ULEG denuncia que la delegada de RRHH habría cobrado irregularmente 3000 € de sueldo

10 diciembre, 2012

El partido independiente revela que María Paz Pérez-Carrillo, la nueva miembro del pleno y de la junta de gobierno, que no ha pasado por las urnas ni por un proceso selectivo, podría haber percibido la nómina correspondiente al mes de noviembre sin estar su cargo ni el régimen retributivo del mismo aprobado por el órgano competente, a pesar de haberse señalado tal irregularidad en el propio pleno en el que se informó de su nombramiento.


ULEG, que pondrá este hecho en conocimiento de la Justicia por si fuera motivo de responsabilidades jurídicas, pide la inmediata dimisión o el cese de esta delegada por haberse “autoatribuido” y pagado un sueldo que no ha sido aprobado por el pleno, ni ha sido preceptivamente intervenido como marca la ley por si había crédito adecuado y suficiente, ni se sepa a qué partida presupuestaria se ha cargado tal pago.

El nombramiento de la nueva delegada de RRHH, que puede ser nulo de pleno derecho, fue comunicado por sorpresa en el pleno del 25 de octubre y ya levantó las sospechas de la interventora, quien por alertar de las irregularidades del mismo y comprometerse a elevar un informe al respecto fue cesada por el alcalde antes de poder elaborarlo

Unión por Leganés-ULEG (4 ediles en el ayuntamiento y principal partido en la Oposición del Ayuntamiento de Leganés) denuncia la irregular actuación que se podría haber llevado a cabo llevado a cabo en materia de personal por parte del ayuntamiento de Leganés al abonar más de 3000 euros de nómina de manera irregular. Desde el partido local se pide que se depuren responsabilidades y que estas sean asumidas por el alcalde y la delegada de RRHH, cargo no electo pero que es miembro de la junta de gobierno local y tiene voz en el pleno municipal. De hecho, el propio nombramiento de la delegada de RRHH puede ser nulo de pleno derecho ya que el mismo conlleva unos efectos económicos y una carga por las arcas municipales que no han sido supervisados y controlados por la Intervención quien anunció un informe que no consta haberse elaborado, principalmente porque el alcalde cesó a la interventora por alertar sobre ello y mostrar sus reparos jurídicos-económicos al no haber tenido ocasión de comprobar si había crédito adecuado y suficiente.

Asimismo, según establece el artículo 59 n) del Reglamento Orgánico Municipal, que es trascripción del propio artículo 123.1.n) de la Ley de Bases de Régimen Local, el pleno es el competente para: “establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales”. Un pleno que no se ha pronunciado al respecto de este especial miembro de la Junta de Gobierno.

Por lo tanto, habiendo sido nombrada miembro de la Junta de Gobierno Local, y habiéndose alertado de las irregularidades y de la falta de informe por parte del portavoz de ULEG y por la propia interventora en el pleno del 25 de octubre, el que se haya llegado a esta situación es a sabiendas de ello, por lo que no cabe otra conclusión que pensar que el alcalde y/o la propia delegada de RRHH, convertida en juez y parte en este asunto, han hecho caso omiso a la más mínima prudencia legal y habrían obligado a las arcas municipales a desembolsar una nómina que ronda los 3000 euros al mes, según los datos a los que ULEG ha tenido acceso. Todo ello, insisten desde el partido local, sin título habilitante para ese pago y a sabiendas de la irregularidad del mismo (no había informe de que existiera crédito adecuado y suficiente), puesto que ni en el pleno de constitución del ayuntamiento (que es el primero que se celebra al iniciar la legislatura), ni en los presupuestos municipales, ni en ninguna de las modificaciones habidas se refleja esta retribución asociada a este cargo de creación exnovo en esta legislatura.

Otra nueva chapuza del ayuntamiento.
Asimismo, desde el partido vecinal también se alerta de una nueva metedura de pata de este gobierno y que fue puesta de manifiesto a través de una pregunta en el último pleno ordinario, y es que el alcalde y su gobierno, al no comunicar oficialmente que estaba amortizada desde enero la plaza de segunda oficial mayor, ha obligado a que se convoque en el BOE la citada plaza, generando falsas expectativas entre los opositores y, mostrando, en todo caso, el caos y descontrol en el que está envuelto este ayuntamiento del PP.

¿Cuántas irregularidades, meteduras de patas, chapuzas…, requiere que se haga por parte de este alcalde para que se tomen medidas drásticas? Desde ULEG entendemos que los ceses que está llevando a cabo el alcalde no conducen a ningún sitio, porque quien debería cesarse a sí mismo es él.

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