Los ayuntamientos ya pueden aprovecharse de las personas desempleadas de la región

10 septiembre, 2013

La Comunidad de Madrid concede las subvenciones del Plan de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales en Colaboración Social para que los ayuntamientos utilicen a personas en desempleo de forma gratuita. CCOO de Madrid denuncia el auténtico pillaje que supone el Plan de Colaboración Social del Gobierno regional para los desempleados y desempleadas de la Comunidad de Madrid.


Las subvenciones que han sido concedidas por la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para la realización de obras y servicios del programa denominado “Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social”, dirigido a personas desempleadas que cobran prestaciones por desempleo, ratifica lo que en el mes de mayo denunciaba CCOO de Madrid.

La realidad ha demostrado que la realización de esta “colaboración social” a las que se ven obligados las personas desempleadas que cobran prestaciones va a consistir en realizar trabajos de la actividad cotidiana de los ayuntamientos, en jornada completa para cubrir puestos de la plantillas que deberían tener su contrato laboral correspondiente en la plantilla habitual de las entidades locales.

Además de ser de carácter obligatorio (si rechazan la oferta podrían perder su prestación), el plan supone una auténtica tomadura de pelo para los desempleados de la región ya que tendrán que pagar su sueldo con la prestación que se han ganado con sus propias cotizaciones y sin cotizar por el nuevo trabajo que realizan. Con este plan, el Gobierno regional ha creado una nueva modalidad de contrato: pagar para trabajar. Mientras, los ayuntamientos madrileños han encontrado en este plan su particular chollo y se beneficiarán de trabajadores cualificados con coste cero gracias a las subvenciones de la Comunidad.

Las obras o servicios subvencionados van desde el mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales y polideportivos, ajardinamiento y conservación zonas verdes, arreglo de calles y aceras, limpieza de espacios urbanos, ayuda a domicilio, atención a bibliotecas, digitalización de documentos, animación sociocultural, para lo que utilizarán a un importante número de personas.

La perversidad de este proceso empieza con su denominación, “recualificación profesional de desempleados” cuando en realidad piden profesionales especializados y cualificados. Incluso algunos ayuntamientos han solicitados más personas que desempleados tiene el municipio, así hasta las 3.594 personas desempleadas solicitadas.

Uno de los muchos ejemplos de la denuncia de CCOO, lo encontramos en Berzosa de Lozoya, que con 234 habitantes, tiene concedida una subvención para 5 desempleados: un psicólogo, un educador social, un terapeuta ocupacional, un monitor de tiempo libre y un peón de mantenimiento para una residencia de personas con discapacidad. Lo surrealista del caso es que este centro lo gestiona una fundación, por lo que durante los próximos seis meses tendrá de manera gratuita a seis trabajadores.

Esta “colaboración social” del Gobierno regional está registrando otros casos absolutamente surrealistas. Un ejemplo lo encontramos en la subvención concedida al Ayuntamiento de de Fresno de Torote, localidad de 2.041 habitantes que contará con 70 desempleados trabajando gratuitamente y de manera obligada.

El sinsentido del plan llega también a la formación que van a recibir. Con un máximo de 60 horas, insuficientes para un programa que pretende la cualificación de personas desempleadas y con un contenido que no guarda ningún tipo de relación con el puesto de trabajo o certificados de profesionalidad. Así, para un peón jardinero la formación será de inglés y Excel básico, y para un peón de albañilería internet y redes sociales, o alfabetización informática a peones de mantenimiento.

Ante esta situación, CCOO, junto con el recurso presentado, ya está estudiando cada caso y denunciará todos aquellos en los que se intente suplantar con “colaboración social” a trabajadores y trabajadoras despedidos.

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