Save the Children pide a la Comunidad de Madrid que investigue qué ha fallado en el posible caso de acoso escolar que provocó el suicidio de un menor

Save the Children manifiesta su consternación ante la muerte de Diego, el niño de 11 años que se suicidó el pasado 14 de octubre. La investigación del caso se ha reabierto esta semana a raíz de la publicación de una carta que el menor dejó antes de morir y donde explicaba la angustia que le producía ir al colegio.

Cualquier situación de violencia contra la infancia es motivo de repulsa para la organización, y el dramatismo de este caso en particular obliga a hacer una reflexión sobre la infancia y la violencia, y sobre las obligaciones morales que tiene la sociedad al respecto.

“Ningún niño debe encontrarse en un contexto de violencia, y menos aún ser víctima de ella. Y de serlo, debe tener la seguridad de que su entorno más cercano y la sociedad en su conjunto van a acudir a su defensa y protección, venga esa violencia de donde venga”, advierte Andrés Conde, director general de Save the Children.
Save the Children ha pedido a la Comunidad de Madrid que investigue en qué han fallado las instituciones educativas a la hora de identificar el motivo por el que Diego sufría tanta angustia y temor al ir al colegio. La organización insta a que, si ha habido un fallo en los mecanismos de detección, en los protocolos de actuación o en la falta de formación de los agentes implicados, se tomen las medidas adecuadas para evitar nuevos casos de violencia contra la infancia.

La organización pide al Gobierno además que elabore una Estrategia Integral de Violencia contra la Infancia, articulada en torno a una Ley Orgánica de Violencia contra la Infancia, que trate todos los tipos de violencia que sufren los niños y niñas desde una perspectiva multisectorial y contenga medidas de prevención, detección temprana, intervención y protección.

El acoso escolar es un tipo de violencia que se ejerce entre iguales y que tiene la particularidad de que durante mucho tiempo ha sido socialmente tolerado. “Son cosas de niños”, “esto ha pasado toda la vida” o “así se le fortalecerá el carácter”, son frases que han contribuido a la perpetuación y aceptación de esta forma de violencia contra la infancia.

Unido a esta aceptación social, se encuentra la vergüenza y culpabilidad que siente una víctima de acoso, que dificulta y en muchos casos impide una denuncia de los hechos que sufre, así como la denominada “ley del silencio”, que entre compañeros culpabiliza al denunciante, calificándolo de “chivato”, con la condena social que conlleva.

Por si este escenario no fuese lo suficientemente malo para un niño o niña que sufre acoso escolar, la falta de coordinación, capacidad reactiva e incluso conocimiento del fenómeno de muchos de los adultos e instituciones que rodean a los menores, lo empeoran. Muchos profesionales de los centros escolares no tienen una formación específica en acoso escolar, y desconocen los síntomas que éste provoca en niños y niñas (transtornos psicosomáticos, cambios de actitud). “Aunque el acoso sea detectado, muchas veces no existen protocolos de actuación eficaces, definidos y adecuados, con lo que la respuesta que se da a la víctima no es suficiente. Además, suele existir muy poca coordinación y comunicación entre las instituciones educativas y las familias, lo que repercute en todo caso de forma negativa en los menores”, agrega Conde. “En el caso del suicidio de Diego, aún no sabemos qué es lo que ha fallado. Todo señala a una falta de detección de la situación de acoso escolar por parte del entorno del menor, que no se atrevió a denunciar pese a vivir en angustia y temor, lo que ha impedido una intervención con la víctima a tiempo. Pero lo que sí sabemos es que la sociedad en su conjunto falla cuando un niño de 11 años se suicida”.

En Save the Children pedimos que haya una respuesta y denuncia más contundentes frente a los casos de acoso escolar, tanto a nivel social como escolar y familiar. Los profesionales deben tener una mayor formación sobre lo que son e implican el acoso escolar y el ciberacoso, y las familias deben tener las herramientas adecuadas también para su detección. Unos protocolos de actuación eficientes y que den una respuesta adecuada a las víctimas y a todos los menores implicados son esenciales en estos casos. Además tanto las familias como los profesores deben hacer sentirse a todos los niños y niñas lo suficientemente seguros como para denunciar cualquier violencia a la que se vean sometidos, confiando en que los adultos de su entorno velarán siempre por su interés y les protegerán.