Mensajes clave del informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”

7 abril, 2014

Adjunto os enviamos el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”, que Médicos del Mundo hace público hoy, en el marco del Día Mundial de la Salud.


 Como consecuencia del RDL 16/2012 se han incrementado las desigualdades en salud entre las CCAA

Las comunidades autónomas han desarrollado el Real Decreto-ley en su ámbito autonómico de manera desigual. Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria a personas inmigrantes en situación administrativa irregular que varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras.

Que las CCAA hayan tenido que desarrollar medidas que regulan el acceso a la atención sanitaria a través del sistema público de salud para colectivos excluidos por el RDL demuestra que ésta es una norma ineficaz y con graves vacíos de previsión, desde el punto de vista de gestión sanitaria.
Estas actuaciones emprendidas por las CCAA son heterogéneas, ocasionando por ello importantes disparidades y desigualdades en salud dentro del territorio del Estado.
Puede decirse que lo único que resulta constante y homogéneo en la aplicación autonómica de este Real Decreto-ley es la descoordinación y la desinformación.

 Las diversas medidas diseñadas por las CCAA sólo son parches que no llegan a resolver la quiebra del principio de Universalidad del Derecho Humano a la Salud
Las personas que cumplen los requisitos para acceder a los programas especiales creados en algunas CCAA, por lo general, encuentran importantes barreras administrativas que están limitando su efectividad: ausencia de información o información errónea sobre la existencia de estos programas; o sobre los criterios de acceso; o imposibilidad de aportar la documentación exigida; entre otros.
Por otra parte, Médicos del Mundo quiere recordar la escasa eficacia que tienen las excepciones “a la carta” para dar asistencia sanitaria a determinados supuestos. Dado que las personas que carecen de tarjeta sanitaria no tienen acceso a la Atención Primaria, resulta prácticamente imposible la detección de las enfermedades con riesgos para la Salud Pública o enfermedades mentales. Por lo general, son casos que sólo se detectan en estadios muy avanzados de esas enfermedades, cuando su tratamiento y recuperación resulta más difícil (cuando no imposible) y costoso.

 La prestación farmacéutica es regulada también de manera desigual entre las comunidades autónomas, limitándose por lo general a cubrir únicamente algunos supuestos.
En general, los programas o medidas especiales puestos en marcha por algunas comunidades autónomas no incorporan medidas significativas orientadas a reducir la barrera económica que limita el acceso a los tratamientos y que tiene especial repercusión en un contexto de crisis económica. Cabe recordar que las personas sin tarjeta sanitaria deben abonar el 100% del precio de la medicación que adquieren en farmacia ambulatoria.
Como excepciones podemos citar Asturias o Andalucía donde el procedimiento existente permite la prescripción y dispensación normalizada sujeta a una aportación del 40% de aportación; y Extremadura, donde las personas beneficiarias del programa complementario puesto en marcha por el gobierno regional están sujetas sólo a la aplicación de un 50% de copago por prestación farmacéutica.

 La urgencia de la reforma estructural del sistema sanitario se justificó por su insostenibilidad. Dos años después, la sociedad desconoce cuál es la evaluación del impacto.
La retirada de las tarjetas sanitarias se incluyó entre las medidas relacionadas con las recomendaciones específicas del Programa Nacional de Reformas creado, al parecer, para “aumentar la competitividad y sobre todo la flexibilidad de la economía española”.
Lo cierto es que en dicho Plan no se identifica cuál es la implicación de la medida en el presupuesto español, en términos de gasto ni tampoco de ingresos; ni se describe cuál es su impacto ni en el PIB ni en la generación de empleo de esta medida.
¿Cómo se ha realizado, entonces, el cálculo económico y el impacto económico positivo de esta medida?
¿Dónde está el informe que evaluó las consecuencias para las poblaciones más desfavorecidas al emprender una nueva definición de la figura de asegurado del sistema nacional de salud? Resulta difícil saberlo porque el Real Decreto-ley 16/2012 se aprobó sin que se haya dado a conocer públicamente a la sociedad el estudio de impacto y la memoria económica que lo acompañaba.

 Diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al Gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.
El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en mayo de 2012.
El Relator Especial de la ONU sobre racismo, tras su visita a España en enero de 2013,
El comisario de los Derechos Humanos de Consejo de Europa
El Comité Europeo de Derechos Sociales (enero de 2014)

 Baile de cifras sobre las tarjetas sanitarias retiradas

 El Gobierno informa a Bruselas en 2013 que fueron 873.000 tarjetas sanitarias de personas extranjeras “no residentes en España”;

 La ministra Ana Mato informa a la Comisión de Sanidad, en enero 2014, de que se ha dado de baja a 676.000 personas extranjeras que ya no constan como residentes en nuestro país;

 El Ministerio de Sanidad, en respuesta escrita a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas (enero, 2014), afirma que han sido 748.835 las tarjetas que se han dado de baja.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha informadode cuál es la base de cálculo de todas estas cifras; ni ha ofrecido un desglose de la información para conocer cuántas de esas tarjetas correspondían a ciudadanos y ciudadanas de algún estado miembro de la Unión Europea, ni cuántas correspondían a personas sin recursos procedentes de países tradicionalmente migratorios.

