La falta de personal y la escasa dotación económica ponen en riesgo el servicio de transporte sanitario urgente en Madrid

Recientemente la Comunidad de Madrid ha publicado los pliegos administrativos y de prescripciones técnicas que rigen la contratación para el transporte sanitario urgente.

Dichos pliegos marcan los requisitos de la prestación del servicio que deberán cumplir las empresas privadas que quieran optar al contrato. Sientan las bases, por tanto, de lo que será la prestación real del servicio de ambulancias de urgencia en la Comunidad de Madrid en los próximos años.

Según CCOO, estos pliegos presentan una contradicción entre lo que exigen y los recursos disponibles para ejecutarlo. La dimensión del servicio exigida, traducida en disponibilidad horaria de las ambulancias, es muy superior a la disponibilidad horaria efectiva que puede dar la actual plantilla, por lo que, en principio, deberíamos llegar a la conclusión de que debe acometerse una contratación de más profesionales. Sin embargo, el concurso sale por un precio que escasamente cubre los costes salariales y de mantenimiento actuales.

Dado que las empresas se han negado a facilitar los datos necesarios para alcanzar un detalle exacto en este estudio, no se puede determinar el coste real de mantenimiento del servicio que recae sobre las empresas privadas titulares de la gestión y prestación del mismo. En cualquier caso, de la información facilitada en los propios pliegos, sí se puede concluir que sería necesario contratar alrededor de sesenta profesionales más para garantizar la prestación del servicio dimensionado por la Comunidad de Madrid para los años 2016 a 2019.

Sesenta profesionales más elevaría los gastos salariales en más de 2 millones de euros anuales, alcanzado una cifra total de más de 20 millones, que es casi por completo el presupuesto anual base de licitación por el que sale el concurso.

Por todo ello se concluye que no van a acometerse nuevas contrataciones, o de hacerse, no van a abordarse en la cantidad necesaria para alcanzar las propias exigencias del pliego, poniéndose en riesgo la prestación del servicio en la dimensión diseñada por la Comunidad de Madrid: las empresas optarán a la licitación, la Comunidad de Madrid adjudicará el contrato a uno de los licitadores y acto seguido éste buscará una medida de ahorro sobre la que extraerá su beneficio: ERE, rebaja salarial, despidos… Es lo que ha ocurrido ya en reiteradas ocasiones en este sistema de adjudicaciones de servicios públicos. Quienes pagarán las consecuencias serán directamente los usuarios del servicio (enfermos y accidentados) y los propios profesionales.

El próximo jueves, 5 de noviembre, se ha convocado una concentración ante la Asamblea de Madrid, y los días 12 y 17 de noviembre en el SUMMA 112 (Antracita, 2).