El Gobierno continúa privatizando las prisiones

CCOO ha rechazado desde el inicio el proceso privatizador de los servicios de seguridad exterior de las instituciones penitenciarias. Considera que la privatización no responde al interés general de seguridad, sino que se hace “para transferir recursos del Estado a la cuenta de beneficios de las empresas privadas”

La Sección Sindical Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias denuncia la apuesta del Gobierno por privatizar las prisiones, que ha continuado con la contratación, a primeros de octubre, de empresas privadas para la seguridad exterior en los siete centros penitenciarios de Madrid. CCOO ha rechazado desde el inicio este proceso privatizador y seguirá movilizándose contra el mismo, porque, según el sindicato, la privatización no responde al interés general de seguridad, sino que se hace “para transferir recursos del Estado a la cuenta de beneficios de las empresas privadas”.

Para CCOO, la privatización de la seguridad externa no es un hecho aislado y se debe a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones. “Por esta razón, desde el Gobierno se están asfixiando los recursos humanos y materiales en las prisiones, sin una oferta de empleo suficiente, sin las inversiones necesarias y con instalaciones nuevas cerradas que se están deteriorando mientras son custodiadas por el propio lobby de la seguridad privada, muy vinculado en sus intereses con el Gobierno”. Por ello, el sindicato demanda una oferta de empleo extraordinaria para prisiones y más inversiones en recursos para hacer posible este servicio público.

Empresas como Eulen, Ombuds o Securitas ya vigilan 67 de las 70 prisiones que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De momento no han entrado en las tres prisiones del País Vasco ni en las de Cataluña, que tiene las competencias transferidas.

Además, el sindicato incide en que la seguridad privada es más cara que la pública, ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y denuncia que esas empresas accederán a datos especialmente sensibles para la seguridad pública, sin ningún control de su uso por parte del Estado.

Por último, CCOO reitera su absoluto rechazo a la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, puesto que “privatizar el cumplimiento de las penas supone mercantilizar la condena e implicaría alterar el mandato constitucional de reinserción social”.