Nota de prensa extrabajadores/as de la Asociación Semilla

La Junta Directiva de la Asociación Semilla ha recibido numerosas
denuncias tras realizar un despido colectivo que vulnera los derechos
mínimos de las personas afectadas.

LA ASOCIACIÓN SEMILLA FAVORECE LA FRACTURA SOCIAL DE SUS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

La Junta Directiva de la Asociación Semilla ha recibido numerosas denuncias tras realizar un despido colectivo que vulnera los derechos mínimos de las personas afectadas.

El pasado mes de Febrero de 2013 se produjo un ERE que afectó a 17 trabajadores/as de la Asociación Semilla ( un 50% de la plantilla en ese momento) que se une a un goteo de despidos y finalizaciones de contrato durante el pasado año 2012, así como bajas voluntarias por no soportar los continuos retrasos en el cobro de las nóminas.

En total han abandonado la entidad más de 30 personas en los últimos dos años, incluido el anterior Equipo Gestor de la Asociación Semilla. Algunos proyectos han cerrado definitivamente y aquellos que se mantienen se han visto afectados de manera muy intensa de tal manera que los servicios se están realizando en unas condiciones muy precarias.

En dicho despido colectivo, en el que se ha vulnerado la legislación, las personas despedidas no han recibido el ingreso de las nóminas desde Diciembre de 2012 hasta Marzo de 2013 (incluida la paga extra de Navidad) ni los finiquitos, a lo que se suma una propuesta de pago de indemnizaciones de 20 días por año trabajado en cinco plazos a pagar hasta mayo de 2015. Tampoco ha cumplido con los plazos pactados de las indemnizaciones de extrabajadores que fueron despedidos durante el año 2012.

Entre los miembros más activos de la Junta Directiva de la Asociación Semilla, se encuentra Isabel Oriol. Esta persona es a su vez Presidenta Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ya protagonizó un escándalo en el mes de diciembre pasado por firmar un contrato entre la citada ONG y el grupo privado Capio (la misma que opta a la gestión de los hospitales que se pretenden privatizar en Madrid), que incluía el alquiler de siete mamógrafos de última generación por un montante de casi siete millones de euros durante cuatro años. La firma de este contrato no contaba con la aprobación de la Junta Provincial de Madrid de la AECC, pues lo consideraba una cifra abusiva e inflada y que repercutía negativamente en el resto de programas de la asociación con pacientes con cáncer. Isabel Oriol impuso finalmente su decisión que provocó la dimisión en bloque de toda la Junta Provincial de Madrid.