La ordenanza mordaza

Hace ya cinco años se aprobó una ordenanza autodenominada “por el civismo” que en la práctica se propone recortar el derecho de las organizaciones sociales, políticas o sindicales a la libre expresión de sus actividades e ideas en las calles de Leganés.

En ella se prohíbe de facto que cualquier organización pegue carteles o reparta hojas informativas si no cumple determinados requisitos abusivos. Requisitos que, sobra decirlo, dificultan sobremanera su actividad. Varias personas fueron multadas por este “grave crimen” y se formó una plataforma de afectados que se manifestó y exigió al gobierno municipal solucionar el problema que éste había creado de la nada.

Bien es sabido que durante décadas, incluso antes de recuperadas en este país las libertades, miles de personas han dedicado su tiempo y trabajo a fomentar la participación, el debate, la asociación o la movilización llamando a ello mediante la colocación de carteles en la vía pública. Es decir, algo básico en una sociedad que pretenda ser crítica y activa con sus problemas colectivos. Pues bien, lo que no es tan conocido es que mediante esta ordenanza, votada por PP, PSOE e IU, se coloca por encima de un derecho fundamental como el de la libertad de expresión, el manido (e hipócrita) argumento de la “limpieza viaria” y un concepto “cívico” tan vacío de contenido como las políticas que vivimos desde hace tiempo los ciudadanos y ciudadanas de Leganés.

Tras aquellas movilizaciones y aquellas resistencias, se negoció una reforma de la ordenanza a la que desgraciadamente se lanzaron con entusiasmo el gobierno local y la Federación Local de AAVV. Los que suscribimos estas líneas pensábamos y seguimos pensando que no tiene ningún sentido redactar ni reformar una ordenanza para regular un derecho fundamental cuyo ejercicio no ha creado ningún problema real a la ciudad. Y es que en la izquierda ya sabemos (sobre todo últimamente) que cuando negociamos lo básico, lo solemos perder por fascículos. El resultado de esta reforma de la ordenanza ya es una realidad en forma de paneles, colocados en nuestras calles recientemente. Estos paneles, poco más de un centenar, donde apenas caben cuatro carteles mal puestos, serán los únicos espacios donde pegar carteles en nuestra ciudad de 189.000 habitantes. Al menos no se ha restringido a las organizaciones registradas en el Ayuntamiento -como se pretendía- con lo que hubiéramos vivido el absurdo de que se prohibiese utilizarlos a organizaciones como Greenpeace o a cualquier partido político inscrito legalmente en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Con este panorama, cual es nuestra agradable sorpresa cuando comprobamos como Izquierda Unida, cuyo Grupo Municipal votó la ordenanza, se ha dedicado (y nos alegramos por ello) a pegar carteles convocando a la manifestación contra la reforma del sistema público de pensiones, contra los recortes sociales y salariales que sufrimos los trabajadores, que se celebró en Madrid el domingo 20 de marzo. Manifestación que dicho sea de paso nos parece una buena iniciativa -aunque insuficiente en sus críticas a las direcciones de los sindicatos firmantes del pacto- para denunciar las políticas antisociales de esa izquierda secuestrada por los “mercados” y que lleva años sufriendo del síndrome de Estocolmo para con sus secuestradores.

Ante esto solo nos queda hacernos algunas preguntas:

¿La “nueva” ordenanza amplia o recorta las posibilidades de libre difusión de la información mediante los carteles?

¿Se podrá seguir pegando carteles libremente o se arrinconará la libertad de expresión -como si fuera algo secundario o comercial- por unos mínimos cauces aislados?

¿Lo que ha hecho IU podemos hacerlo los demás sin tener que mirar de reojo por si alguna patrulla de Policía Local no tiene nada mejor que hacer que multarnos por pegar carteles?

Conociendo la trayectoria represiva de la derecha y su alergia a las libertades, no tenemos ninguna duda de que esta ordenanza, como las privatizaciones y la profusión de cargos confianza, características de las políticas erráticas realizadas en los últimos años en Leganés por el gobierno local actual, serán otro cheque en blanco más para que el PP gobierne con facilidad si gana las elecciones en mayo. Esperamos equivocarnos. Pase lo que pase, seguiremos en la calle, abajo, y a la izquierda, reivindicando el pleno derecho a la libertad de expresión, sobre todo para aquellas entidades que no tienen tantos recursos como para inundar de anuncios la prensa local o difundir por televisión sus actividades. Cosas de la coherencia.

25 de marzo de 2011.