Pirueta jurídica en Leganés: el PSOE avala al PP para ‘salvar’ a sus 12 cargos municipales

Pirueta jurídica en el Ayuntamiento madrileño de Leganés (187.000 habitantes). El Consistorio, gobernado por el PSOE con apoyo de IU, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia que anulaba los nombramientos de varios altos cargos del anterior equipo municipal, del PP, para intentar ‘salvar’ así los nombramientos de una docena de altos cargos del actual Gobierno local, la mayoría de ellos militantes del PSOE e IU. La ecuación es sencilla.

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Como un juez ha anulado los nombramientos del PP, el PSOE recurre la sentencia porque también eligió a sus propios directivos con el mismo sistema que la justicia ha dicho que no es válido. El PSOE avalando las decisiones del PP.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Madrid anuló en febrero de este año los nombramientos hechos en la pasada legislatura (2011-2015) por el anterior alcalde del PP, Jesús Gómez (hoy diputado en la Asamblea de Madrid). Se trataba de tres directores generales y un gerente de personal, que fueron elegidos sin respetar los principios «de mérito, capacidad e idoneidad, previo procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia». Un partido de la oposición, ULEG, denunció entonces estos nombramientos. Las elecciones de mayo de 2015 cambiaron el color político del Ayuntamiento, que pasaba al control de los socialistas con el apoyo de IU.

El cargo de director general, reservado a funcionarios salvo justificada razón, está sujeto a los principios de mérito, capacidad, idoneidad y concurrencia

Los cargos elegidos por el PP fueron destituidos por el nuevo equipo socialista en junio de 2015. Y el actual alcalde, Santiago Llorente, empezó a nombrar a sus directores generales con el mismo sistema que el PP. «La sentencia es de máxima importancia ya que tiene un efecto directo respecto a los cargos nombrados por actual alcalde», explica Carlos Delgado, de ULEG. «Un director general no es un cargo a dedo. La sentencia es contundente, y avala íntegramente lo que ya informó la interventora del Ayuntamiento, que el acceso al cargo de director general, reservado a funcionarios salvo muy justificada razón, está sujeto a los principios de mérito, capacidad, idoneidad y pública concurrencia», como establece el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Ayuntamiento no lo ve así, por eso ha decidido recurrir la sentencia avalando lo que en su momento hizo el PP. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede ratificar al juzgado número 17 y anular los nombramientos del PP, colocando en un complicado limbo legal a sus directores generales nombrados por el PSOE e IU. «Si el TSJM ratifica, crea jurisprudencia. Los cargos del PP hace más de un año que ya no trabajan en el Consistorio, pero el PSOE ha elegido a los suyos con el mismo sistema, por lo que no están bien nombrados. «Los nombramientos se realizaron atendiendo las indicaciones de los habilitados nacionales del Ayuntamiento, por lo que hemos recurrido la sentencia al entender que se realizó correctamente», explica un portavoz municipal.

Sueldos de 51.800 euros anuales

ULEG asegura que las exigencias legales chocan con la realidad de los directores generales: «Ninguno es funcionario, no hubo ningún tipo de publicación ni convocatoria para presentarse al puesto, alguno no tiene siquiera la titulación, y la totalidad son personas cuyo único mérito es el tener el carné del PSOE o de IU». Se trata de Miguel Ángel Gutiérrez (director general de Deportes), Reinaldo López (Cultura), Fernando Rodríguez (Urbanismo), Francisco Javier Márquez (Medio Ambiente), Laura Oliva (Coordinación Jurídica), Ana María Masso (Patrimonio), Delia Rodríguez (Hacienda), Marta López (Servicios Sociales), Virginia Moreno (Nuevas Tecnologías), José Calvente (Recursos Humanos) y Óscar Oliveira (Seguridad Ciudadana).

Cuatro de ellos iban en la última lista del PSOE en las elecciones municipales y se quedaron fuera. Entre los directores hay también exconcejales y exdiputados autonómicos. Marta López fue elegida por IU. Todos cobran 51.800 euros brutos anuales. «Uno de ellos, Virginia Moreno, estuvo imputada y procesada penalmente por el caso Cuadrifolio y ya fue cesada en su día por el propio PSOE por irregularidades en su gestión», señala ULEG. Moreno fue finalmente absuelta.

El artículo 150 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento señala que los directores generales y los gerentes deben ser nombrados «de entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal». A todos se les debe exigir «el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente». En algunos casos, el director general puede no ser funcionario, pero «su nombramiento habrá de efectuarse de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia, requiriéndose el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente». ULEG insiste en que los 12 directores generales no tiene el currículum exigido ni fueron elegidos por el proceso correcto.

Declaración de bienes

En la web municipal no aparecen las biografías que muestren la formación y la trayectoria profesional de los directores generales. El reglamento sí indica en su artículo 31 que «todos los miembros de la Corporación, así como los titulares de los órganos superiores y directivos, formularán declaración escrita sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán también una declaración de sus bienes patrimoniales». El pasado 14 de julio el pleno municipal por fin aprobó hacer pública la declaración de bienes de los directores generales, pero no se podrá consultar en la web como sí se puede ver la del alcalde y los concejales.

«El pleno no aprobó que los directores generales debían publicar su declaración de bienes, se aprobó que deberían entregarla antes de un mes y así ha sido. Todos han entregado en el registro de Secretaría General del Ayuntamiento su declaración de bienes. Esta es pública y los ciudadanos que lo deseen pueden consultarla en el Consistorio. La ley no establece que los directores generales tengan obligación de publicarla en la web», señala el portavoz municipal.