La Defensora del Pueblo dice que la Complutense, Leganés o Robledo de Chavela entorpecen su labor

2 marzo, 2013

La Universidad Complutense de Madrid y los Ayuntamientos de Leganés y de Robledo de Chavela, entre otras administraciones e instituciones madrileñas, “entorpecen” la labor del Defensor del Pueblo al no remitir las “obligadas” respuestas a sus requerimientos.


Así consta en el informe anual del Defensor del Pueblo, que recuerda que las administraciones están obligadas a contestar sobre la “información que precisa para sus investigaciones” y lamenta que en ocasiones “esta respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse”.

Las administraciones consideradas entorpecedoras son aquellas que han “dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo de manera sistemática”, recoge el informe de 2012.

En diciembre de 2012, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, puso en conocimiento del fiscal general del Estado la relación de administraciones que no le habían respondido, que a finales de año eran ocho en toda España, tres de ellas madrileñas.

Sí contestó finalmente a sus peticiones el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al que se le solicitaban diversos expedientes pendientes.

Pese a los esfuerzos, continúa el informe, no remitieron las obligadas contestaciones el Ayuntamiento de Leganés (por el retraso de un expediente de devolución de tasas) y la Universidad Complutense, con dos expedientes pendientes (una solicitud de plaza en un colegio mayor y problemas de acceso a una vivienda en la residencia de profesores).

Otras entidades que “han incumplido su deber de colaboración” con el Defensor, sigue explicando el informe, son la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad y el Ayuntamiento de Manzanares el Real.

Por su parte, la Dirección General de la Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad tuvo en 2012 “un gran retraso” en la contestación de numerosas peticiones del Defensor, retraso que “a finales de año comenzó a resolverse tras una reunión de técnicos del Defensor con los responsables de esta administración”.

Mención aparte merece, según el documento, el caso del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, “que no contesta a los requerimientos de información de distintas investigaciones de esta institución, en actitud claramente no colaboradora”.

“Todas las administraciones públicas españolas y sus agentes tienen el deber inexcusable de contestar a los requerimientos de esta institución; el interés de la información requerida responde a las peticiones de los ciudadanos”, sostiene el Defensor.

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