Marruecos y el Sáhara Occidental: Derechos pisoteados en medio de protestas, violencia y represión
21/12/2010Madrid.- En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades marroquíes que investiguen de manera completa, imparcial e independiente todos los abusos contra los derechos humanos cometidos presuntamente en El Aaiún, en el territorio bajo administración marroquí del Sáhara Occidental, en relación con los sucesos del 8 de noviembre de 2010, y que pongan a los responsables a disposición judicial.
20 de diciembre de 2010. A primeras horas del 8 de noviembre se produjeron enfrentamientos violentos al proceder las fuerzas de seguridad marroquÃes a desmantelar por la fuerza el campamento de jaimas de Gdim Izik, que la población saharaui habÃa levantado a principios de octubre en el desierto, a unos kilómetros de el Aaiún, para protestar por la marginación de que se sentÃa objeto y por la falta de trabajo y de vivienda adecuada.
En el nuevo informe, titulado Rights Tramped: Protests, Violence and Repression in Western Sahara, se describen una serie de abusos cometidos el 8 de noviembre tanto en el campamento como en El Aaiún. Los enfrentamientos violentos estallaron al desmantelar las fuerzas de seguridad el campamento, pero luego se extendieron a El Aaiún, donde tanto manifestantes saharauis como residentes marroquÃes llevaron a cabo ataques, en los que incendiaron viviendas, comercios y edificios públicos. Decenas de saharauis fueron detenidos y golpeados o sometidos a tortura y otros malos tratos.
A causa de la violencia que estalló en el campamento y en El Aaiún, murieron 13 personas: 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis. El mayor número de vÃctimas mortales se produjo durante el desmantelamiento del campamento, en el que murieron nueve miembros de las fuerzas de seguridad a manos de saharauis que opusieron resistencia a la destrucción del campamento en los enfrentamientos y en ataques deliberados. Las circunstancias no están del todo claras, pero representantes de AmnistÃa Internacional que realizaron una visita de investigación a la zona a finales de noviembre entrevistaron a muchos testigos según los cuales las fuerzas de seguridad golpearon con porras incluso a ancianas para sacarlas de las jaimas y destruir éstas. Más de dos semanas después de los enfrentamientos, algunas personas presentaban todavÃa lesiones.
Basándose en sus propias investigaciones, AmnistÃa Internacional ha llegado a la conclusión de que es posible que las fuerzas de seguridad marroquÃes no estuvieran aplicando una polÃtica al hacer uso excesivo de la fuerza para desmantelar el campamento y dispersar a los manifestantes, pero en algunos casos la fuerza utilizada, contra manifestantes que no suponÃan ninguna amenaza ni oponÃan ninguna resistencia, fue claramente excesiva.
La noticia de que las fuerzas de seguridad estaban desmantelando el campamento llegó rápidamente a El Aaiún, donde parece que, agravada por informes exagerados sobre muertes de saharauis y brutalidad de las fuerzas de seguridad, provocó protestas violentas de saharauis, que recorrieron la ciudad atacando edificios públicos, bancos, automóviles y otros bienes de ciudadanos marroquÃes y de saharauis considerados partidarios de la administración marroquà del Sáhara Occidental. Cuando remitió esta destrucción, se produjo un nuevo estallido de violencia comunal, esta vez de ciudadanos marroquÃes que atacaron viviendas, tiendas y otros negocios y bienes saharauis y golpearon a algunos ciudadanos saharauis. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en algunos de estos ataques dirigidos especÃficamente contra saharauis y contra viviendas saharauis y no hicieron nada para impedirlos o ayudaron activamente a quienes los llevaban a cabo.
Las fuerzas de seguridad marroquÃes detuvieron a hasta 200 saharauis el 8 de noviembre y en los dÃas y semanas siguientes. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tenido noticia de ninguna detención ni procesamiento de marroquÃes por los ataques contra ciudadanos saharauis y sus viviendas y bienes.
Todos los saharauis entrevistados por AmnistÃa Internacional explicaron cómo habÃan sido golpeados, torturados o sometidos a otros malos tratos en el momento de su detención o bajo custodia de las autoridades marroquÃes, y la mayorÃa presentaban cicatrices y heridas visibles, que coincidÃan con sus testimonios. A pesar de ello, las autoridades marroquÃes no han tomado ninguna medida para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos, como disponen la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos, tratados en los que Marruecos es Estado Parte.
