No quieren que se debata la ILP

5 diciembre, 2007

El Gobierno regional quiere impedir que se debata la Proposición de Ley para la Convivencia Escolar que logró su entrada en la Asamblea de Madrid, vía Iniciativa Legislativa Popular, de la mano de 72.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos madrileños.


Durante la primavera pasada, CCOO, UGT y la FAPA Giner de los Ríos promovieron una Iniciativa Legislativa Popular para la Convivencia Escolar y lograron el apoyo de 72.000 madrileños. Sus firmas, junto al texto de la ley, se presentaron a comienzos de julio en la oficina del censo y hace varias semanas, la Asamblea de Madrid, formalizó su recepción en un acto de la Mesa de la Asamblea.

Todo parecía quedar a la espera de su entrada en el Pleno para proceder a su debate.La Mesa de la Asamblea, sin embargo, ha recibido un comunicado del Gobierno regional en el que argumenta en contra del trámite parlamentario de la que ya es, en este momento, Proposición de Ley para la Convivencia Escolar, por iniciativa popular, con el objetivo de impedir su entrada a debate en el Pleno de la Cámara.

Hay que aclarar, que esta entrada en el pleno serviría para debatir, únicamente, su toma en consideración o no.
Si se decidiera que no, la proposición decaería y si se decidiera que sí, entraría en el proceso habitual de enmiendas y debate.
Es decir, que la entrada a pleno que se pretende evitar ahora tiene como único objetivo evitar que la Cámara de representantes conozca que existe esta Proposición de ley por iniciativa popular, pues el PP podría evitar su toma en consideración en dicho pleno y, por lo tanto, su auténtico proceso de debate.

Otras iniciativas legislativas populares no han sido tomadas en consideración, aunque nunca han sido “laminadas” en la propia Mesa de la Asamblea, como ahora quiere el Gobierno regional en un gesto de absoluto desprecio hacia los 72.000 madrileños que han avalado esta Proposición de ley con su firma.

La Proposición de ley de Convivencia escolar, por iniciativa popular, regula un entramado de medidas necesarias para prevenir y afrontar los conflictos, desde muy diversos ámbitos de la enseñanza: medidas de protección a la comunidad educativa; de apoyo al sistema educativo, donde se establezcan actuaciones e iniciativas relacionadas con la escolarización, la autonomía de los centros, la organización interna de los centros escolares, las ratios alumno-aula, las plantillas de profesorado, equipos de orientación educativa, los planes de convivencia, la mediación escolar. Así mismo, mecanismos que garanticen la no segregación del alumnado y medidas de sensibilización en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. Y regula, finalmente, mecanismos de apoyo, orientación, participación, consulta y coordinación de esfuerzos a través del Observatorio regional de la Convivencia, la Comisión regional de convivencia y el Servicio regional de recursos para la elaboración de los planes locales y de centro.

Los sindicatos UGT, CCOO y la FAPA Giner de los Ríos denuncian la política de oscurantismo y falta de transparencia que preside las actuaciones del Gobierno regional, en especial, en materia educativa. Se pretende evitar las críticas a su propia gestión en el tema de Convivencia Escolar, al regular, tarde, mal y de modo insuficiente, un Decreto que se limita a los derechos y deberes de los alumnos y sus correspondientes sanciones –susceptible, además, de estar vulnerando derechos constitucionales-.
Una norma inadecuada e insuficiente que no contó con la opinión del Foro para la convivencia del Consejo Escolar, ni con la participación de los agentes sociales y otros representantes de la Comunidad Educativa.

La Proposición de Ley que se pretende hacer salir de la Asamblea, por la puerta de atrás, incide en la prevención, la participación y el apoyo a los centros de enseñanza, aunque no excluye, en absoluto, la correspondiente relación de derechos, deberes y sanciones. La Asamblea de Madrid es el lugar del debate, desde el acuerdo o el desacuerdo, y esta ley puede mejorar considerablemente las estrategias para evitar los problemas de convivencia escolar, en opinión de 72.000 madrileños. No se merecen que se cercene la posibilidad de que esta ley sea debatida por el Pleno de la Cámara.

www.fapaleganes.blogspot.com

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