El Ayto. de Madrid sigue sin proporcionar realojo adecuado a la niña Shakira y a las familias afectadas por los derribos de viviendas en Puerta de Hierro

18 octubre, 2012

Madrid.- Shakira G.N., con 7 años, sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid cumpla su compromiso de proporcionarle una vivienda adecuada. Para conseguirlo, Amnistía Internacional entrega hoy 75.000 firmas en el registro del Ayuntamiento recogidas a través de su centro de activismo on line: www.actuaconamnistia.org .


La menor, que padece cáncer, se vio expuesta a dormir en una furgoneta tras el desalojo y derribo de la vivienda de su abuela el pasado mes de julio. La familia se había refugiado allí tras el derribo de su hogar el 19 de enero de 2011.

Ante la notoriedad que adquirió el caso por la movilización de miles de personas, el Ayuntamiento de Madrid manifestó en agosto a los medios de comunicación que la niña dispondría de un alojamiento de emergencia y ofreció reiniciar la tramitación de todas las gestiones para lograr “un realojo definitivo” para toda la familia.

Sin embargo, la respuesta ofrecida por el SAMUR Social no reunía las condiciones adecuadas a sus circunstancias -lo que motivó que la familia se viera obligada a buscar una solución temporal por sus propios medios-, ni se han hecho las gestiones anunciadas públicamente para que Shakira, sus hermanos y sus padres sean realojados de forma duradera.

70 menores más y sus respectivas familias también afectadas

“El Ayuntamiento de Madrid además de no observar la legalidad internacional que prohibe los desalojos forzosos, insiste en desconocer la obligación de realojamiento para el grueso de la población residente en Puerta de Hierro, algo que contraviene lo que sus propias normas disponen”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Forma parte del poblado de Puerta de Hierro una población fluctuante de unos 70 niños y niñas. Un gran número de los cuales asiste a la escuela. Los desalojos amenazan con interrumpir su escolarización y distorsionar gravemente su educación.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en eludir toda obligación en materia de “realojos” hacia la familia de Shakira y otras familias afectadas, citando un “censo de población marginal”, cuya última actualización, según el propio Ayuntamiento, sería de 1990.

Con ello excluye a estos 70 menores, pese a que han nacido en el Poblado de Puerta de Hierro y están empadronados allí. Sus padres, aún contando con residencia largamente acreditada con el Padrón, a juicio de la administración, no cumplen el requisito para ser adjudicatarios de alojamiento por parte del Ayuntamiento. Así, en base a un “censo” desactualizado, estas familias se han quedado sin hogar.

Reunión con la alcaldesa

El 3 de septiembre, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, se reunió con Amnistía Internacional y expresó su compromiso de estudiar la situación expuesta por la organización. Hasta el momento no hay constancia de ninguna medida eficaz en la dirección correcta.

Por contra, en el marco de la Sesión del 18 de septiembre de la Comisión Permanente Ordinaria de Familia y Servicios Sociales, a la pregunta del Grupo municipal socialista interesándose por conocer cómo va a garantizar el Ayuntamiento de Madrid el derecho al adecuado realojamiento de la niña Shakira y su familia, la respuesta por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento fue negar este derecho.

Similar resultado ha obtenido la proposición en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 26 de septiembre -proposición 47, impulsada por el mismo grupo- en la que se instaba a las autoridades al realojo inmediato de la familia de Shakira y de los residentes empadronados en el poblado de Puerta de Hierro, de conformidad con las normas internacionales. Dicha proposición contó con el respaldo de todos los grupos municipales, menos los votos del partido en el gobierno del Ayuntamiento.

Nuevos derribos en ciernes

En este tiempo, las autoridades locales han continuado impulsando los procedimientos de entrada a domicilio con los que pretenden desalojar y llevar adelante los derribos de las edificaciones aún en pie. Con la llegada del invierno e iniciado el año académico, una vivienda y el espacio donde se realizan actividades escolares, que alojan a varias familias y menores, podrían ser objeto de derribo.

Además, tras los últimos acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid se han iniciado los trámites judiciales para la entrada de las autoridades en el “lugar destinado a culto” en el que familias con menores se han visto obligadas a pernoctar.

Violación de normas internacionales

“Al parecer las autoridades del Ayuntamiento de Madrid son renuentes a entender que se trata de derechos humanos reconocidos internacionalmente bajo normas que obligan a todas las administraciones del Estado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, asegura Esteban Beltrán.

Los desalojos forzosos -la expulsión contra su voluntad de personas, familias o comunidades de sus hogares y de la tierra que ocupan sin consulta ni acceso a protección jurídica ni de otro tipo- están prohibidos por el derecho internacional.

Amnistía Internacional pide a las autoridades del Ayuntamiento de Madrid que detengan de inmediato todos los desalojos forzosos.

Puesto que los desalojos pueden tener un efecto devastador en la vida de las personas, éstos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso. Las autoridades deben garantizar que son aplicadas salvaguardas adecuadas, conforme al derecho internacional.

Estas garantías comprenden la obligación de consultar con antelación a las personas que van a ser desalojadas para encontrar todas las alternativas posibles. Las personas deben recibir aviso previo, recursos legales e indemnización por las pérdidas. Los gobiernos también deben asegurarse de que ninguna persona queda sin hogar o expuesta a abusos contra los derechos humanos a causa de un desalojo. Asimismo, ha de ofrecerse una vivienda alternativa a quienes no puedan conseguirla por sus propios medios.

Actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en El Gallinero y Cañada Real

Tras los acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, citados anteriormente, también se han iniciado los trámites judiciales de entrada en construcciones en las que residen personas de etnia gitana y origen rumano en el asentamiento de El Gallinero.

El pasado martes 9 de octubre a las 7:30h se produjo -cuando los niños y las niñas salían rumbo a la escuela- un operativo por parte del Ayuntamiento de Madrid durante el cual se procedió con ayuda de la fuerza pública a demoler construcciones asegurando que eran viviendas vacías que no requerían órdenes judiciales.

Aunque las autoridades han declarado ante los medios de comunicación, tras los derribos, haberse basado en informes policiales y de la administración, esta actuación debe ser investigada para un esclarecimiento de los hechos.

Amnistía Internacional está recogiendo los testimonios de las personas afectadas por los derribos, que habrían incluido espacios habitados. En los derribos se incluyen dos construcciones destinadas al culto y actividades recreativas de la población que ahí reside.

La organización expresa su preocupación por la actuación de este operativo a cargo de funcionarios públicos, supuestamente instado por la Junta de Compensación de Valdecarros, sin mandato judicial ni procedimiento reconocible y recuerda que los desalojos son el último recurso. Amnistía Internacional insta a las autoridades a cumplir con las garantías que las normas internacionales establecen a fin de no incurrir en desalojos forzosos y abusos concurrentes.

En lo que concierne a Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid continúa impulsando los procedimientos de desalojos y derribos, condición que va en contra de las garantías exigidas internacionalmente, mas aún cuando se encuentra en curso un proceso en el que debe garantizarse la participación de las personas residentes y valorarse otras alternativas a los derribos.

Información adicional

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus Observaciones finales sobre España, de mayo de 2012, expresó su preocupación porque se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación.

Recomendó al Estado español implementar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a un desalojo, tomando en cuenta las disposiciones de la Observación General 7 del Comité, las recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada y los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre desalojos y desplazamiento.

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