Las autoridades mexicanas deben tomar medidas decisivas para abordar el uso sistemático y generalizado de la tortura y otros malos tratos documentado en todo el país, que ha aumentado espectacularmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
En el informe Culpables conocidos, vÃctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México se examinan el aumento del número de casos de tortura y malos tratos a manos de la policÃa y las fuerzas de seguridad durante la administración de Calderón, la falta de investigaciones efectivas y la negación de justicia a las vÃctimas.
“La administración de Calderón se ha desentendido en la práctica de la ‘epidemia de tortura’ que hemos visto extenderse por México”, ha manifestado Rupert Knox, investigador de AmnistÃa Internacional sobre México.
“Se ha ignorado o marginado la protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.”
“En todo México, los presuntos delincuentes se enfrentan a menudo a reclusión y juicio sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos, sin que el ministerio público y los tribunales cuestionen seriamente la información ni las pruebas obtenidas de este modo.”
En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)) de México recibió 1.669 informes de tortura y malos tratos a manos de la policÃa y las fuerzas de seguridad –considerable aumento con respecto a los 1.161 de 2010, 1.055 de 2009 y 564 de 2008–. Estas cifras se refieren a informes de abusos cometidos por funcionarios federales.
En los últimos tres años, AmnistÃa Internacional ha registrado informes de tortura en los 31 estados y en el Distrito Federal.
La tortura y los malos tratos se cometen bajo custodia: el ministerio público puede recluir a los presuntos delincuentes por un periodo de hasta 80 dÃas en arraigo antes de presentar cargos contra ellos o dejarlos en libertad.
En todo México, personal militar que desempeña funciones policiales ha recluido a millares de presuntos delincuentes en cuarteles militares ante de llevarlos ante el ministerio público. En este contexto se han recibido numerosos informes de tortura y malos tratos bajo custodia militar.
A pesar de haber leyes dirigidas a impedir y sancionar la tortura, la mayorÃa de los casos no se investigan jamás de manera exhaustiva, y los responsables no son puestos casi nunca a disposición judicial, por lo que las vÃctimas no tienen posibilidad de conseguir resarcimiento ni indemnización.
Hay legislación que penaliza la tortura en los 31 estados y el Distrito Federal de México, pero en la mayorÃa de los casos es considerablemente más deficiente que la federal y dista mucho de cumplir las normas internacionales.
Según el Instituto Nacional de EstadÃsticas de México, entre 2006 y 2010 hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo periodo, en los 31 estados y el Distrito Federal hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
Hasta la fecha, los casos de abusos cometidos por militares se han tratado en el sistema de justicia militar, no en el civil. Debido a ello, a pesar de los numerosos informes de tortura y malos tratos a manos de militares, no se ha llevado a ningún militar ante la justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado recientemente que, sean las vÃctimas civiles o militares, los casos de abusos contra los derechos humanos deben tratarse siempre en el sistema de justicia civil. Queda por ver el impacto que tendrá esta decisión.
Las personas migrantes que pasan por México procedentes de Centroamérica también son vÃctimas de tortura y malos tratos a manos de bandas criminales que actúan a menudo en colusión con funcionarios públicos.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2010 fueron secuestrados sólo en un semestre 11.000 migrantes, y muchos sufrieron graves malos tratos en situaciones en las pudo haber funcionarios públicos implicados.
AmnistÃa Internacional no conoce un solo caso de procesamiento de agentes de policÃa u otras fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos infligidos a migrantes.
“Las autoridades federales ha dado muestra de una absoluta falta de liderazgo para combatir la tortura y los malos tratos seriamente a escala estatal o federal”, ha señalado Knox. “La única forma de abordar la tortura y los malos tratos es garantizar que se investigan debidamente todos los casos y se pone a los responsables a disposición judicial.”
“En una carta a AmnistÃa Internacional, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a implementar polÃticas y tomar medidas para poner fin a la tortura. Instamos a las autoridades mexicanas a que cumplan sus promesas.”
México: Se insta a las autoridades a abordar la “epidemia de tortura”
DATOS Y CIFRAS
TORTURA
En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)) de México recibió 1.669 informes de tortura y malos tratos –considerable aumento con respecto a los 1.161 de 2010, 1.055 de 2009 y 564 de 2008–.
La mayorÃa de las acusaciones de tortura y malos tratos son contra policÃas estatales y municipales.
La información ofrecida por la CNDH es la más exhaustiva de que se dispone, pero sigue distando mucho de representar el verdadero número de denuncias de tortura de todo el paÃs, pues se refiere sólo a informes de abusos cometidos por funcionarios federales.
No se lleva a cabo una recopilación nacional de los informes de tortura y malos tratos de las jurisdicciones de los 31 estados y el Distrito Federal.
SEGURIDAD PÃBLICA
De los más de 400.000 agentes de policÃa del paÃs, sólo 30.000 pertenecen a la PolicÃa Federal; el resto son policÃa estatal y municipal, que lleva a cabo sus operaciones bajo jurisdicción estatal.
Por otro lado, el presidente Calderón ordenó el despliegue de unos 50.000 efectivos del ejército y la marina mexicanos para desempeñar funciones policiales en la lucha contra los cárteles de la droga y la delincuencia organizada desde diciembre de 2006.
El personal militar recibe formación en derechos humanos, pero el número de informes sobre abusos graves, incluida tortura y otros malos tratos, ha experimentado un acusado aumento en los últimos años.
Desde 2006, las fuerzas armadas han detenido a más de 43.000 presuntos delincuentes, a los que, en muchos casos, han llevado a cuarteles militares para interrogarlos, en vez de ponerlos de inmediato a disposición del ministerio público, como exige la ley.
INVESTIGACIONES
Según el Instituto Nacional de EstadÃsticas de México, entre 2006 y 2010, hubo un
procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo periodo, en los 31 estados y el Distrito Federal hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
Según la ProcuradurÃa General de la República, entre 2008 y 2011 se abrieron 58
investigaciones preliminares por tortura. Como consecuencia de ellas se dictaron cuatro actas de acusación formal.
Hasta ahora, un importante obstáculo para poner a los militares implicados en tortura u otros malos tratos a disposición judicial ha sido que todos los casos se han tratado en el sistema de justicia militar. En agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los casos de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares debÃan tratarse en el sistema de justicia civil.
LEGISLACIÃN
La legislación que penaliza la tortura en los 31 estados y el Distrito Federal de México varÃa mucho, pero en la mayorÃa de los casos es considerablemente más deficiente que la federal y dista mucho de cumplir las normas internacionales.
Sin comentarios hasta ahora
Saltar a una conversaciónNo hay comentarios aún!
Puedes ser tú quien inicie una conversación .