Ley de Transparencia en España: sin información no hay rendición de cuentas

¿Qué sucedió durante las cargas policiales de Atocha el 25-S? ¿Cuántas identificaciones realizan las fuerzas de seguridad y cuál es
su motivación? ¿Cuántos incidentes racistas, xenófobos o
discriminatorios se dan cada año? ¿Cuántas personas sin hogar hay?
Todos estos datos son cruciales para evaluar el respeto a los derechos
humanos en España, pero o no se recogen, o no son accesibles.
Amnistía Internacional pone en marcha una ciberacción para exigir que
la transparencia sea una realidad en www.actuaconamnistia.org

Madrid.- El pasado 9 de octubre, Amnistía Internacional envió una carta al Ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigiendo una investigación independiente sobre
las cargas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre, donde
la organización estima que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía, especialmente dentro de la estación de cercanías de Atocha. El resultado de
las investigaciones internas a agentes no se ha hecho público, ni se ha dado
explicación alguna sobre la forma en que se llevó a cabo. Amnistía Internacional sólo
recibió del Ministerio la respuesta de que “la policía había actuado de acuerdo a la
Ley”, y el asunto se archivó.

Este es un ejemplo, entre otros muchos, que ilustra las consecuencias de la falta de
transparencia.

“La falta de transparencia impide que las autoridades rindan cuentas en tiempo y
forma de sus acciones, y en muchos casos puede facilitar la impunidad y los abusos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La transparencia, obligación internacional Diversos mecanismos internacionales han venido pidiendo a España de manera reiterada que reúna y publique datos sobre discriminación, violencia sexual, o derechos económicos y sociales como la salud y la vivienda. Sin embargo, son escasos los avances en este aspecto.

En el caso de los incidentes racistas, xenófobos y discriminatorios, no se publica
información sobre el número de identificaciones realizadas en la vía pública por las
fuerzas de seguridad, o sobre su motivación. Tampoco se conoce el resultado de
esos controles ni las personas afectadas por los mismos, según nacionalidad, origen
étnico y racial. Sin estos datos, es imposible combatir el racismo y la discriminación ni garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Tampoco existe información sobre violencia sexual contra mujeres o niñas, más allá
de las estadísticas sobre violencia de género a manos de parejas y exparejas.
Conocer la magnitud y prevalencia de cada una de las formas de violencia de género
en España, así como su alcance y la respuesta judicial ante las denuncias, es un
paso necesario para acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia que
sufren las mujeres.

“Con la información pertinente en la mano, se podría incrementar la rendición de
cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos abusos, malos tratos y
torturas no quedarían impunes y se podrían diseñar e implementar políticas
adecuadas a la lucha contra la discriminación o la violencia sexual. Además, también
se facilitaría el control parlamentario y público”, ha declarado Beltrán.

¿Poner en marcha políticas… sin datos?

La evaluación permanente del impacto de las políticas, especialmente en un contexto
de crisis económica, constituye una obligación para las autoridades. Sin embargo,
una vigilancia efectiva es imposible si no se cuenta con los datos apropiados.
“Establecer políticas sin contar con los datos necesarios es irresponsable además de
ineficaz, y puede poner en peligro los derechos de las personas” ha añadido Beltrán.
Amnistía Internacional ha exigido un estudio de evaluación de impacto en derechos
humanos en colectivos vulnerables en el marco de la adopción del Real Decreto
Ley 16/2012, que limita el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas
migrantes en situación irregular mayores de edad, y no lo ha obtenido hasta la fecha.
Asimismo, con respecto al derecho a la vivienda, tampoco existe una definición
homogénea en el Estado sobre las personas sin hogar y por lo tanto tampoco se
cuentan con datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda,
desoyendo recomendaciones de organismos de Naciones Unidas.

Retrasos y ausencias en la Ley de Transparencia

Hace más de ocho meses que la Ley de Transparencia entró en el Congreso para ser
debatida. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo terminarán las ampliaciones de
plazo para que los grupos presenten sus enmiendas al texto, de las que ya se han
sucedido un total de 29.

“La Ley de Transparencia no acabará con la falta de rendición de cuentas de las
autoridades si no hay una voluntad ni una política activa de recogida de información y
de hacerla accesible al escrutinio público. De aprobarse con su contenido actual, la
ley será papel mojado” ha declarado Beltrán.

La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, entre las que se encuentra
Amnistía Internacional, señala al menos cinco puntos débiles del actual proyecto de
ley de transparencia:

– Al contrario que otros estándares internacionales, la ley de transparencia no
reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental, lo que puede traer varias consecuencias, especialmente a la
hora de aplicar esta norma en el complejo sistema autonómico español.

РLa ley de transparencia no incluye a todas las instituciones p̼blicas: deja
fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo y por lo tanto se
excluye mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como de
algunos organismos como el Tribunal de Cuentas.

– Esta ley excluye mucha información como la información auxiliar (notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de
órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir
el proceso de toma de decisiones.

РNo acaba con el silencio administrativo que en Espa̱a afecta al 50% de
las solicitudes de información, puesto que propone que si el organismo
consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud.

– El organismo de supervisión no es independiente: va a depender del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será juez y parte a
la hora de decidir sobre un conflicto.

Además, Amnistía Internacional quiere resaltar que las excepciones al acceso a la
información contenida en la Ley de Transparencia, que afectan a «seguridad nacional,
la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención,
investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios» no
pueden ir en detrimento de las obligaciones establecidas en otras normas. No puede
haber retrocesos en particular respecto a los avances y exigencias de transparencia e información pública sobre las exportaciones de material de defensa español
recogidas en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso.

A través de su centro de activismo, www.actuaconamnistia.org, la organización ha
puesto en marcha una ciberacción pidiendo a los grupos parlamentarios que se tenga
en cuenta esas debilidades para que la transparencia sea una realidad y se garantice
una política activa de recogida y publicación de información que abarque todos los
ámbitos.

/// FIN

Prensa – Amnistía Internacional Leganés