Leganés denuncia a un funcionario por estafar dos millones de euros

10 julio, 2012

El Ayuntamiento de Leganés, gobernado por el PP, ha presentado una querella criminal contra un funcionario de la Concejalía de Obras e Infraestructuras al que acusa de estafar dos millones de euros a las arcas municipales. En concreto, se le atribuye un presunto delito de malversación y otro de falsedad documental por modificar un contrato municipal. El Ayuntamiento de Leganés sospecha que alteró el documento público con el fin de favorecer a determinadas empresas, según fuentes de la investigación.


El funcionario ya fue expedientado y suspendido el pasado mes de noviembre con seis meses de empleo y sueldo. Al mismo tiempo el Ayuntamiento denunció el caso en los tribunales para que se investigara y depuraran responsabilidades. La semana pasada el Consistorio decidió personarse ya como parte en el proceso y presentó una querella criminal contra el técnico.

Los hechos ocurrieron durante la anterior legislatura cuando gobernaba el PSOE. En concreto hacen referencia a la contratación por un valor de más de 10 millones de euros de las obras de conservación y reforma de los pavimentos, alcantarillado, mobiliario urbano y señalización de Leganés. En la Junta de Gobierno Local se aprobó y se sacó a licitación el pliego. Sin embargo, el Ayuntamiento, con la llegada a la alcaldía de Jesús Gómez (PP), descubrió que el técnico y encargado de la ejecución del contrato usaba unos pliegos que no se correspondían con lo refrendado por el Consistorio.

Se hallaron diferencias en distintos apartados de las cláusulas contractuales que favorecían a la empresa adjudicataria, provocando que ésta no realizase determinados servicios o actuaciones mientras que el Ayuntamiento seguía pagando el precio estipulado en el contrato.

Fue la concejala de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento la que detectó divergencias notables entre el Pliego de Prescripciones Técnicas, aprobado por el Ayuntamiento, y el que utilizaba habitualmente en sus labores el responsable de dicho contrato como Director de Mantenimiento de la Vía Pública, el cual facilitó el documento que él venía usando.

Estos hechos fueron constatados por un fedatario público municipal que emitió un informe concluyendo que las «alteraciones variaban sustancialmente el contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas originalmente aprobado, desvirtuándose el contenido obligacional».

Un informe municipal ha valorado el perjuicio causado al erario público en casi dos millones de euros. Para llegar a esta cifra se evalúa la «diferencia entre el personal mínimo exigido en los pliegos y el personal de la empresa adjudicataria destinado a la ejecución del contrato», que alcanza la cantidad de 1.079.907 euros.

Luis F. Durán | Madrid

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