayoría de las personas de más de 65 años que viven solas en la C.Madrid son mujeres, y muchas de ellas sobreviven con escasos recursos, manteniéndose prácticamente congeladas las pensiones en los últimos años, las contributivas y no contributivas, contribuyendo al aumento de la pobreza en nuestra Comunidad. Son necesarias políticas sociales y de igualdad conjuntas para reducir la brecha de pobreza y exclusión social de muchas mujeres en nuestra Comunidad.

Con ello EXIGIMOS a plataformas electorales
y partidos políticos ante las elecciones,

 La aprobación de una Ley regional de políticas de igualdad ya.

 La elaboración de Plan regional contra las violencias hacia las mujeres conforme al Convenio de Estambul, que centralice todos los recursos y ofrezca medidas integrales a las mujeres victimas de los diferentes tipos de violencias, y para la promoción de la igualdad de género en la diversidad, que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, y los diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid.

 La institucionalización de un proceso facilitador para el acceso gratuito a la Justicia en la CM y medidas de protección para todas las mujeres que denuncian violencias, así como un aumento progresivo de Centros residenciales en la CM y del número de plazas para mujeres victimas de violencias, y para mujeres en situación de exclusión social, y sus hijos/as. También facilidades minimizando requisitos en ambas situaciones, para el acceso a la vivienda vía protección oficial tanto para la adquisición como para el alquiler.

 Un programa de educación afectivo-sexual en la CM, y de atención a la salud sexual y reproductiva que facilite el desarrollo de una sexualidad libre basada en el respeto y la igualdad de trato, acompañado de una regulación de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión, que no interfiera en el acceso al servicio público sanitario de manera que no se vulnere el derecho a decidir de las mujeres a la IVE, así mismo exigimos el derecho de todas las mujeres con o sin pareja masculina, al acceso del uso de las técnicas de reproducción humana asistida en los hospitales públicos de la CM.

 El restablecimiento de los derechos de participación ciudadana de las mujeres con la restitución de los órganos consultivos y de representación ciudadana extinguidos, como es el Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, órgano que sí mantienen el resto de Comunidades, y el Consejo asesor del Observatorio regional de violencia de género, ambos extinguidos con la excusa de la crisis, así como también el compromiso con el fomento del asociacionismo de las mujeres.

 Aumento de partida presupuestaria para becas de escolarización infantil, primaria, especial, y demás cobertura de los servicios educativos, de manera que no suponga una carga para las familias, si no una ayuda a la manutención y educación de los/as hijos/as.

 Aumento en la partida presupuestaria para aumento de las plazas en centros residenciales y no residenciales de atención a las personas dependientes.

 La implantación territorial de un Plan Emplea Mujer que promueva el acceso al empleo en condiciones de igualdad de género, integrando conjuntamente políticas sociales y de igualdad, y conciliación con corresponsabilidad, además del apoyo al emprendimiento.

 El reconocimiento del derecho subjetivo a una renta básica ciudadana en la Comunidad de Madrid que sustituya a la renta mínima de inserción, para las personas sin empleo en riesgo de exclusión social.

FAMCM
Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid.