El “tapón” en los servicios sociales de Leganés: “No se reponen bajas y se burocratizan todas las ayudas”

El “tapón” en los servicios sociales de Leganés: “No se reponen bajas y se burocratizan todas las ayudas”

17/12/2020

SARA PLAZA CASARES

El municipio más afectado por la primera ola de la pandemia en Madrid ve cerrar sus despensas vecinales por falta de medios, al tiempo que trabajadores municipales denuncian la “inacción” del ayuntamiento, que cuenta con superávit en sus presupuestos.

Manifestación en defensa del sector público en Leganes. SARA PLAZA CASARES

 

“Nos estamos dejando el pellejo para que las ayudas lleguen a los ciudadanos mientras el ayuntamiento bloquea todo y burocratiza en exceso todas las ayudas”. Así describe María —nombre ficticio— trabajadora de los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés su día a día gestionando el “tapón” que existe en las ayudas en el municipio de Madrid más afectado por la primera ola de la pandemia. Y añade más. “Los trabajadores del ayuntamiento de los servicios de gestión finalista llevamos sufriendo unos procesos burocráticos inexplicables, sin responder al objetivo de cualquier administración que es que dichos procesos sirvan a los ciudadanos del municipio para que accedan a las prestaciones y a los servicios que mejoren su calidad de vida. Al mismo tiempo, en servicios sociales no se están cubriendo las bajas y tenemos unas cuantas”.

Fidel Gozalo, presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés (FLAV), refrenda estas quejas. “En el Ayuntamiento de Leganés hay dejadez y abandono”. Y las cifras que manejan desde la Red de Apoyo Mutuo, plataforma vecinal que agrupa a la FLAV y a otras entidades, son claras al respecto. Esta organización lleva procurando alimento y productos básicos desde abril a personas que no son atendidas en servicios sociales y que incluso son derivadas hasta sus dependencias por esta entidad municipal. Con datos de noviembre ya ha ofrecido ayuda a 364 familias, 95 de ellas monomarentales. Un total de 1.242 personas, 454 menores de 17 años, que no cuentan con los recursos necesarios para llegar a fin de mes y que guardan cola en la lista de espera de servicios sociales o bien directamente han recibido un ‘no’ por respuesta. Gozalo se queja de que en un gobierno local “progresista” —gobernado por PSOE y Leganemos Más Madrid— que cuenta con un superávit de más de 4 millones de euros “hay una insensibilidad con los vecinos y vecinas increíble. Viven en una burbuja”.

Desde la Red de Apoyo Mutuo han atendido a un total de 1.242 personas que no cuentan con los recursos necesarios para llegar a fin de mes y que guardan cola en la lista de espera de servicios sociales o bien han recibido un ‘no’ por respuesta.

Según el presidente de la FLAV uno de los impedimentos que están poniendo desde el ayuntamiento para suministrar ayudas es la ausencia de empadronamiento. “Hay que tener en cuenta las dificultades habitacionales que están atravesando muchos vecinos y vecinas. En ocasiones, comparten piso y el dueño pone dificultades para empadronarse. También las personas en situación irregular pueden tener problemas para conseguir empadronamiento, como las personas en situación de calle. En Alcobendas se flexibilizaron estos requisitos, pero en Leganés siguen exigiendo papeles y más papeles para acceder a una ayuda”, expresa el presidente de la FLAV.

Para paliar la crisis social, el ayuntamiento externalizó las ayudas concediendo a Cáritas una subvención de 250.000 euros. “En la Red de Apoyo Mutuo hemos gastado entre 70.000 y 80.000 euros en siete meses. Todo lo hemos obtenido de donaciones particulares, más lo que hemos recogido en varias campañas de recogida en la puerta de supermercados. Hemos repartido casi un tercio de lo que el ayuntamiento ha dado a Cáritas. Con 250.000 euros poco van a hacer”, expresa Gozalo.

Despensas que cierran

Sergio Fernández es activista en la Red de Apoyo Mutuo. Todos los martes y jueves participa en la elaboración de cestas con productos básicos que son repartidos entre la población. Afirma que casi todas las familias que acuden a por alimentos tienen menores a cargo. Hoy esta red tiene que cerrar por falta de fondos, pero no solo. “Podríamos estar haciendo más recogidas y buscando financiación, pero no podemos más. Nuestra intención no era convertirnos en un banco de alimentos. Comenzamos durante el confinamiento ayudando a la gente que no podía tirar la basura o hacer la compra. Pero la enorme necesidad que vimos en el pueblo y, ante la ausencia de ayudas del ayuntamiento, nos empujó a suministrar alimentos. Y en más de medio año no se ha llevado a cabo ninguna mejoría. No pretendemos ser un ‘pseudoprograma’ del ayuntamiento, las necesidades las deberían de cubrir ellos”, sentencia.

Hoy esta red se encuentra apurando sus últimos recursos y han comenzado conversaciones con el ayuntamiento para derivar a las 109 familias que están en extrema vulnerabilidad. “Al final las derivarán a otra entidad caritativa, pero de aquí a enero las seguiremos atendiendo para no dejarles en la estacada. Sabemos que si no estarían unos meses sin nada”, sentencia Fernández.

Aumenta el descontento

Las críticas a la gestión de los recursos municipales llegan por todos los frentes. A las demandas por la situación de los servicios sociales, se unen las protestas de las AMPAS de las Escuelas Municipales Infantiles y de la Escuela-Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales, que comenzaron el curso con una treintena de profesores menos, o las de la Asociación de Indigentes Leganés, quienes reclaman la apertura del albergue municipal, cuya inauguración quedó paralizada mucho antes de la pandemia. Malestares todos ellos que salieron a la calle el pasado 29 de octubre, fecha que las vecinas aprovecharon para realizar una manifestación/marcha fúnebre “por la muerte de los servicios sociales”.

También están en pie los usuarios del Centro de Atención Integral a la Drogodependencia, que lleva ya casi un año sin médico y con una asistencia de mínimos para 350 personas. El alcalde, Santiago Llorente, llegó a asegurar que el servicio que se ofrecía en sus dependencias “no era competencia del ayuntamiento”. “Los funcionarios que velan por el cumplimiento de la legalidad en nuestro ayuntamiento cada vez nos dificultan más esa gestión porque entienden que no es competencia nuestra”, señalaba Llorente en medios locales, mientras oposición y sindicatos señalaban lo contrario. Así, el PP denunciaba que el ayuntamiento había devuelto más de un millón de euros en ayudas de la Comunidad de Madrid destinadas a este servicio.

“El ayuntamiento pierde dinero tanto del Fondo Social Europeo, como de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, así como de los presupuestos especiales del Estado para resolver las necesidades específicas de esta pandemia”.

“El ayuntamiento pierde dinero tanto del Fondo Social Europeo, como de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, así como de los presupuestos especiales del Estado para resolver las necesidades específicas de esta pandemia”, denuncia la trabajadora social. Y la excusa, asegura, “es siempre la interventora”. Esta figura, a quien le corresponde el control y fiscalización interna de la gestión económica y presupuestaria del gobierno local, es también quien paralizó los contratos para que el albergue municipal se pusiera en marcha, tal y como explica el presidente de la FLAV. “La interventora dijo que los contratos a Cruz Roja, que era la entidad que gestionaría el albergue, no se ajustaban a derecho y pidió que saliera a concurso. Aquello se paralizó y no se terminó. Cuando hay que intervenir en lo social el problema es siempre la interventora, pero si hay ladrillo de por medio no pone tantos problemas”, asegura irónico en referencia a la aprobación en septiembre de la construcción de una rotonda por 8,7 millones de euros.

“Es necesario que se lleven a cabo programas de ayudas sociales urgentes. Nuestra actuación no deja de ser paliativa, hace falta apoyo social institucional. Todas las carencias no las puede cubrir la ciudadanía mediante donaciones”.

“El último acelerón lo ha dado al no aceptar ninguna de las propuestas que hemos realizado de cara a los presupuestos generales del municipio” denunciaban desde la FLAV el pasado 20 de noviembre. Estas alegaciones incluían bonificaciones y ayudas a las familias y comercios que están sufriendo la crisis económica, la rehabilitación de edificios y aumentar las horas de prestaciones de ayudas a domicilio para las personas mayores, entre otras cosas.

“Es necesario que se lleven a cabo programas de ayudas sociales urgentes. Hay gente que literalmente está viviendo en la calle, que está sufriendo desahucios y cortes de suministros y no les importa. Nuestra actuación no deja de ser paliativa, hace falta apoyo social institucional. Todas las carencias no las puede cubrir la ciudadanía mediante donaciones”, sentencia Sergio Fernández.

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