Save The Children considera la aprobación del anteproyecto de ley de protección frente a la violencia un gran avance en los derechos de la infancia

Save The Children considera la aprobación del anteproyecto de ley de protección frente a la violencia un gran avance en los derechos de la infancia

28 diciembre, 2018

Save The Children

Save the Children considera que la aprobación hoy en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supone un gran avance en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos merecedores de una especial protección. El anuncio de una estrategia integral para erradicar la violencia es muy positivo y la ONG espera además que vaya acompañada de la dotación presupuestaria necesaria. Save the Children insta además al Gobierno a que presente la ley en Cortes en febrero de 2019 y demanda al resto de los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que la tramiten con urgencia y antepongan el bienestar de  niños y niñas a diferencias políticas o intereses partidistas.

El enfoque integral y la pluralidad de medidas en todos los ámbitos de la vida de los menores es muy positivo. Por ejemplo, la ONG valora el refuerzo que hace la ley del deber de comunicación de cualquier ciudadano que presencie alguna forma de violencia contra un menor, con especial incidencia en los trabajadores de centros educativos y sanitarios en contacto directo con niños y niñas. La creación de un adjunto al Defensor del Pueblo especializado en violencia contra la infancia y adolescencia también es un paso importante como figura de referencia en la materia. Además, las medidas relativas a los ámbitos educativo, sanitario y deportivo, tienen en común la obligatoriedad de protocolos de prevención, detección e intervención frente a la violencia que resultan muy necesarios.

Aunque la ley es un avance muy positivo, Save the Children muestra su preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya anunciado como parte de la misma la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Es esencial que la administración de justicia cuente con jueces y fiscales especializados en la materia, y con juzgados específicos adaptados a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, como sucede en los casos de violencia de género. Las medidas penales pueden endurecerse, pero sin un sistema de justicia adaptado a la infancia, la mayoría de los casos no llegarán a juicio. (Hay que recordar que el 70% de los casos por abusos sexuales a menores se desestiman).

Es cierto que la ley recoge otras medidas judiciales orientadas a la protección de los menores durante los procedimientos, como la obligación de practicar la prueba preconstituida a los menores de 14 años víctimas de violencia. Esta medida supone un paso importante para evitar que el niño o niña tenga que revivir varias veces el trauma al repetir su testimonio, ya que garantiza que la víctima sólo tenga que declarar una única vez en dependencias judiciales. Pese a estar de acuerdo con esta medida y considerarla un elemento clave para prevenir la revictimización, lo idóneo hubiese sido que la medida se aplicase a todos los menores de 16 años. Por otro lado,  la formación general en materia de derechos de infancia y adolescencia en la carrera judicial y fiscal da respuesta a las carencias en esta materia identificadas en el sistema de justicia. Sin embargo, estas medidas no quedan reforzadas con la especialización de juzgados, jueces y fiscales.

En el anuncio tras el Consejo de Ministros, la ONG también ha echado en falta medidas concretas de protección para colectivos vulnerables como los niños y niñas víctimas de violencia de género o de trata.

Sobre el hecho de que la prescripción en los delitos relativos a tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de menores de edad, comenzará a contar desde que la víctima cumpla 30 años, aunque no son los 50 que planteaba Save the Children, la organización considera que, en la práctica, y combinada con el resto de medidas que se pongan en marcha, ayudará a que las víctimas de delitos como los abusos sexuales puedan conseguir justicia.

Save the Children quiere hacer hincapié en que la respuesta penal debe ser siempre la última de las respuestas, y no puede ser la única. Sin las medidas de prevención adecuadas y sin la adaptación del sistema de justicia, el endurecimiento de las penas por sí mismo no garantiza un avance en la lucha contra la violencia. La organización entiende que el endurecimiento del acceso a los permisos penitenciarios, el tercer grado o la libertad condicional de los condenados por los delitos cometidos contra menores de edad son medidas dirigidas a prevenir el peligro potencial que estos agresores pueden suponer para los niños y niñas. Sin embargo, sin una formación a los agresores dentro de las prisiones en materia de derechos de infancia o de reeducación sexual, parentalidad positiva o similar, la reintegración no será posible y el enfoque punitivo será el único presente en nuestro sistema.

Por último, las medidas relativas a los delitos por internet dan respuesta a una realidad que hasta ahora carecía de regulación específica y podía suponer una impunidad ante la comisión de ciertos delitos. Así, la inclusión de la incitación al suicidio, la autolesión, la comisión de delitos sexuales o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios, dan respuesta a situaciones de violencia que viven niños niñas y adolescentes en nuestro país. Sin embargo, sin una serie de medidas oprientadas a la creación de un espacio digital seguro o al buen uso de internet por parte de los menores, la tipificación de conductas como delitos solamente pone en marcha el enfoque punitivo, sin reflejar la necesidad de cambio social.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Deja un comentario