La extinción de la concesión de La Cubierta que quiere el alcalde de Leganés habría incurrido en graves vicios de legalidad, según informe del secretario del Gobierno

En un informe entregado al alcalde el día en el fue agredido el autor del mismo se dice textualmente que el Sr. Gómez Ruiz no tiene derecho a custodiar los expedientes, incluido el de La Cubierta. Tales expedientes, en otra maniobra extravagante, fueron retirados por un cargo de confianza del alcalde. Los expedientes llevan muchos días fuera de las unidades administrativas, sin garantía alguna de que no hayan sido alterados o se pierdan documentos

La acción emprendida por el alcalde de Leganés, fruto de su incapacidad e incompetencia para dar solución al conflicto con el concesionario y empresario de La Cubierta y que tuvo su último episodio en la esperpéntica actuación del alcalde el día de los no-encierros golpeando teatralmente la puerta del coso, puede quedar en agua de borrajas por el actuar irregular del alcalde, advertido expresamente por el funcionario habilitado nacional encargado de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno: Los expedientes vinculados a la concesión fueron retirados por una cargo de confianza, personal cuya labor se limita al asesoramiento, nunca a la custodia de documentos. Además, esos documentos están o han estado fuera de las unidades administrativas durante muchos días sin control por parte de los funcionarios, lo que no garantiza la integridad de lo que ahora hay, lo que tiñe de fuente de reclamaciones e impugnaciones lo que ha de ser la base para la actuación administrativa.

«Vamos hacia otro mayúsculo fiasco jurídico del alcalde, como la intentona ilegal de que Leganés se adhiriera a los convenios con el Canal de Isabel II, el despido de los interinos, el fichaje de la delegada de RRHH o la caza de brujas contra la cúpula de la Policía Municipal. En este caso se añade la particularidad de que faltan documentos originales y no hay ahora garantía de que no se hayan caído, perdido o amputado expedientes. El concesionario de La Cubierta se tiene que estar frotando las manos con esta nueva irregularidad fiscalizada por el propio titular de la oficina de apoyo al Gobierno quien textualmente afirma que, entre otras graves denuncias como que por culpa del gobierno no se elaboran las actas de las sesiones de la Junta o que en dos años con 192 sesiones de la Junta de Gobierno, únicamente 60 han sido ordinarias: «Entiendo que como Alcalde presidente tiene todo el derecho a conocer de los expedientes (…) no obstante no entiendo que le corresponda la custodia de expediente ni documento alguno (…). Este asunto tiene conexión íntima con la reciente petición a la unidades de procedencia de expedientes relativos a la plaza de Toros (…) Recordarles que bajo ningún concepto los expedientes ni documento alguno pueden salid de las oficinas salvo en los supuestos legalmente previstos. (Página 2 del informe).

Para análisis e interpretación de la opinión pública queda el que una hora y media después de registrar este trascendente informe y un día antes de que fuera a declarar en una comisión que se empeñó el alcalde en celebrar a pesar de la ausencia del principal protagonista, el funcionario firmante, autor de otras muy graves denuncias de irregularidades, ya puestas la semana pasada en conocimiento de la Fiscalía por la Oposición, fuera agredido brutalmente.
«Caso 18 garajes del alcalde».
Por otro lado, ULEG demandará al alcalde por difamación y denunciará en Comisaría lo dado a entender por el alcalde y que podría suponer que desde el gobierno se espía a los ordenadores de los grupos de la Oposición.
El alcalde, en su circense rueda de prensa y sin darse cuenta, se metió en un jardín y confesó, sin querer, que la información del diario Dleganes era veraz porque efectivamente en el registro de la Propiedad se recoge que es propietario de 18 garajes, 15 de ellos comprados junto con otros titulares, y que tal propiedad se ocultó en su declaración de bienes.
El alcalde quiso quitar hierro diciendo que esa propiedad era en porcentaje pequeño y que lo que aún aparece en el Registro de la Propiedad después de casi 20 años de la compra y no sabemos por qué como 15 garajes son en realidad trasteros de 4m2. «Las explicaciones del alcalde nos pueden parecer bien, mal o regular, pero lo que es inaceptable es que sin una sola prueba y en otro síntoma de la conspiranoia que le aqueja me acusen de la información de Dleganes, información que, en términos generales, además se ha demostrado correcta. Por esta irresponsable actuación, tan propia de él, tendrá que responder a una demanda por difamación y, como se está justificando su acusación en unos supuestos rastros en Internet, denunciaremos en Policía lo que parece dar a entender el alcalde: que se espían nuestros ordenadores”, afirmó el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, quien añadió, “al alcalde, para no volver a hacer su habitual y casi diario ridículo, le conviene para este asunto asesorarse por abogados de verdad y no por los mismos elegidos a dedo que hacen que pierda el ayuntamiento la mayoría de los juicios. Entre otras cosas para que le asesoren de que la información de un Registro de la Propiedad es pública, la puede obtener todo el mundo sin que se le criminalice y, que en el caso de un personaje público como él, es de interés general y un medio de comunicación tiene todo el derecho del mundo a hacerse eco de lo que se ha demostrado ser cierto y que así sigue reflejado en el Registro de la Propiedad: Que tiene 18 garajes, 15 de ellos compartida su propiedad con otros vecinos y que tal copropiedad no ha sido reflejada en su declaración de bienes. Gracias a la información de DLeganés, de lo que nos hemos enterado además es que de esos 18 garajes, 15 se transformaron en 113 trasteros, una operación de dudosa legalidad hasta el punto de que lo que ahora son trasteros, para el registro de la propiedad (y no sabemos si para los recibos del IBI) siguen siendo plazas de garaje”