Los derechos humanos deben estar presentes en la reunión entre España y China

Con motivo de la visita a España del primer ministro de la República Popular de China, Wen Jiabao, los días 30 y 31 de enero, Amnistía Internacional ha pedido en una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que plantee asuntos concretos sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en China.

“Hemos pedido al presidente del Gobierno español que los derechos humanos se incorporen a la agenda de temas a tratar con el primer ministro chino, con especial énfasis en conseguir un compromiso para la liberación de activistas encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y para alcanzar una moratoria de la pena de muerte”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Este año, China va a publicar el primer Plan de Acción sobre Derechos Humanos de su historia. Según han afirmado las autoridades chinas, este informe tratará temas como la democracia, el Estado de Derecho o los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, entre otros asuntos. “Aplaudimos este anuncio ya que supone un reconocimiento de las autoridades chinas de abordar la protección de los derechos humanos en el país. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue recibiendo información de graves violaciones de derechos humanos que se cometen en China”, afirma Beltrán. “Si el Gobierno chino realmente quiere comprometerse con los derechos humanos, debe hacer realidad las promesas que ya hizo para que se le concediera la celebración de los Juegos Olímpicos y demostrar un respeto escrupuloso por los derechos internacionalmente reconocidos de sus ciudadanos”.

Principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre China
Activistas de derechos humanos.

Los defensores y defensoras de derechos humanos en China se ven sometidos a un acoso constante por parte de las autoridades chinas. En ocasiones se les acusa de “filtrar secretos de estado al exterior” o “subvertir el orden establecido”. Es el caso de Hu Jia, premio Sajarov 2008 del Parlamento europeo, que actualmente cumple condena de 3 años de cárcel por haber denunciado violaciones de derechos humanos en China. O los de Huang Jinqiu, que sigue en la cárcel por escribir en favor de un cambio democrático en China, caso acogido por el Grupo Local de Amnistía Internacional de Leganés actualmente; Ji Sizun, condenado a 3 años de prisión por haber pedido autorización para organizar una protesta durante las pasadas Olimpiadas de Pekín; o Yang Chunlin condenado a 5 años de cárcel y 2 años de privación de derechos políticos por intentar ayudar de forma pacífica a 40.000 campesinos de la provincia de Heilongjiang a los que las autoridades confiscaron sus tierras.

Detenciones sin juicio.

A pesar de que el propio Gobierno chino reconoce la necesidad de reformar tipos de detención administrativa sin juicio previo como la reeducación por el trabajo, estos arrestos se siguen empleando para recluir hasta 4 años a personas que la policía considera “indeseables”. La reeducación por el trabajo también es muy utilizada para silenciar a activistas de derechos humanos. Por ejemplo, Liu Jie fue condenada a 18 meses de reeducación por el trabajo por escribir al congreso del Partido Comunista chino pidiendo un cambio político. Se calcula que alrededor de 400.000 personas se encuentran actualmente recluidas en este tipo de centros de detención administrativa.

Pena de muerte.

China, con más de 470 ejecuciones documentadas en 2007 e informaciones recibidas de que podrían superar las 6.000, es el mayor verdugo del mundo año tras año. Se emplea la inyección letal o el disparo en la nuca para castigar más de 60 delitos, algunos de ellos no violentos, como delitos de fraude fiscal o los relacionados con drogas. España ha asumido un compromiso muy importante en relación a la abolición de la pena de muerte en el mundo apostando por una moratoria universal con vistas a la abolición. Ahora debe aprovechar la ocasión para solicitar a su homólogo chino medidas concretas para reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte y proporcionar estadísticas oficiales sobre las ejecuciones y condenas de muerte, como un primer paso para que China se sume a la moratoria mundial.

Libertad de expresión.

China continúa una dura campaña de represión contra personas que ejercen su libertad de expresión de manera pacífica. Es el caso de Liu Xiaobo, que está sometido actualmente a “vigilancia domiciliaria” por ser signatario de la Carta 08, petición firmada por numerosas personalidades del mundo académico y activistas de derechos humanos que propone un programa para una reforma jurídica y política en China. Además, las autoridades chinas siguen haciendo uso de la censura y han lanzado recientemente una campaña de limpieza de la Red de contenidos denominados “vulgares”, cerrando 91 sitios web en los primeros días de 2009. También ha sido censurado el sitio web de Amnistía Internacional, que había sido desbloqueado apenas unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Además, decenas de personas siguen en prisión por utilizar la red ejerciendo su libre derecho a la libertad de expresión, como el emblemático caso del ciberactivista Shi Tao, que sigue cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por enviar un e-mail con la nota oficial de las autoridades sobre cómo los periodistas debían informar sobre el aniversario de la masacre de Tiananmen.

Minorías étnicas.

La población de etnia Uighur, mayoritariamente musulmana y que reside en gran parte en la región autónoma de Xinjiang, sufre de manera constante una fuerte represión desde la década de los 80. Las autoridades chinas acusan a personas de esta etnia de “separatistas”, “terroristas” o “extremistas religiosos” por defender pacíficamente sus diferencias étnicas, culturales y religiosas. En el contexto de la llamada “guerra contra el terror”, China ha intensificado aún más sus acciones represivas contra la comunidad Uighur.