El concejal de Hacienda, Antonio García Blázquez, ha justificado esta iniciativa por el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con la Plataforma vecinal contra la Tasa de Basuras, que incluía descuentos del 40 por ciento en el tributo de años venideros a cambio del pago de los recibos pendientes de 2001 a 2004. Este convenio supuso la ampliación de seis meses para el pago voluntario de estos recibos.
Según el edil, "la mayoría de los contribuyentes han respondido" a excepción de "un grupo minoritario", al que ahora se le aplica la vía ejecutiva. "Estamos en una fase de ejecución como estipula la ley, independientemente de lo que dicten los tribunales", explicó el edil.
Críticas
La medida ha levantado ampollas en colectivos vecinales y partidos políticos. Así, el Partido Popular ha definido el proceso de embargo de "auténtico atropello", ya que -según su portavoz, Guadalupe Bragado- se produce en un momento en que "gran parte de los vecinos se encuentra fuera del municipio disfrutando de su periodo vacacional" y después de que varios centenares de contribuyentes acudiesen al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid para reclamar la extensión de la sentencia que anuló la tasa de 2001 a una veintena de vecinos.
De igual forma, el partido independiente Unión por Leganés (ULEG) ha manifestado que es "inadmisible" que el Ayuntamiento leganense embargue las cuentas vecinales cuando -según argumentó su presidente, Carlos Delgado- "las tasas de basuras de todos los años están recurridas ante los tribunales y, en el caso de la de 2001, los Tribunales la han declarado ilegal de manera categórica y sin capacidad de recurso".
Esta formación anunció que se pondrá en contacto con asociaciones y colectivos vecinales para programar una manifestación.