Marruecos/ Sáhara Occidental: Ocho nuevos presos de conciencia en octubre

10 de noviembre de 2009. Londres /Madrid.- La detención de ocho personas en octubre, al parecer por haber “cruzado la línea roja” sobre asuntos de la monarquía y la situación del Sáhara Occidental que se consideran tabúes, representa un grave atentado contra la libertad de expresión por parte de las autoridades marroquíes, según ha afirmado Amnistía Internacional hoy.

Idriss Chahtane, director de la publicación semanal Almichaal, fue detenido tras publicar un artículo sobre el rey. Los otros siete son saharauis detenidos tras visitar los campamentos de Tinduf dirigidos por el Frente Polisario en el suroeste de Argelia. Todos están en la prisión civil de Salé.

Amnistía Internacional considera que los ocho son presos de conciencia, detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente, y ha pedido su libertad inmediata e incondicional.

Idriss Chahtane lleva recluido en la cárcel civil de Salé desde el 15 de octubre, tras la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Rabat de condenarlo a un año de prisión. Fue declarado culpable, en aplicación del artículo 42 del Código Penal de Marruecos, de difundir información falsa con “intención maliciosa” en relación con un artículo sobre la salud del rey Mohamed VI publicado en septiembre por el periódico Almichaal (número 226), en el que llevaba casi seis años trabajando. Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar una multa de 10.000 dirham (unos 1.300 dólares estadounidenses).

El tribunal ordenó prisión inmediata para Idriss Chahtane a instancias de la Fiscalía General, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. El 15 de octubre, a las tres y media de la tarde, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se presentaron en la sede de Almichaal para llevar a cabo la detención. Según informes, Idriss fue llevado ante la policía de Casablanca antes de su traslado ese mismo día a la cárcel civil de Salé, cerca de la capital, Rabat.

Amnistía Internacional ha expresado igualmente su preocupación por el hecho de que Idriss Chahtane está recibiendo, al parecer, un trato punitivo en la cárcel civil de Salé: lo mantienen en régimen de aislamiento, lo obligan a dormir en el suelo con unas mantas como único colchón y, en varias ocasiones, no le han permitido pasar tanto tiempo al aire libre como otros reclusos en el patio de la prisión. Según afirma, compañeros reclusos lo insultan porque consideran que está “contra el rey”. El 30 de octubre inició una huelga de hambre de tres días como medida de protesta por sus condiciones de reclusión. Además, al menos en una ocasión, las autoridades penitenciarias no permitieron que su esposa, Siham Mekouar, que acude a visitarlo semanalmente con su hija de dos años y que está esperando otro hijo, le llevara alimentos. Siham afirma que su esposo ha perdido mucho peso desde que fue encarcelado.

Otros dos periodistas de Almichaal, Rachid Mahamid y Ali Mustafa Hiran, también fueron declarados culpables de participar en la publicación del artículo en el periódico (artículo 68 del Código Penal) y condenados a tres meses de cárcel y una multa de 5.000 dirham (unos 653 dólares estadounidenses). Continúan en libertad en espera de la conclusión de un recurso de apelación sobre su causa. Amnistía Internacional ha pedido que se anulen sus condenas.

Los siete presos de conciencia saharauis llevan recluidos en la cárcel civil de Salé desde el 16 de octubre. Los detuvieron el 8 de octubre en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca, nada más desembarcar del avión a su regreso de Argelia. Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek pertenecen a varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, entre ellos la sección de Sáhara Occidental de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH), la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (Association sahraouie des victimes des graves violations des droits de l’homme commises par l’état du Maroc, ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme, CODESA). Varios de estos grupos y organizaciones tienen una larga trayectoria de vigilancia y denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental.

El 15 de octubre, el Procurador General de la Corona del Tribunal de Apelación de Casablanca ordenó el traslado de su causa a un tribunal militar, el Tribunal Permanente de las Reales Fuerzas Armadas de Marruecos en Rabat, en el que un juez instructor se ha hecho cargo de la investigación. Los siete se enfrentan a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su “integridad territorial”, en aplicación de los artículos 190, 191, 206 y 207 del Código Penal. Las personas declaradas culpables en virtud del artículo 191 pueden ser condenadas a muerte en tiempo de guerra. Existen indicios de que las autoridades marroquíes argumentan que Marruecos está en guerra con el Frente Polisario y que esta pena podría aplicarse en consecuencia. Amnistía Internacional estaría totalmente en contra basándose en que existe un alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos vigente desde 1991.

Amnistía Internacional se opone de manera inequívoca a que se juzguen civiles ante tribunales militares, y teme además que los cargos formulados contra los siete activistas se deban a sus actividades legítimas en favor de la libre determinación del pueblo saharaui. Considera que las actividades presuntamente llevadas a cabo por los siete en su visita a Argelia –incluidos los campamentos de Tinduf– entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre, como reunirse con representantes del Frente Polisario y asistir a festivales y otros actos organizados en su honor, no suponen otra cosa que el ejercicio legítimo y pacífico de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, consagrado en las leyes y normas internacionales.

