La dimisión del alcalde recogida en un acta notarial es el móvil de las gravísimas irregularidades denunciadas por el secretario de la Junta de Gobierno de Leganés

* «Si lo denunciado ya pone los pelos de punta: manipulación de informes, ocultación de los reparos de legalidad, expedientes de contratación sin garantía de integridad, decretos que pueden no cuadrar con lo que se tiene que decretar…, solo estamos ante la punta del iceberg», denuncia Carlos Delgado, que añade «ya avisamos que este alcalde era un pirómano político que iba a llevar al caos a Leganés, lo sabe Esperanza Aguirre, Ignacio González o, personalmente, el propio Borja Sarasola, máximos responsables de lo que pase por no actuar y no librar a nuestra ciudad del sr. Gómez Ruiz».

*Si todo el proyecto Legatec huele a podrido aún más cuando se ve la denuncia de todo un habilitado nacional donde se llama la atención de cómo se quiere pisotear la legalidad y se oculta o manipula informes de la arquitecta municipal que son totalmente desfavorables al proceso.

Unión por Leganés-ULEG, partido vecinal independiente con 4 ediles en el Ayuntamiento de Leganés, quiere denunciar a la opinión pública y poner aún más en conocimiento de los responsables de gobierno de la Comunidad de Madrid y a los dirigentes del PP que en Leganés sufrimos por su irresponsabilidad a un alcalde que ampara, consiente o estaría patrocinando todo tipo de irregularidades e ilegalidades, algunas presuntamente delictivas. A raíz del mal funcionamiento de una herramienta informática denominada PLYCA ha salido a la luz lo que desde hacía meses venían alertando altos funcionarios de la administración local como el titular de la Oficina de Apoyo la Junta de Gobierno Local o la Interventora del ayuntamiento. La denuncia hecha incluso por correo electrónico dirigida a todos los portavoces no deja lugar a dudas:

 El alcalde conoce desde hace mucho tiempo y no ha tomado ninguna medida de que los informes se manipulan, se «caen» u ocultan para que finalmente se adopte la decisión política que convenga, no sabemos si al alcalde o al edil de Urbanismo o a las altas esferas del PP. Es el caso del proyecto LEGATEC.

 El alcalde no actúa ante las reiteradas advertencias de intervención y del propio secretario de la Junta de Gobierno sobre las ilegalidades existentes en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento (RPT) y las continuadas intentonas del responsable de RRHH (que sólo tiene por encima al propio alcalde) de modificar la plantilla municipal a espaldas del pleno, el único órgano competente en la materia, para crear toda una estructura de directores generales al margen del presupuesto y de la propia voluntad plenaria para que además «tengan firma».

 Se ha llegado a notificar «decretos» a empresas licitadoras que no han resultado adjudicatarias antes de que ese decreto existiera formalmente como tal y antes de que la propia empresa ganadora fuera notificada.

 No hay ninguna garantía, en ninguno de los expedientes y procesos administrativos de que no se hayan manipulado, ocultado o «caído» informes de los técnicos correspondientes.

 Se desvela cómo no se tiene ningún control sobre la devolución de avales a una Junta de Compensación, pudiendo darse el caso de que, en perjuicio de las arcas municipales, se puedan devolver dos veces.

A estas gravísimas denuncias se suman otras que ULEG ha descubierto, irregularidades (por ser suaves) que exigen una actuación política y judicial de primer orden como las relacionadas con los siguientes asuntos:

 Por parte del gobierno se pretende suscribir un préstamo millonario para acometer inversiones y así justificar su inane labor política en estos más de dos años de legislatura. Este préstamo se quiere suscribir al margen del pleno municipal, lo que ha sido advertido como flagrante ilegalidad por parte de diversos funcionarios del ayuntamiento, como la Intervención. Este asunto es especialmente grave ya que sólo responde a un motivo como nos reconocen los funcionarios: a que no se materialice la dimisión ya firmada en acta notarial por el alcalde (vid enlace http://www.flickr.com/photos/portaldelsur/5733466483/ ), entonces candidato Jesús Gómez, para el caso de que a 31 de diciembre de 2013 no se haya iniciado una serie de obras (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110518/54155905785/gomez-pp-firma-ante-notario-su-compromiso-de-dimitir-si-incumple-sus-promesas-electorales.html) . Obras que a 9 de septiembre de 2013 no se ha comenzando ninguna y que es imposible que, respetando la legalidad, comiencen en esa fecha.

 La intentona de incorporación del Ayuntamiento de Leganés a los convenios con el Canal de Isabel II o el «rescate» o recuperación de la concesión municipal de La Cubierta que el alcalde ha aireado públicamente como fórmula para arreglar su desastre de dejar a Leganés sin encierros están rodeadas de todo tipo de acciones que también demandan la intervención de oficio de la Justicia.

 Las obras que sin concurso y que usando la vía espuria de la «emergencia» se están adjudicando a una empresa en pago de favores a su dueño y editor del periódico Al Cabo de la Calle, medio dedicado a lanzar infamias contra la oposición. El «caso emergencia» hizo que el pleno creara una comisión de investigación que el alcalde se niega a poner en marcha. Sin olvidar, que ya se han tumbado dos pliegos de dos sustanciosos contratos de mantenimiento de 10 millones de euros cada uno por las denuncias de ULEG, cuyos concejales fueron expulsados del pleno por protestar al serles vetadas sendas mociones al respecto.

«Leganés vive en alarma permanente por culpa de un alcalde incompetente, chapucero y que actúa al margen de toda lógica. Ha perdido el norte y con su desvarío lleva a la ciudad al caos. La ex presidenta regional ya lo sabe, el actual presidente, Ignacio González, también, y el secretario de organización territorial del PP, Borja Sarasola, además de primera mano. Ninguno hace nada y queremos llamar la atención por si en los próximos meses tienen que dar también respuesta en los juzgados a sus omisiones dolosas a la hora de tomar medidas para acabar con este fraude de alcalde tan nocivo para los leganenses», concluye ULEG.