 Miles de personas enfermas sin atención médica ni farmacéutica
Como consecuencia de la crisis económica, miles de personas inmigrantes han visto como tras perder el empleo también se les niegan sus derechos sociales, entre ellos el acceso a la atención sanitaria. Muchas de estas personas que padecen enfermedades graves y crónicas han tenido que interrumpir su tratamiento por no contar con recursos económicos para hacer frente a ellos.
Médicos del Mundo ha tenido conocimiento de más de 1000 casos documentados de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde la entrada en vigor del RDL

 En su mayor parte, son personas en situación administrativa irregular a quienes se ha negado la tarjeta sanitaria y/o el acceso a alguno de los programas complementarios creados por las comunidades autónomas -incluidas personas solicitantes de asilo-.

 En un segundo lugar, se encuentran personas que sí están en situación regular y personas nacionalizadas españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar o renovar su tarjeta sanitaria.
Médicos del Mundo quiere llamar la atención sobre la recurrente negativa del INSS a reconocer como personas aseguradas o beneficiarias –las nuevas categorías de usuarios del sistema nacional de salud creadas a partir de la reforma sanitaria- a quienes han visto regularizada su situación administrativa después del 24 de abril de 2012, en una interpretación de la legislación que podría ser una extralimitación de sus competencias.
Además, Médicos del Mundo sigue registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se niega el acceso a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les reconoce, o se les factura la atención prestada.
Hoy en día, siguen sucediéndose los casos de personas a quienes se obliga a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas en los servicios de urgencias o que reciben una factura con posterioridad y se ven obligados a reclamar su anulación.

Cifras y datos

10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar Tarjeta Sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012
o 8 de ellas, en forma de “programa complementario” específico para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia);
o y 2 concediendo reconociendo el derecho a la atención sanitaria encondiciones iguales al resto de la población residente (Andalucía y Asturias).
Del resto de CCAA, 5 han definido algunos supuestos / excepciones no contemplados en el RDL (riesgo para la salud pública; enfermedades crónicas anteriores a septiembre de 2012, enfermedades mentales graves).

Recomendaciones

Médicos del Mundo considera que el Gobierno español debe poner en marchade manera prioritaria las medidas legislativas, políticas y presupuestarias necesarias para restituir el modelo sanitario acorde con el principio de Universalidad de la asistencia sanitaria; eliminando las figuras de asegurado y beneficiario.
Hasta que esta reparación tenga lugar, instamosal Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdada:
• Realizar y publicar un riguroso y exhaustivo análisis del impacto a corto y largo plazo de las medidas que excluyen del acceso a los servicios sanitarios no de urgencias a amplios colectivos de población residente en el estado español, incluyendo el análisis de las consecuencias en la salud y la vida de las personas más vulnerables.
• A corto plazo, diseñar y difundir adecuadamente procedimientos para garantizar el cumplimiento en todas las comunidades autónomas de los supuestos del Real Decreto-ley 16/2012 que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas en periodo de reflexión, y en los servicios de urgencias. Dichos procedimientos deberán asegurar que, en ningún caso, esas atenciones sean facturadas o sujetas a la firma de compromiso de pago por parte de las personas usuarias.
• Reconocer el derecho a la atención sanitaria a todas las personas inmigrantes que cumplen los requisitos para ser aseguradas o beneficiarias establecidos en el Real Decreto-ley 16/2012 independientemente de la fecha en que fue aprobado el permiso de residencia y los motivos; y orientar debidamente en este sentido al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
• Anular la Resolución de 10 de septiembre de 2013 que introduce la aplicación del copago de medicamentos hospitalarios y que, nuevamente, tiene un mayor impacto en las poblaciones más vulnerables (sin recursos, con enfermedades graves y crónicas, e inmigrantes en situación administrativa irregular a quienes se aplica el 100% del copago en la prestación farmacéutica ambulatoria).
• Adoptar las medidas necesarias para combatir la discriminación en el acceso a la salud independientemente del origen y situación administrativa de las personas.

Por su parte, y en la línea de avanzar medidas de contención al impacto del Real Decreto-ley 16/2012 y hasta que tenga lugar su derogación o reforma, las Consejerías de Sanidad deben:
• Poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria
• Garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas en todos los casos, independientemente de si pueden presentar alguna documentación identificativa o de si están empadronadas, y sin que les suponga coste alguno.
• Poner en marcha medidas de acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS), en aquellas comunidades autónomas que no las han dispuesto aún y en todos los casos, asegurarse de que se hacen efectivas, basadas en requisitos accesibles y asequibles.
• Divulgar ampliamente y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.
• Promover, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, la aprobación de recomendaciones para el Ministerio de Sanidad orientadas a reformar el Real Decreto-ley 16/2012 y restituir las condiciones para avanzar hacia la plena universalidad del Sistema Nacional de Salud.

Al personal sociosanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
Al conjunto de la ciudadanía la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-ley 16/2012 impulsadas por gran número de organizaciones sociales.

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