La organización de derechos humanos considera preocupante que las autoridades marroquíes estén tratando como asunto de seguridad nacional las actividades políticas pacíficas que cuestionan la “integridad territorial” de Marruecos. Amnistía Internacional considera que el Estado marroquí no debe interpretar las actividades en favor de la libre determinación y la financiación de esas actividades –siempre que no supongan hacer uso o apología de la violencia– como amenazas a la “seguridad nacional”. La organización insiste en que un gobierno jamás puede justificar la imposición de duras restricciones sobre la libertad de expresión utilizando como excusa la amenaza política no violenta a la integridad territorial, como establecen los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información, adoptados en 1995 y refrendados por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su periodo de sesiones de 1996:

Ninguna restricción que pretenda justificarse en función de la seguridad nacional será legítima a menos que su verdadero propósito y efecto demostrable sea el de proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de uso de la fuerza [énfasis añadido], o su capacidad para responder al uso o la amenaza de uso de la fuerza, ya sea proveniente de una fuerza exterior, por ejemplo una amenaza militar, o de una fuente interior, como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.

Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que actúen de conformidad con el artículo 9 de la Constitución de Marruecos y acaten las obligaciones que les impone el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respetando la libertad de expresión y poniendo en libertad de inmediato a estos ocho presos de conciencia.

Información complementaria

• Delitos contra la monarquía
En los últimos años, periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos han sido procesados y, en algunos casos, condenados a prisión por expresar pacíficamente sus críticas a la monarquía.

Medios de comunicación independientes que han publicado información considerada ofensiva para el rey o la familia real sufrieron golpes muy duros durante el mes de octubre. El 26 de octubre, el mismo tribunal que condenó a Idriss Chahtane declaró culpables de cargos similares al editor y a un periodista del diario Jarida Al-Oula, que también había publicado un artículo sobre la salud del rey. Les impuso condenas condicionales de prisión y una multa. Varios días después, el 30 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca dictó sentencias condenatorias contra el director y un dibujante del diario Akhbar Al-Youm en dos causas penales separadas. En uno de los pleitos, entablado contra ellos por el príncipe Ismail, a quien el periódico había representado en una viñeta con la bandera marroquí de fondo, el tribunal los declaró culpables de varios cargos en aplicación del Código de Prensa y les impuso condenas condicionales de tres años de cárcel y una multa por ofensas a un miembro de la familia real. Asimismo el tribunal les ordenó pagar tres millones de dirham (unos 391.550 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios. En la otra causa les fueron impuestas condenas condicionales de un año de cárcel y elevadas multas por “ofensas a la bandera nacional” en aplicación del artículo 267.1 del Código Penal. El diario Akhbar Al-Youm continuó cerrado en virtud de una orden cursada por el primer ministro a finales de septiembre tras la publicación de la viñeta.

El propio Idriss Chahtane, junto con Mustafa Addari, jefe de la sección de Jenifra de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, fue declarado culpable de difamar a una poderosa familia local el 27 de octubre. Las acusaciones se basaban en una entrevista a Mustafa Addari publicada en Almichaal en noviembre de 2008 con el título “Los escándalos de las tías del rey”. Fueron condenados el 27 de octubre a penas condicionales de tres meses de cárcel y a pagar elevadas multas así como daños y perjuicios al demandante.

La legislación marroquí contiene varias disposiciones, tanto en el Código Penal como en el Código de Prensa, que establecen penas de hasta cinco años de prisión y elevadas multas por “delitos” contra la persona del rey o su familia o por “menoscabar la monarquía”. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades marroquíes que eliminen todos estos impedimentos a la libertad de expresión.

• La situación del Sáhara Occidental

La situación del Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos en 1975, sigue siendo tabú para las autoridades marroquíes, que muestran escasa tolerancia con quienes se expresan públicamente a favor de la independencia del Sáhara Occidental. Las visitas familiares entre el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, se realizan bajo los auspicios del ACNUR y activistas saharauis ya han visitado Argelia en ocasiones anteriores. Sin embargo, era la primera vez que estos siete activistas saharauis visitaban los campamentos de Tinduf.

Desde la visita a los campamentos de Tinduf han proliferado los informes de acoso a activistas y defensores de los derechos humanos saharauis, incluidas violaciones de su derecho a la libertad de circulación, actos de intimidación verbal y amenazas, aumento de la vigilancia, medidas para impedir que los activistas se reúnan con observadores extranjeros y confiscación de documentos de viaje.

Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades marroquíes que adopten medidas concretas para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos los saharauis y que permitan a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis recoger y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser procesados, hostigados o intimidados. Son derechos consagrados en el derecho internacional, principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Estado Parte, y en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.