Colombia: Las autoridades no castigan ni ponen fin a la violencia sexual contra la mujer

6 octubre, 2012

Las autoridades de Colombia no han hecho avances reales para que comparezcan
ante la justicia los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto,
afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el pasado jueves.


El informe, titulado Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de
violencia sexual cometidos en el conflicto, examina las medidas adoptadas por las
autoridades en el último año para garantizar que responden ante la justicia los
presuntos responsables penales de actos de violencia sexual cometidos en el largo
conflicto armado que afecta al país.

“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de
Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir
violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, declaró
Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

“El respeto a los derechos humanos debe ocupar el primer lugar del orden del día de
las próximas conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin un compromiso claro de todas las partes
del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los derechos
humanos no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”.

En el contexto del conflicto armado de Colombia, las mujeres son escogidas como
víctimas de violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a
huir de sus tierras, vengarse del enemigo, controlar los derechos sexuales y
reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas
sexuales.

Un número cada vez mayor de defensoras de derechos humanos que trabajan para
denunciar los abusos y combatirlos es, a su vez, objeto de amenazas y ataques.

La violencia sexual, sobre todo en el contexto del conflicto, no se suele denunciar a
las autoridades, pues las mujeres suelen sentirse demasiado atemorizadas para
hablar, temen la estigmatización que conlleva ser una sobreviviente de la violencia
sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente.

Los obstáculos para obtener justicia incluyen la ausencia de seguridad efectiva para
las sobrevivientes y para quienes intervienen en las actuaciones judiciales, la
discriminación y estigmatización de las sobrevivientes por las autoridades judiciales, y
la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos.

Las deficiencias burocráticas, la falta de fondos y la infiltración de grupos armados
ilegales en las instituciones estatales locales también obstruyen la capacidad del
sistema de justicia civil para hacer justicia.

“El problema en Colombia no reside principalmente en la ausencia de leyes,
resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en
gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país”,
añadió Pollack.

Varias autoridades de alto nivel —como el Vicepresidente Angelino Garzón y el Fiscal
General de la Nación— han expresado públicamente su compromiso con que se haga
justicia para las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto.

También se han presentado varias iniciativas legislativas durante el pasado año que,
de ser aplicadas efectivamente, podrían tener un impacto positivo en el derecho de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Este mismo año, los legisladores Iván Cepeda y Ángela María Robledo, con el apoyo
de Pilar Rueda, defensora delegada para los Derechos de la Mujer, la Niñez y la
Juventud del Defensor del Pueblo, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso
para combatir la impunidad en los casos de crímenes sexuales relacionados con el
conflicto.

De ser aprobada, esta ley, entre otras cosas, modificaría el Código Penal para reflejar
las normas internacionales y tipificar la violencia sexual relacionada con el conflicto
como delito específico en la legislación nacional.

Sin embargo, también hay varios proyectos legislativos que podrían debilitar las
medidas que se adopten para hacer que respondan ante la justicia los presuntos
responsables de crímenes de derecho internacional.

Uno de los proyectos de ley que debate actualmente el Congreso reforzará el papel
del sistema de justicia militar en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes
de derecho internacional en los que estén implicados miembros de las fuerzas de
seguridad. Aunque el proyecto establece que los delitos sexuales relacionados con el
conflicto quedan excluidos de la jurisdicción militar, confiere al sistema de justicia
militar un mayor control sobre la fase inicial y, por tanto, crucial, de la investigación.

Otra iniciativa legislativa, conocida como “marco legal para la paz”, fue aprobada por
el Congreso en junio de 2012 y promulgada por el Presidente Santos poco después.

La ley podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos,
incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, se beneficien de amnistías de
facto. Además, conferirá al Congreso la facultad de suspender el cumplimiento de las
penas de prisión impuestas a miembros de las partes en conflicto, incluidos los
miembros de las fuerzas de seguridad.

“El único modo de acabar con la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en
Colombia es garantizando que los presuntos responsables penales comparezcan
ante la justicia”, añadió Pollack.

“Si Colombia sigue sin poder hacer que los responsables de crímenes sexuales
relacionados con el conflicto respondan ante la justicia de sus actos, o no está
realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal
Internacional”.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Colombia que elaboren y
apliquen un plan de acción efectivo, integral e interdisciplinario para abordar la
violencia sexual contra la mujer y que apoyen el proyecto de ley “para garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión al conflicto armado” que actualmente debate el Congreso.

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