Las autoridades marroquÃes tienen la obligación de proteger la seguridad pública y castigar la delincuencia, pero deben hacerlo sin discriminación y teniendo plenamente en cuenta los derechos humanos. En las operaciones de orden público durante manifestaciones, las fuerzas de seguridad no deben hacer uso excesivo de la fuerza, sino utilizar sólo la que sea estrictamente necesaria y proporcionada. Las agresiones a personas bajo custodia y que no supongan ninguna amenaza son siempre ilegÃtimas y no deben tolerarse.
En el informe de AmnistÃa Internacional se pone también de relieve que las autoridades marroquÃes no informaron a las familias de los detenidos de su paradero, en algunos casos durante dos semanas, lo que constituye una infracción de la legislación marroquÃ. Sumado a las restricciones de acceso y de información que impusieron las autoridades marroquÃes, que ni siquiera permitieron la entrada de periodistas que intentaban informar de lo sucedido en El Aaiún, este hecho causó una angustia indebida a las familias de los detenidos, algunas de las cuales llegaron a temer que los hubieron matado.
Hay más de 130 saharauis procesados por los sucesos del 8 de noviembre. Entre ellos 19 a los que se ha remitido al Tribunal Militar para su enjuiciamiento pese a ser civiles, algunos de los cuales con conocidos activistas polÃticos saharauis que propugnan la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental. Su detención ha hecho aumentar el temor de que las autoridades pretendan implicar a opositores y crÃticos pacÃficos en los sucesos del 8 de noviembre debido a sus opiniones polÃticas.
Algunos de los acusados comparecieron ante el juez de instrucción sin asistencia letrada, y al parecer algunos tenÃan marcas visibles de tortura u otros malos tratos y denunciaron estos abusos. Sin embargo, no se ordenó que fueran sometidos a un examen médico, y no se tiene noticia de que se haya iniciado ninguna investigación sobre tales denuncias. Algunas de las personas detenidas afirman que los interrogadores les hicieron firmar con su nombre o su huella dactilar declaraciones que no les permitieron leer, lo que hace temer que, infringiendo el derecho internacional, cuando sean juzgadas se admitan como prueba contra ellas declaraciones obtenidas mediante tortura u otras formas de coacción.
En su informe, AmnistÃa Internacional formula a las autoridades marroquÃes las recomendaciones siguientes:
Garantizar que se realizan con prontitud investigaciones judiciales sobre todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos en relación con los sucesos del 8 de noviembre, ya sea investigando judicialmente cada caso o estableciendo una comisión independiente e imparcial de investigación con autoridad para llamar a declarar a testigos, atribuciones de apercibimiento y acceso sin restricciones a toda la información pertinente –incluida la documentación oficial y todas las imágenes y el material de vÃdeo recogidos el 8 de noviembre sin editar–, y a los centros de detención pertinentes.
Garantizar que todos los responsables de agresión, tortura u otros malos tratos y otros ataques contra personas y bienes son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
Garantizar que las personas detenidas tienen oportunidad de contar con la asistencia de abogados de su elección cuando comparezcan ante procuradores de la Corona y jueces de instrucción y en sus vistas judiciales; que los juicios se celebran de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, velando en particular por que no se admita como prueba en ellos ninguna información obtenida con tortura o coacción, y que no se juzga a civiles ante el Tribunal Militar.
Información complementaria
Las conclusiones del informe están basadas en una visita de investigación que AmnistÃa Internacional realizó a Marruecos y el Sáhara Occidental entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2010. En el marco de la visita, la organización se reunió con autoridades del gobierno en Rabat y en El Aaiún y entrevistó a familias de saharauis y de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante los sucesos, a familiares de detenidos, a personas que estuvieron detenidas, a defensores de los derechos humanos, a abogados y a otras personas.
La condición del Sáhara Occidental, que Marruecos se anexionó controvertidamente en 1975, es una cuestión delicada a los ojos de las autoridades marroquÃes, que continúan mostrando poca tolerancia hacia quienes expresan públicamente opiniones en favor de la independencia del territorio. Las autoridades marroquÃes continúan teniendo en su punto de mira no sólo a los activistas saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental, sino también a los defensores saharauis de los derechos humanos que vigilan y denuncian las violaciones de derechos humanos que se cometen en la región, los cuales continúan siendo objeto de intimidaciones, hostigamiento, e incluso procesamiento.
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