Leganenses

Exige que se depuren las responsabilidades derivadas de la corrupción en en Canal Isabel II

19/04/2017

EQUO pide que se depuren las responsabilidades políticas y las judiciales derivadas de la corrupción en el Canal de Isabel II. La asociación afirma que la opaca gestión de la sociedad anónima que se encarga de esta entidad favoreció la trama corrupta constituida por miembros del Partido Popular, encabezados por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo ello ha derivado en la detención del exdirigente del PP, el cuál pide recuperar el carácter público de la mayor empresa de la Comunidad de Madrid para garantizar una mayor transparencia y fiscalización de su gestión.

En esta operación realizada por la UCO, junto a Ignacio González, acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, prevaricación, cohecho, fraude a la administración, blanqueo de capitales y financiación irregular, han sido detenidas al menos otras 12 personas, relacionadas con el posible desvío irregular de fondos.

Equo Madrid, a través de su coportavoz y diputado en el grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, denunció el pasado año las irregularidades en el Canal de Isabel II, a raíz de su gestión por la sociedad anónima, Canal Gestión, durante la comparecencia de su presidente Ángel Garrido, en el parlamento regional. “Está cada vez más claro que ha habido una trama corrupta constituida por personas del PP que se han visto favorecidas por la opacidad de la sociedad anónima desde su creación. Canal Gestión, amparada en su condición de sociedad anónima, ha venido funcionando como una caja negra  o una isla de impunidad, ajena al control parlamentario, a la fiscalización de la cámara de cuentas y a la rendición de cuentas a los ciudadanos”, declaró ya entonces Sánchez.

 La formación verde defiende el carácter público de esta entidad y ha apoyado las reivindicaciones de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, que propone un modelo de gestión  basado en la asunción del derecho humano al agua y el saneamiento y en garantizar su carácter público, no mercantil y sin ánimo de lucro, transparente, participativo, con rendición de cuentas y con fácil acceso a la información. Un modelo sostenible social, económica y medioambientalmente y respetuoso con las competencias de los Ayuntamientos.