El Defensor del Pueblo confirma que estudiará la demolición de la ermita de La Mora, en Leganés

La asociación ‘Ciudadanos por el cambio’, de Leganés, ha informado de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, estudiará el caso de la demolición de la histórica ermita de la Finca de La Mora (del año 1.528) en el transcurso de unas obras que sólo autorizaban la rehabilitación de este complejo histórico.

Según una carta remitida por la oficina de Múgica a ‘Ciudadanos’ el pasado día 13, «se ha iniciado el estudio del asunto que ha sido sometido a nuestra consideración».

El colectivo quiere saber hasta qué punto el Ayuntamiento leganense es responsable de la demolición de la ermita, la bodega y otros elementos arquitectónicos del siglo XVI –y la construcción de un nuevo inmueble en la zona- por parte del propietario de la finca.

Los responsables de ‘Ciudadanos por el cambio’ consideran que «el Ayuntamiento y la concejalía de Urbanismo eran conocedores de este hecho y no hemos visto que tomen medidas» y, por ello, pide al Defensor del Pueblo que indague en el asunto para ver «por qué esta ermita no estaba en el patrimonio municipal como bien histórico» o «qué seguimiento y fiscalización de las obras otorgadas por la licencia de obras ha llevado a cabo el Ayuntamiento».

Y es que la asociación considera que la ermita estaba protegida por la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y por el artículo 163 del Plan General Ordenación Urbana de Leganés.

LUCHA INTERNA

Detrás de esta peculiar batalla se esconden las diferencias entre dos facciones de IU. Por un lado, la que encabezan el ex senador Eduardo Cuenca y el ex concejal Mariano Maroto, quienes fundaron la asociación para –oficialmente- denunciar las carencias del municipio y –extraoficialmente- para ‘presionar’ a sus adversarios en la coalición, el grupo que comanda el actual coordinador, Raúl Calle.

Precisamente, la denuncia sobre este hecho y la posterior acusación de Cuenca y Maroto (a través de ‘Ciudadanos’) sobre la presunta responsabilidad del Ayuntamiento y la delegación de Urbanismo en este caso llevó a Raúl Calle a anunciar una querella y al consejo político de IU a expedientar a ambos afiliados por atribuir a su responsable en el partido un presunto delito de esquilmación del patrimonio. El punto y seguido a esta lucha interna la puso Maroto la pasada semana, quien renunció a seguir en la coalición por no respetarse las ideas, según informó ELBUZON.ES