El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la creación de la plaza del tercer escolta del alcalde del PP “por no ser conforme a derecho”

El alcalde del PP, Jesús Gómez, conocido por la ciudadanía como “el 4 sueldos” aumentó su seguridad personal de dos a tres agentes nada más llegar a la Alcaldía
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado una sentencia que anula “la creación de puesto de Agente Conductor de Alcaldía”, es decir, la del tercer escolta del alcalde del PP, Jesús Gómez, “por no ser conforme a derecho”.

Jesús Gómez, conocido entre la ciudadanía como ‘el cuatro sueldos’, tomó esta decisión ahora anulada por el TSJ, nada más alcanzar la Alcaldía, contraviniendo el discurso de falsa austeridad que mantiene a día de hoy, y causando otro nuevo dispendio a las arcas municipales para derrochar dinero público en lo relativo a su seguridad personal.

La sentencia entiende que la creación de esta nueva plaza por parte la Junta de Gobierno Local incurrió en la “inexistencia de negociación colectiva con los sindicatos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la vulneración del art. 54 de la Ley 30/92, que exige la necesaria motivación de los actos administrativos”.

Los fundamentos de derecho de esta sentencia recuerdan asimismo que “las Corporaciones Locales formularán su oferta de empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal con la correspondiente publicidad”.
La sentencia añade que “la vía que se pretende utilizar para la provisión del puesto de trabajo creado no es otra que la de la libre designación, la cual debe reputarse contraria a derecho”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y miembro de la ejecutiva PSM PSOE, Rafael Gómez Montoya, ha declarado que “no es la primera vez que la Justicia señala que el alcalde y diputado del PP, con aires de juez y de notario, ha permanecido al margen de los procedimientos legales, sobre todo en lo relativo a los empleados de la empresa municipal de comunicación, de los agentes de Policía o de algunos de los 38 empleados públicos despedidos el 28 de diciembre, que ahora debe readmitir por orden judicial”.